Así llegó California a la actual crisis de vivienda (y estas son las posibles soluciones)

Las ciudades de todo el mundo, y principalmente EEUU, enfrentan a una grave escasez de viviendas y costos de vivienda inflados. Pero en ninguna parte la vivienda es un tema político tan potente como en California, cuya geografía única, políticas estatales y cultura activista se han combinado con un auge económico mal distribuido para crear una "tormenta perfecta", las palabras exactas elegidas por múltiples fuentes para esta historia.

California alberga a más de una quinta parte de las personas sin techo de EEUU, y las cifras continúan creciendo. El año pasado, la población de desamparados del condado de Los Ángeles aumentó en 13,000 personas, mientras que los condados de Sacramento y Alameda tuvieron aumentos de 1,000 individuos cada uno. Pero la crisis se extiende mucho más allá de los menos afortunados. La asombrosa cifra de un 54 % de los hogares de inquilinos y un 39% de los propietarios se consideran "agobiados por los costos", pues pagan más de un 30% de sus ingresos mensuales a la vivienda. Un informe reciente reveló que nueve de las diez áreas metropolitanas menos asequibles del país se encuentran en California.

"Es una situación desesperada en este momento", dijo Dowell Myers, profesor de planificación urbana de la Universidad del Sur de California. "Realmente tenemos que repensarlo todo".

Los activistas y los líderes cívicos de diversos perfiles están haciendo precisamente eso. Sus soluciones deben remediar una larga lista de factores históricos subyacentes a la crisis actual, muchos de los cuales están entrelazados de forma tal que la han exacerbado. Las políticas de vivienda que persiguen para el próximo año —incluyendo la liberalización de los controles locales de zonificación y las nuevas protecciones para los inquilinos— podrían ser precursoras de tendencias para el resto del país, donde el término ‘crisis de vivienda’ es cada vez más común.

Sin embargo, el hecho de que estas soluciones se pongan en marcha puede depender de la capacidad de una nueva generación de activistas conocedores de la tecnología para trabajar en conjunto con los antiguos defensores de la vivienda asequible contra las fuerzas que produjeron la crisis en primer lugar.

De no querer proyectos en el patio trasero, a buscarlos

La tendencia del NIMBYismo se originó en California y con buenas intenciones. NIMBY son las siglas de 'not in my backyard' o 'no en mi patio trasero', es decir, personas que se organizan para enfrentar proyectos o construcciones que no quieren en sus cercanías. Algunos de los primeros que dijeron ‘no en mi patio trasero’ fueron los pioneros del movimiento ecologista, que lucharon contra el desarrollo de tierras que ahora son parte del Área Nacional de Recreación Golden Gate.

Muchos opositores del nuevo desarrollo continuaron abogando por causas valiosas, pero otros comenzaron a utilizar las leyes estatales de protección ambiental para fines que tenían poco que ver con la protección del planeta. Los propietarios de viviendas políticamente poderosos usaron el amplio alcance del proceso de revisión ambiental del estado para quejarse por nuevas viviendas, alegando temas estéticos y de calidad de vida. Sin embargo, muchas veces estos eran pretextos para la exclusión basada en la raza y la clase. Este tipo de conflictos se están desarrollando: en un ejemplo reciente, los residentes del rico vecindario de Forest Hill en San Francisco se están organizando en contra de la construcción de un edificio de apartamentos para personas mayores de bajos ingresos por temor a "personas muy adictas a las drogas" y a enfermos mentales.

Estas ideas de oponerse a nuevos desarrollos lentamente se transformaron en leyes: regulaciones locales de zonificación que dificultaban la construcción de nuevas viviendas de mayor densidad, especialmente en los enclaves ricos y activistas a lo largo de la costa. Una enmienda constitucional estatal aprobada en la década de 1970 protegía a los propietarios de vivienda de los aumentos de impuestos a la propiedad en sus cada vez más valiosas (y escasas) viviendas, lo cual incentivó a las ciudades a generar ingresos a partir del comercio minorista y a desarrollar oficinas en lugar de viviendas. Esos vecindarios que se mantuvieron zonificadas para el desarrollo de viviendas más denso a menudo eran de minorías de bajos ingresos, como el distrito Mission de San Francisco y el centro de Los Ángeles, que posteriormente han experimentado gentrificación extrema.

