Inmigración Infantil

Abogados reiteran denuncia de violación al debido proceso de niños migrantes centroamericanos

Informe denuncia que "hasta el momento, la respuesta de la Administración Obama a la situación de los refugiados provenientes de A. Central ha sido pésima”. Piden cambios urgentes a política de asilo.
16 Jun 2016 – 12:28 PM EDT

Las redadas, arrestos y deportaciones de migrantes centroamericanos, principalmente menores, violan el debido proceso, reiteró la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) en un nuevo informe publicado el jueves.

"Hasta el momento, la respuesta de la Administración Obama a la situación de los refugiados provenientes de América Central ha sido pésima”, concluye el informe titulado “Due Process Denied: Central Americans Seeking Asylum and Legal Protection in the United States” (Debido Proceso Denegado: Centroamericanos Solicitantes de asilo y la protección legal en Estados Unidos).

El estudio incluye recomendaciones para que el gobierno lleve a cabo reformas al sistema que “garantizarían una justa y equitativa consideración para esta población vulnerable” de acuerdo con la ley vigente.

“Las autoridades de inmigración están deteniendo y colocando indebidamente en proceso de deportación acelerada a mujeres con sus niños, a niños no acompañados y familias enteras que huyen para escapar de una epidemia de violencia en sus países", dijo Víctor Nieblas, presidente de AILA.


La oleada no se detiene

La Patrulla Fronteriza anunció esta semana que durante el mes de abril arrestó a 5,219 niños migrantes indocumentados en la frontera con México, 995 detenciones más que las registradas en marzo, un incremento del 19%.

En lo que va del año fiscal 2016 (1 de octubre de 2015 al 30 de abril de 2016), el número de detenciones se elevó a 32,952. El año pasado, durante el mismo período, fueron detenidos 18,889, un incremento del 57.3%.

La mayoría de los menores arrestados son originarios del denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Nieblas dijo que las detenciones y deportaciones afectan tanto a menores no acompañados como mujeres con niños, adultos solteros y familias enteras que llegan al país en busca de refugio.

Doble riesgo

AILA dijo que el gobierno no debería colocar las vidas de los migrantes que buscar asilo “nuevamente en peligro” al regresarlos a sus países de origen, y que debería velar por el debido proceso “para asegurar que cada persona que viene a nuestro país en busca de protección la reciba”.

El informe se basó en el trabajo y que llevan a cabo voluntarios de AILA a través del Proyecto Pro Bono Artesia, en Nuevo México, y el Proyecto de Detención Familiar CARA en Texas.

La entidad recomendó al gobierno “que tome medidas urgentes” para “garantizar que el sistema de inmigración en realidad ofrezca una oportunidad significativa para los solicitantes de asilo” y les brinde protección adecuada.


Las recomendaciones

La lista de recomendaciones para “reparar el debido proceso” de los migrantes centroamericanos incluye:

  1. Procesamiento en la frontera: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe mejorar las condiciones de procesamiento en las estaciones fronterizas de EEUU para asegurar que los migrantes sean seleccionados de manera cuidadosa y humana, y se les de información sobre sus derechos y responsabilidades legales;
  2. Deportaciones aceleradas: El DHS debe suspender el uso de la remoción y reinstalación de expulsión acelerada, y volver a utilizar los tribunales de inmigración para juzgar estos casos;
  3. Detención familiar: El DHS debe poner fin a la detención de familias e invertir en alternativas más humanas y verificables;
  4. Acceso a un abogado: El Congreso debe garantizar un representante legal para cada migrante que huye y pide asilo en la frontera. En caso de no contar con recursos, deberían tomarse medidas para designarle uno;.
  5. Cortes de Inmigración: El Congreso y el Departamento de Justicia (DOJ) deben asegurar que el sistema judicial de inmigración cuente con presupuesto y la capacidad para juzgar casos de manera efectiva y proteger el debido proceso; y
  6. Sistema de asilo: Debe ser reformado para garantizar una adjudicación eficiente y coherente. Deben eliminarse reglas de procedimiento desleales que bloquean las solicitudes de asilo que tienen mérito y que ni siquiera son escuchadas.

Denuncias previas

A finales de mayo Univision Noticias reportó que el colapso del debido proceso a niños migrantes centroamericanos preocupa a organizaciones, grupos religiosos y congresistas demócratas, entre otros, y que miles de ellos han recibido una orden de deportación y no saben que pueden apelar el fallo, e incluso interponer un recurso en caso que sean detenidos durante una redada.

“Hemos detectado muchos problemas, errores que se están cometiendo y que violan el debido proceso de los niños migrantes no acompañados y sus madres”, dijo a Univision Noticias Johana De León, una activista de la organización texana RAICES que brinda ayuda y consejo legal a decenas de migrantes centroamericanos detenidos en las cárceles de ICE.


Entre las principales dificultades De León destacó:

  • A los migrantes que deben presentarse ante un juez no les llega la carta con la citación a tiempo;
  • Las direcciones postales en la base de datos de las cortes o de ICE son incorrectas;
  • No se entregan los citatorios;
  • Los migrantes no acuden a las citas porque desconocen, no saben que tienen que hacerlo;
  • Las autoridades no informan claramente a los migrantes que deben presentarse a la cita ante un juez de inmigración;
  • Los migrantes no tienen forma de contactar a un abogado de inmigración para que los ayude;
  • Los migrantes no tienen dinero para pagar un abogado si no consiguen a tiempo un representación legal probono.

Consecuencias dramáticas

De León enfatizó que “lamentablemente no presentarse a una cita en la Corte de Inmigración significa recibir una orden de deportación en ausencia”.

La Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración del Departamento de Justicia (EOIR) dijo a Univision Noticias que entre el 18 de julio de 2014 y el 26 de abril de este año completó 51,723 (47.8% de los 108,115 casos procesados) y emitió 31,994 órdenes de deportación a menores solos y acompañados (61.8% del total de casos completados).

Agregó que de los 51,723 casos finalizados 22,548 tuvieron representación legal (43.5%) y tiene pendientes de resolver 59,239 (52.2%).

“Más del 93% de los casos donde no hay una representación legal adecuada, los jueces de inmigración emiten una orden de deportación en ausencia”, dijo Víctor Nieblas.

“Lo grave en todo esto es que en muchos casos, cuando los migrantes reciben la orden de deportación, no saben que tienen 30 días para apelar la decisión. Nadie les informa de este derecho. Se trata de una violación al debido proceso”, dice De León.

Postura oficial

En marzo Jeh Johnson, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, reiteró que el DHS seguirá deteniendo a migrantes centroamericanos que entraron al país después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden final de deportación.

Este grupo de personas se encuentra en la lista de prioridades de deportación anunciada por el gobierno el 20 de noviembre de 2014, cuando Obama anunció la Acción Ejecutiva migratoria que está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia.

La mayoría de los niños migrantes que huyen hacia el norte sabe que para llegar a las puertas de Estados Unidos hay que cruzar primero el infierno que hay entre el Triángulo Norte, México y la frontera de Texas. Y en el trayecto muchos desaparecen sin dejar huella.

En marzo Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, California, dijo a Univision Univision Noticias que la violencia seguía siendo “la principal causa de migración hacia el norte, y citó que en El Salvador la tasa diaria de asesinatos ya alcanzaba “los 23 en una nación de 6 millones de habitantes. Y en Honduras la criminalidad cada día empeora”.

Kennedy anticipó la crisis en el 2013 pero las advertencias no fueron tenidas en cuenta por el gobierno federal estadounidense.

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