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Criminalidad y Justicia

Piden retirar la inmunidad a Jimmy Morales: ¿se reedita una crisis política en Guatemala?

A pocos días del segundo aniversario de la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala está en un escenario que podría orillarlo a la misma situación. Una investigación lo señala como responsable de permitir que su partido recibiera financiamiento electoral sin registrar el origen de esos fondos.
26 Ago 2017 – 9:15 AM EDT

CIUDAD DE GUATEMALA. - La meteórica campaña electoral que llevó a Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala en 2015 ha tardado casi dos años en pasarle la factura. La contabilidad del mandatario ha sido lenta en más de un sentido.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusan a Morales de no reportar el origen de alrededor de 6.71 millones de quetzales (922,000 dólares) en financiamiento para su campaña como secretario general del Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación. También le señalan de otras irregularidades como presentar documentación inexacta meses después de finalizado el plazo.

Con el fin de investigar al mandatario, el Ministerio Público ha solicitado que le sea retirada la inmunidad, iniciando un proceso político que pone en manos del Congreso la decisión de continuar indagando al funcionario.

En 2015, una ruta similar llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina el 2 de septiembre luego de que el Congreso, donde su partido era mayoría, votara porque se le retirara el derecho a antejuicio. En aquella ocasión tras la revelación de un caso de contrabando y corrupción conocido como La Línea, el 16 de abril, en el que estaba incrada l a entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.


La historia de Morales está siguiendo los mismos pasos. La tensión entre el presidente, el Ministerio Público y la Cicig comenzó a crecer en enero de este año cuando el hijo del mandatario, José Manuel Morales, y su hermano, y socio comercial, Sammy Morales, fueron capturados por un caso de corrupción en el cual se les acusa de falsificar facturas para facilitar una adjudicación de productos para el Estado.

Los roces pronto crecieron. En abril de este año el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que le daba 30 días a tres partidos políticos, entre ellos FCN-Nación, para presentar documentación que respaldara su financiamiento a riesgo de ser cancelados. Pronto la fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que su institución tenía en marcha investigaciones al respecto. FCN-Nación eludió la cancelación al entregar información contable, pero esto no detuvo las indagaciones en marcha.

El pasado lunes, 21 de agosto, la crisis velada salió a luz. Comenzaron los rumores en círculos políticos sobre una posible solicitud de Morales del retiro del comisionado Velásquez en una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.


El martes por la noche, la fiscal general respaldó al comisionado en una publicación en sus redes sociales: “Si expulsan de Guatemala al señor comisionado de Cicig, Iván Velásquez, el único mecanismo que encuentro para protestar es renunciar al cargo”, afirmó.

Morales ante el espejo de Pérez Molina

Al igual que Pérez Molina, el equipo de comunicación de Morales ha caído en múltiples contradicciones. El pasado miércoles el vocero presidencial, Heinz Heimann, realizó una conferencia de prensa para aclarar el motivo de la reunión del presidente con el secretario general de la ONU. Sin embargo, no confirmó ni negó que el motivo fuera el retiro del comisionado. A su vez, calificó como “chantaje” el apoyo de la fiscal general a Velásquez. Mientras tanto, horas más tarde, el canciller, Carlos Raúl Morales, negaba enfáticamente que se realizara esta petición.

La misma confusión se dio dos días después, cuando durante la misma conferencia de Aldana y Velásquez para la presentación del caso, se cruzara información sobre la reunión de Morales en la ONU. Según la fiscal general, la solicitud de destitución no se presentó.

Para el ex vicepresidente, Eduardo Stein, en cualquier caso, estamos ante una crisis política aún en evolución, aunque aún no de la magnitud de hace dos años. Remarca que, a diferencia de 2015, cuando las investigaciones contra Pérez Molina involucraban corrupción, en esta ocasión se trata de financiamiento electoral ilícito y es muy difícil saber cómo reaccionará el Congreso.

Hace dos años, la presión ciudadana llevaba meses en las calles e incluso había llegado al Legislativo a pocos días de las elecciones.