Era solo cuestión de tiempo para que esta mentalidad egoísta engendrara su antítesis. Los grupos de vivienda asequible y justicia racial habían estado luchando durante mucho tiempo contra muchos de los efectos adversos del NIMBYismo, pero se requirió un grupo de activistas igualmente bien conectados para presentarles un desafío político importante a los propietarios de viviendas que se oponían a los desarrollos. A medida que los jóvenes supereducados se lanzaron al Área de la Bahía durante la era de la web 2.0, ellos se enfurecían porque sus generosos salarios no les alcanzaban para tener viviendas dignas. Vieron cómo se habían formado grupos de intereses especiales para bloquear sistemáticamente, o al menos reducir sustancialmente, tantos desarrollos nuevos como fuera posible. Si los NIMBY pudieron institucionalizar sus esfuerzos, también lo harían los YIMBY o ‘sí en mi patio trasero’.

Los grupos YIMBY se enfocan en aumentar rápidamente la producción de todo tipo de viviendas. La Federación de Inquilinos del Área de la Bahía de San Francisco (SFBARF, por sus siglas en inglés) fue uno de los primeros grupos de este tipo. Rápidamente llamaron la atención con tácticas estrafalarias que incluían letreros irónicos que decían ‘Detengamos las Viviendas Asequibles’ y otras declaraciones polémicas, como cuando la fundadora del grupo, Sonja Trauss, comparó la resistencia contra los trabajadores del sector tecnológico que viven en Mission con las políticas de vivienda racistas que se han dado históricamente en contra de los latinos.

Aun así, el mensaje en favor de la vivienda resonó con fuerza. Trauss apareció en la lista de líderes influyentes Politico 50 el año pasado, como el rostro del movimiento en ciernes y ahora es una seria candidata a supervisora de la ciudad de San Francisco. Antes, esta tema había sido algo casi exclusivo de los expertos, pero el espíritu burlesco de los YIMBY ayudó a darle visibilidad al problema de la oferta y la demanda de vivienda. "El problema es realmente simple", dijo Myers. "Si no se les dan viviendas a las personas ricas, le quitarán la vivienda a otra persona".

Una de las formas más efectivas en que los YIMBY abogan por más viviendas es mediante la invocación de la proporción entre empleos y vivienda. Una proporción saludable es aproximadamente dos nuevos empleos por cada nueva unidad de vivienda. Casi todas las áreas metropolitanas de California están muy por encima de ese punto óptimo, según un análisis de los datos del censo hecho por Apartment List. Entre 2010 y 2015, San Diego tuvo una proporción de 3.9 empleos por cada unidad de vivienda; la de Los Ángeles fue de 4.7; San Francisco de 6.8; y la del área metropolitana de Central Valley de Modesto fue de 11.4.

La industria tecnológica, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento masivo del empleo en los últimos años, especialmente en el norte de California, adoptó rápidamente el movimiento YIMBY. Jeremy Stoppelman, cofundador de Yelp, y Dustin Moskowitz, cofundador de Facebook, se han convertido en los principales patrocinadores financieros de la causa. El YIMBYismo es en muchos aspectos un complemento perfecto para el espíritu tecnológico; brinda una solución cuantitativa a una enfermedad social que todavía logra sentirse lúdica y subversiva.

Al igual que el movimiento ecologista y la revolución digital previa, el movimiento YIMBY comenzó en el Estado Dorado y se globalizó rápidamente: ahora hay grupos de este tipo en todo Estados Unidos, así como en Canadá y el Reino Unido. Sin embargo, la vanguardia del movimiento sigue concentrada en California, donde está destinada a convertirse en una importante fuerza política en 2018.

Una nueva agenda 'radical' de vivienda

Los YIMBY tienen al senador estatal Scott Wiener como su paladín, quien ha priorizado la vivienda desde que fue elegido para el senado estatal en 2016. Wiener jugó un papel decisivo en el histórico paquete de 15 proyectos de ley relacionados con la vivienda aprobados por la legislatura estatal el año pasado. Su contribución al paquete SB-35 agiliza el proceso para la construcción de viviendas consideradas sumamente necesarias por el estado.

Pero para Wiener, el paquete sobre la vivienda de 2017 simplemente no es suficiente. "Tuvimos un buen comienzo el año pasado, pero tenemos que aprovechar ese éxito para retomar el rumbo, porque tenemos una seria crisis en nuestras manos", dijo. En enero, respondió con un nuevo paquete de proyectos de ley de vivienda, incluyendo uno destinado a facilitar la construcción de viviendas para los trabajadores agrícolas y otro para mejorar la responsabilidad de la ciudad en la construcción de nuevas viviendas. En conjunto, estos proyectos de ley facilitarían y acelerarían la producción de nuevas viviendas en California, especialmente en áreas de alta demanda donde se han construido pocas viviendas en los últimos años.

