Por qué los pobladores de los asentamientos informales deben decidir su propio futuro

KUALA LUMPUR, Malasia. — Tal como ha sucedido con ediciones pasadas de la conferencia global sobre ciudades, el noveno Foro Urbano Mundial siguió regresando a la difícil pregunta sobre qué se debe hacer con respecto a los asentamientos informales.

Se calcula que unos 900 millones de personas viven en este tipo de urbanizaciones, según indica ONU-Habitat, el organizador del evento, el cual terminó el 13 de febrero en la capital de Malasia. Según varios cálculos, 1 de cada 4 residentes de ciudades está en un área que carece de servicios básicos y la mayoría de toda la nueva vivienda en todo el mundo se construye de manera técnicamente ilegal.

A lo largo de las décadas, los gobiernos han probado una gama de estrategias, desde el desalojo directo y la demolición hasta reubicaciones masivas de personas a viviendas públicas. La última opción no ha funcionado particularmente bien dado que la mayoría de las veces se construye la nueva vivienda en tierra barata en la periferia urbana, lejos de los empleos. Se calcula que unos 5 millones de unidades de vivienda están vacantes o subocupadas a lo largo de Latinoamérica, dado que fueron abandonadas por las familias que fueron reubicadas allá.

La política alternativa más prominente ha sido dejar a los residentes en su lugar y tratar de ‘normalizar’ los asentamientos informales al darles a las personas el título legal de su propiedad para que así sean dueños de las casas que han construido. A veces las autoridades intervendrán mediante mejorías concentradas, tales como nuevas escuelas y bibliotecas, espacios públicos, instalaciones de agua y saneamiento, así como opciones expandidas de transporte. Los teleféricos de Medellín son un ejemplo bien evaluado de este enfoque.

Sin embargo, esta estrategia también tiene problemas. Específicamente, está la posibilidad de la gentrificación y la especulación de los bienes raíces. Algunos residentes realmente se niegan a aceptar el título de propiedad para sus casas y se oponen a las mejorías debido al temor de que aumenten los valores e impuestos, lo que finalmente los podrían obligar a abandonar sus comunidades.

Bajo estas circunstancias ha emergido una de las políticas nuevas más prometedoras en cuanto a la urbanización global: permitir que los residentes de los asentamientos informales controlen sus propios destinos mediante fideicomisos de tierras comunitarias (FTC). Esta herramienta —en que la tierra es propiedad comunitaria— efectivamente protege a las casas de la especulación de bienes raíces.

En EEUU hay más de 250 fideicomisos de tierras comunitarias. Normalmente una municipalidad y una organización sin fines de lucro (tal como una corporación de desarrollo comunitario) colaboran para comprar un terreno. Los residentes pueden alquilar o comprar las casas, las cuales pueden ser casas existentes o construcciones nuevas. Pero el costo de a tierra —el factor más grande en los mercados de tierra— se elimina del proceso. Uno de los primeros intentos de crear un FTC en un área informal es el Fideicomiso de Tierra Comunitaria Caño Martín, el cual se hizo con tierra que corre a lo largo del Canal Martín Peña en San Juan, Puerto Rico. Este proyecto estuvo parcialmente inspirado en la Dudley Street Neighborhood Initiative (Iniciativa del Vecindario de la Calle Dudley) en el barrio Roxbury de Boston.

Un FCT aborda la preocupación principal de los residentes en los asentamientos informales: la promesa de poder quedarse en las comunidades en donde han vivido durante años, dijo Theresa Williamson, fundadora de la organización sin fines de lucro Catalytic Communities. La legislación que permita la creación de los FCT les daría a los residentes de las favelas de Brasil un sentido de control a medida que esos asentamientos son integradas a la ciudad formal, dijo Williamson en un discurso que pronunció a finales del año pasado en el Lincoln Institute of Land Policy (esta organización está apoyando sus esfuerzos de determinar la viabilidad legal y política de los FCT en Brasil).

Una prueba para esta herramienta en América Latina será lo que suceda en la Villa 31, un icónico asentamiento informal en el centro de Buenos Aires. Esta ‘villa miseria’, como se les llama a estos barrios en Argentina, ha existido por unos 80 años y sus 40,000 residentes viven en 100 acres densamente poblados. Literalmente queda al otro lado de las vías de tren de los vecindarios más apetecidos del centro de Buenos Aires.

Respaldado por financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de la ciudad organizó una iniciativa de 320 millones de dólares para traer servicios y transformación a Villa 31: clínicas médicas, centros de vivienda y planes para una nueva escuela y oficinas del gobierno justo en el corazón del barrio.

Un centro de emprendimiento, construido en el mismo lugar donde narcotraficantes tenían una especie de banco que las autoridades incautaron y cerraron, pagó dividendos inmediatos, de acuerdo a Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la ciudad. Fernández se presentó en una sesión abarrotada de asistentes durante el Foro Urbano Mundial junto con Francisca Rojas, especialista en vivienda y en desarrollo urbano del BID. En ese lugar, por ejemplo, un comerciante aprendió a monitorear sus ventas con una hoja de cálculos, lo cual le permitió tener un día libre para hacer mandados durante los días con las menores ventas.

Con ese tipo de acupuntura urbana, son las cosas pequeñas —como aprender cómo administrar datos sobre las ventas y el inventario— las que pueden marcar una gran diferencia. El área tiene mucho que puede servir como base de desarrollo. Según investigaciones realizadas por Cynthia Goytia —profesora de Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires—, la actividad comercial en Villa 31 está a la par con la de los centros comerciales en la ciudad formal.

A lo largo de la comunidad, la ciudad ha remodelado parques infantiles que antes eran ocupados por traficantes, ha restaurado campos de fútbol, ha construido 1,200 casas nuevas y ha renovado 500 casas existentes. Sin embargo, generar confianza sigue siendo un reto grande y persisten los temores de la gentrificación. Un miedo es que si al barrio se le da tanta atención, sería sólo cuestión de tiempo antes de que se vuelva tan de moda como Puerto Madero, una zona costera industrial redesarrollada que queda un poco al sur. De hecho, algunas personas han rechazado la oferta de renovar sus casas. A algunas personas no les importaba vivir bajo la autopista, a pesar de la competencia internacional de diseño para transformar el viaducto en un parque. Los bosquejos iniciales tienen un parecido inquietante al parque elevado High Line, en Manhattan, zona donde los alquileres se han disparado.

Se está considerando un FCT para abordar estas preocupaciones, dijo Fernández, aunque las autoridades quieren enfatizar que los residentes serán dueños de sus casas. “Eso es culturalmente importante”, dijo.

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU exige crear ciudades inclusivas, seguras, resistentes y sostenibles. El derecho a la vivienda adecuada y asequible es un principio principal de la Nueva Agenda Urbana, y la implementación de ésta fue el foco de atención de la Declaración de Kuala Lumpur , que resultó del Foro Urbano Mundial N°9. Si se puede hacer más asequible a la vivienda en general, habría menos necesidad para los pobres de ocupar la tierra de la forma que puedan. “Ya sea formal o informal, tenemos que traer la dignidad a estas áreas”, dijo Claudio Acioly, jefe de la construcción de capacidad para ONU-Habitat.

Pero el trabajo no se realiza en un vacío. Los caprichos de los mercados de tierra permean todos los esfuerzos de mejorar las condiciones para los pobres en las ciudades de manera tan segura como las tormentas que empapan a Kuala Lumpur casi cada tarde.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.