El trámite de la solicitud de antejuicio contra el presidente requiere que la Corte Suprema de Justicia tramite su envío al Congreso, en donde se elegirá vía sorteo una comisión pesquisidora de cinco diputados, los cuales no tendrán un límite de tiempo para presentar un informe. Una vez presentado su recomendación, el legislativo votará para decidir si le retira la inmunidad, para lo cual necesita de dos terceras partes de los congresistas, un total de 105 votos.


La diputada Nineth Montenegro, integrante de la comisión pesquisidora que recomendó retirar la inmunidad a Pérez Molina en 2015, reconoce que hay muchas similitudes entre ambos casos en el ámbito político. “Si se pide la solicitud de antejuicio y éste se diera con lugar, ¿cómo podría un presidente sin inmunidad, e investigado, gobernar el país? Se le ha restado legitimidad, aunque no sea culpable, ocuparía su tiempo en su defensa. Esto debería convencerlo a él de la necesidad de separarse del cargo, y quien sabe si el vicepresidente no podría estar también involucrado”, señala la congresista.

El pasado jueves, Montenegro presentó ante el legislativo una propuesta para que los congresistas respaldaran la continuidad del comisionado Velásquez en el país. La iniciativa requería de 80 votos para su aprobación, pero no los obtuvo. Pese a esto, la diputada dijo que las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig ponen contra la pared a cualquier congresista que eventualmente se oponga a retirar la inmunidad al presidente, aunque también reconoce que “entre la clase política todo puede pasar”.

"El pecado original de la democracia en Guatemala"

El mismo jueves en que la diputada Montenegro probaba el apoyo del Congreso a la gestión de Velásquez, el comisionado presentaba otro caso de financiamiento electoral ilícito. Este contra los secretarios generales de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Orlando Blanco, y de Libertad Democrática Renovada, Lider, Roberto Villate en 2015. En ambos casos, diputados al Congreso de la República contra quiénes se solicitó retirarles.


Citando un estudio temático presentado por Cicig hace dos años, Velásquez señaló en esta oportunidad que el financiamiento electoral ilícito es “el pecado original de la democracia en Guatemala”. Esto porque desde el retorno a la democracia, según el estudio de Cicig, gradualmente se ha pervertido el financiamiento de los partidos políticos, los cuáles han estado históricamente carentes de controles. Dicho estudio señalaba que aproximadamente el 25% de los aportes a campañas proviene de élites empresariales y aportes individuales, un 50% de proveedores del Estado y contratistas y el restante 25% del crimen organizado.

Una fuente de alto nivel del TSE llama la atención también sobre este estudio, señalando que no es casualidad la cita de Velásquez. El informe mostraba un panorama, con estudios de caso puntuales, sobre cómo se financia la política en Guatemala y qué réditos buscan estos inversores: legislación favorable, concesiones de bienes públicos como frecuencias radioeléctricas, contratos de obra pública e impunidad en estructuras de crimen organizado como el narcotráfico, entre otras prebendas.

“No es coincidencia de que esto salga a la luz, en medio de los intentos de remoción del comisionado, hay que ver además en que consistió la información contable analizada, porque si se concluye el anonimato de las donaciones también puede identificarse otros delitos si se rastrea los fondos” apunta esta fuente.

Una presidencia en la picota

La única comunicación oficial de la Presidencia sobre la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoce que Morales solo pidió que CICIG “se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala”. Y se espera que el lunes el Presidente se dirija al país para aclarar la crisis.

De momento su destino depende de un Congreso en donde su partido cuenta con la mayoría, con 37 diputados, seguido por la UNE, con 32. El jefe de bancada de este partido, Orlando Blanco, también cuenta con una solicitud de antejuicio.

Cuestionada en conferencia de prensa por presuntas revelaciones del narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Marlon Monroy, alias 'El Fantasma', sobre su financiamiento a FCN, la fiscal general indicó que no descartan ninguna investigación, pero que no puede adelantar detalles.

Un negro panorama se ciñe alrededor de Jimmy Morales mientras para este sábado 26 de agosto se convoca a la primera manifestación en la Plaza Central, epicentro de las protestas contra Pérez Molina en 2015.

En fotos: El hermano y el hijo del presidente de Guatemala, detenidos por corrupción

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