El proyecto de ley más ambicioso del paquete, el SB-827 (copatrocinado por California YIMBY), esencialmente redefiniría los controles locales de zonificación en todo el estado. El proyecto de ley les prohíbe a las jurisdicciones locales imponer ciertos requisitos de zonificación que exigen estacionamientos y restringen la densidad cerca del transporte público y las paradas de autobuses de alta frecuencia. La idea es aumentar el parque de viviendas y reforzar los servicios de transporte público del estado, algunos de los cuales están perdiendo pasajeros rápidamente. "Existen estos activos invaluables, importantes inversiones en transporte público, pero muy pocas personas viven cerca de ellos, y queremos que más personas vivan en las cercanías", dijo Wiener.

Los nuevos límites de altura en estas áreas no serían inferiores a 45 pies en calles estrechas, y 85 pies en las calles más anchas. "Lo que se va a ver es cada vez más de estos edificios de apartamentos más pequeños, estas unidades de cuatro, seis, ocho apartamentos, a lo que el Washington Post recientemente se refirió como el 'punto medio faltante'", dijo Wiener.

Los partidarios del proyecto de ley señalan que muchos de los vecindarios que se verían afectados ya tienen edificios de estas densidades desde antes de que se implementaran reglas de zonificación más estrictas. Los Ángeles, por ejemplo, pasó de ser zonificada para una capacidad de población de 10 millones de personas en 1960, a una capacidad de población de 4.3 millones en 2010. Al permitir nuevamente viviendas multifamiliares en grandes extensiones de las áreas urbanizadas de California, la SB-827 podría aliviar las presiones de desarrollo en los vecindarios que actualmente son los más afectados por la construcción de viviendas nuevas, que a menudo son áreas menos poderosas políticamente.

"Necesitamos derribar estos muros exclusivos de zonificación en torno a estos vecindarios más ricos, que lucharon con éxito para alejar los desarrollos", dijo Victoria Fierce, organizadora del grupo YIMBY East Bay for Everyone. "La SB 827 apunta directamente a eso, y creo que es algo radical".

Cómo proteger a los inquilinos ahora

Según la propia admisión de Wiener, incluso si se aprobara la SB-827 (las audiencias podrían comenzar en marzo), tomaría años causar un impacto significativo en los precios de la vivienda. Mientras tanto, los activistas están más preocupados por abordar los impactos cotidianos de la crisis de la vivienda. Recientemente, ese trabajo ha incluido batallas para expandir las políticas de control de alquileres y otras protecciones de inquilinos.

La voluntad política para el control del alquiler parece estar aumentando, dijo Aimee Inglis, directora asociada de Tenants Together. Cinco ciudades de California —Santa Cruz, Inglewood, Glendale, Long Beach y Pasadena— tienen nuevas ordenanzas de control de alquileres que serán votadas en las próximas elecciones. Estas podrían sumarse a las 15 ciudades con ordenanzas existentes. Y Housing is a Human Right (La Vivienda es un Derecho Humano), un agrupación por la vivienda para personas de bajos ingresos, está recolectando firmas para revocar una ley estatal que impide que el control de alquileres se aplique a las unidades más nuevas.

La mayoría de los economistas consideran el control de alquileres una política altamente ineficaz, y existe una preocupación muy real de que ampliar su alcance pueda deprimir la construcción de viviendas. Pero también hay cada vez más reconocimiento de que esa política, o algo parecido a ella, es una protección necesaria en un mercado inmobiliario tan extremo. "A veces es lo único que puedes hacer, así que tienes que hacerlo, pero no es lo ideal", dijo Myers, profesor de la USC.

La necesidad de control de alquileres se ve agravada por la prevalencia de los desalojos, los cuales afectan desproporcionadamente a los inquilinos de bajos ingresos y de minorías. Una ley estatal que les permite a los propietarios desalojar a los inquilinos para que puedan convertir sus propiedades de alquiler en unidades para venta afectó a decenas de miles de inquilinos en Los Ángeles apenas entre 2001 y 2017. Recientemente se presentaron tres proyectos de ley en la legislatura estatal que dificultarían los desalojos.

A medida de que los YIMBY se convierten en una parte más importante de la conversación en torno a la vivienda en California, aumenta la tensión entre las agendas de los nuevos, y a menudo más privilegiados, activistas de vivienda y los que desde hace mucho tiempo se han enfocado en la vivienda para los más vulnerables.

"Creo que lo que ha cambiado ahora es que tenemos a Wiener y a muchos de los grupos YIMBY que se identifican como liberales, algunos de ellos incluso podrían identificarse como izquierdistas, pero en lugar de luchar contra el sector inmobiliario, están luchando en favor de una agenda de desarrollo muy neoliberal", dijo Erin McElroy, fundadora del Proyecto de Mapeo Anti-Desalojo. Damien Goodmon, director ejecutivo de Housing is a Human Right, llamó los YIMBY un "grupo ficticio" para el sector inmobiliario, y ha hecho críticas más extremas, como describ ir los impactos potenciales de la SB-827 como un "Sendero de Lágrimas del siglo XXI".

