Una jueza federal de Miami, Florida, reabrió el caso de 10,000 millones de dólares que el presidente Donald Trump interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos ( IRS); con ello busca investigar las “graves acusaciones” de que el acuerdo se habría alcanzado bajo un engaño.
Jueza reabre demanda de Trump de 10,000 millones de dólares contra el IRS
Trump había demandado al IRS debido a la filtración de información tributaria de su familia y apenas la semana pasada había retirado la demanda, lo que permitió la creación de un fondo de compensación
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La decisión de la jueza Kathleen M. Williams de reabrir el caso da un revés al presidnete Donald Trump y al Departamento de Justicia, debido a que la oficina gubernamental había emitido dos acuerdos extraordinarios para resolver el caso mediante la creación de un fondo de 1,800 millones de dólares.
Trump había demandado al IRS debido a la filtración de información tributaria de su familia y apenas la semana pasada había retirado la demanda, lo que permitió la creación del fondo para compensar a quienes se pudieron haber sentido perseguidos por el Departamento de Justicia en la administración demócrata.
De acuerdo con The New York Times, el acuerdo otorgó lucrativos beneficios fiscales al presidente Donald Trump, a su familia y a sus empresas.
La decisión de la jueza Williams ocurrió tras la presentación, el miércoles 27 de mayo, de documentos judiciales por parte de un grupo bipartidista integrado por 35 exjueces federales.
En esos documentos, los exfuncionarios solicitaron la reapertura del caso y reclamaron un examen exhaustivo del acuerdo alcanzado para poner fin al litigio.
Según argumentaron, el pacto extrajudicial impulsado por Trump planteaba inquietudes sobre su “sinceridad hacia el tribunal” y sobre una presunta “manipulación” del sistema judicial.
Antes de cerrar el expediente, la jueza Kathleen M. Williams expresó sus dudas acerca de la existencia de un conflicto real, debido a que Donald Trump figuraba en ambos extremos del litigio, al promover acciones legales contra una agencia federal que, al mismo tiempo, se encuentra bajo su control.
Al archivar inicialmente el caso, destacó que no existía un acuerdo formal; sin embargo, poco después, el Departamento de Justicia hizo público el pacto que dio por terminada la demanda.
En una orden emitida el viernes, la jueza Williams confirmó su intención de indagar las circunstancias que rodearon los posibles esfuerzos del presidente Trump para resolver el caso de una manera que pudiera favorecerlo a él y a sus aliados políticos.
De prosperar esa investigación, podrían ser citados a declarar altos funcionarios del Departamento de Justicia que participaron en la negociación y firma de los acuerdos.
Entre ellos podrían comparecer Todd Blanche, fiscal general interino, y Stanley Woodward Jr., el tercer funcionario de mayor jerarquía dentro de la institución.
En su resolución, la jueza, designada por el demócrata Barack Obama, dijo que estaba “facultada para investigar faltas graves” en cualquier caso, y ordenó a la defensa del presidente Trump que le informaran antes del 12 de junio si la demanda debía reabrirse formalmente porque el “tribunal fue víctima de un fraude”.
Además, pidió que respondieran a la pregunta de si había “conspirado con su propio gobierno” para resolver el caso para evitar el “escrutinio judicial”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.
El fondo de 1,800 millones enfrenta obstáculos legales y políticos. Un juez federal en Virginia bloqueó temporalmente su creación y distribución de recursos, mientras que en el Capitolio algunos legisladores, incluidos republicanos, lo han cuestionado, complicando la aprobación de iniciativas de control migratorio.
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