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Inmigración Infantil

El gobierno explica este lunes a un juez federal sus razones para separar y deportar familias indocumentadas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró en junio que una corte federal frenara las separaciones de familias y la semana pasada el mismo tribunal paró temporalmente las deportaciones hasta que el gobierno explique sus argumentos.
23 Jul 2018 – 11:17 AM EDT

Este lunes vence el plazo para que los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) respondan a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra del gobierno de Donald Trump. El recurso busca detener permanentemente la separación de familias migrantes en la frontera.

La semana pasada el juez federal Dana Sabraw, quien preside la Corte Federal de Distrito del Sur de California (San Diego), ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener temporalmente las deportaciones de familias migrantes reunificadas tras ser separadas en la frontera.

Previamente, el 26 de junio Sabraw ordenó al gobierno de Trump detener las separaciones de menores en la frontera y fijó un plazo de 14 días para reunificar a los menores de 5 años, y 30 días para devolver a sus padres a los mayores de 5 años.

El primer plazo fue incumplido por el DHS, evidenciando serios problemas en el manejo de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno en la frontera que ya han sido advertidos por la oposición demócrata, abogados, religiosos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

El segundo plazo, que vence este jueves, el gobierno debería entregar un reporte que explique si cumplió con la reunificación de los poco más de 2,551 menores de todas las edades separados y que fueron reconocidos por el DHS. De ellos, 103 corresponden a menores de 5 años.


Deportaciones suspendidas

El lunes de la semana pasada, Sabraw ordenó al DHS suspender temporalmente las deportaciones de familias migrantes reunificadas tras ser separadas en la frontera.

Si bien no existe una política de separaciones, en abril el gobierno de Trump comenzó a levantar cargos criminales a los migrantes que ingresaban al país indocumentados por zonas no autorizadas.

El DOJ explicó que mientras los padres enfrentaban el proceso criminal, sus hijos fueron entregados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) mientras continúan sus procesos migratorios.

Sabraw escribió en su dictamen de junio que “la desafortunada realidad es que, bajo el sistema actual, los niños migrantes no son valorados con la misma eficiencia y precisión que la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfacer los requisitos del debido proceso".

La ACLU celebró el fallo. "Esta es una gran victoria y significará que esta crisis humanitaria está llegando a su fin", dijo Lee Gelernt, abogado principal en el caso. “Esperamos que el gobierno de Trump no piense en apelar cuando están en juego las vidas de estos niños pequeños”.


Temores vigentes

Tras la orden de reunificación y el fallo que suspendió temporalmente las deportaciones de las familias reunificadas, la ACLU mencionó la semana pasada lo que definió como “rumores persistentes y crecientes... de que podrían efectuarse deportaciones masivas en forma inminente e inmediata en cuanto se realice la reunificación”.

El DOJ no hizo comentarios al respecto.

Ante este panorama ventilado en la corte, la ACLU pidió entonces al juez Sabraw que los progenitores y los menores tuvieran al menos una semana para decidir si pedirán asilo en Estados Unidos después que sean reunificados.

Si bien las deportaciones fueron suspendidas temporalmente, el juez no tomó una decisión final sobre el caso, hasta no escuchar los argumentos de los abogados del gobierno, que serán presentados este lunes dentro del contexto de la totalidad de la demanda presentada por ACLU en contra de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera y la separación de familias.

Además de exigir el freno a las separaciones y la suspensión de las deportaciones, la ACLU también ofrece ayuda para reunificar a las familias.

La segunda semana de julio el grupo de derechos civiles le pidió a la corte de Sabraw que el gobierno brinde razones detalladas por las cuales un padre no puede reunirse con su hijo, incluida información sobre condenas o cargos penales, denuncias de abuso o motivos por los cuales no se pudo verificar el parentesco.

Además, solicitó que el gobierno proporcione a la ACLU, así como a los abogados de inmigración de los padres, con al menos 24 horas de antelación la hora, el lugar y la ubicación de la reunificación, y que los abogados tengan acceso al sitio de reunificación.

ACLU también planteó que, si por alguna razón los padres se reúnen con sus hijos en centros de detención, se les otorgue a

“No podemos permitirle al gobierno que nos de excusas y que prolongue la separación y la reunificación”, dijo a Univision Noticias Lorella Praeli, directora de políticas de inmigración de ACLU. “Es por eso que hemos pedido al juez que todos los días el gobierno provea estos detalles para entender como cómo lo está haciendo”, indicó.


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