Buscando la voluntad política

Aunque sus objetivos generales son básicamente los mismos —más viviendas cercanas a los empleos y el transporte público, a precios más razonables— las dos facciones tienen algunos desacuerdos importantes. Los defensores de la vivienda asequible y los inquilinos, por ejemplo, suelen rechazar la noción de que las simples reglas de oferta y demanda arreglarán la crisis de la vivienda, porque un aumento en la oferta de vivienda no necesariamente significa un aumento en el tipo correcto de oferta. En todo el estado, hay un excedente de viviendas de alquiler para persona de altos ingresos, mientras que no hay suficientes viviendas para las demás categorías de ingresos. Y el problema es aún peor en ciudades caras como San Francisco.

En la imagen, las familias (households) y las viviendas asequibles disponibles. Entre ingresos

(Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California)

Quienes se oponen a la SB 827 dicen que, a pesar del inevitable aumento en la oferta de vivienda, la ley en realidad aumentaría las rentas y el valor de las viviendas en vecindarios de bajos ingresos y cercanos a los medios de transporte público al señalar que están abiertos para desarrollos de lujo. En respuesta a estas preocupaciones, Wiener lanzó una serie de enmiendas al proyecto de ley, que incluyen políticas que protegen a los residentes de viviendas con alquiler controlado y les ofrecen a los inquilinos de edificios demolidos la oportunidad de alquilar en edificios recién construidos al precio que pagaron anteriormente.

La mayor amenaza de la ley probablemente son los poderosos grupos de propietarios —los practicantes históricos del NIMBYismo— y sus aliados ecologistas de la vieja escuela. El Sierra Club de California fue uno de los primeros grupos políticos importantes en manifestarse en contra de la SB 827, alegando preocupaciones de que podría alimentar la oposición al transporte público (la organización también ha señalado que está abierta a apoyar una versión enmendada del proyecto de ley, diciendo en un comunicado que "este proyecto de ley tiene el objetivo correcto, pero el método es incorrecto"). Wiener, quien se describe a sí mismo como ecologista, dice que el proyecto de ley reduciría la huella de carbono del estado fomentando el desarrollo orientado al transporte público.

Para lograr una acción radical en materia de vivienda, los YIMBY y otros activistas de la vivienda probablemente tendrán que buscar la manera de colaborar contra los grupos de interés más establecidos del estado y movilizar a los propietarios y ecologistas que sí apoyan nuevas políticas ambiciosas en materia de vivienda.

Para los YIMBY esto podría significar un mensaje más inclusivo y un mayor reconocimiento de las injusticias históricas. "Soy una señora blanca con una organización sin fines de lucro", dijo Fierce. "No tengo ningún derecho a decirle a esta gente de color, 'confíen en mí en esto'". Los YIMBY han sido criticados por no abogar por cuestiones como el control de alquileres y el desalojo. Mostrar más solidaridad los podría ayudar mucho.

Por el contrario, los YIMBY podrían ser más receptivos a los derechos de los inquilinos y los activistas de viviendas asequibles si fueran más transparentes acerca de sus alianzas con grupos tradicionales contra los desarrollos y más abiertos a los desarrollos a las tasas del mercado como una forma de generar fondos para viviendas asequibles.

Mientras tanto, estos grupos aún no tienen el equivalente de un Scott Wiener o una SB 827, y no es por la falta de grandes ideas. Entre sus objetivos de política propuestos, expresados por Goodmon e Inglis, están una movilización masiva de fondos públicos para la construcción de viviendas asequibles; la implementación de fideicomisos de terrenos comunitarios, los cuales adquieren y retienen terrenos para el beneficio de la comunidad; y controles de renta mucho más estrictos y derechos de los inquilinos, similares a los que existen en muchos otros países.

El progreso puede estar muy cerca. Además de los efectos potencialmente transformadores a largo plazo del SB 827, los tres candidatos principales en las elecciones para gobernador de noviembre próximo han dicho que crearían aproximadamente 3.5 millones de nuevas unidades de vivienda para 2025, un aumento de varias veces la tasa actual de producción. Los observadores políticos han considerado que estos planes son poco realistas; de hecho, la única manera de hacerlos realidad implicaría el tipo de gasto público con el que los defensores de la vivienda han soñado durante mucho tiempo. La frustración acumulada por la falta de vivienda y la preocupación cada vez más generalizada de que los jóvenes californianos nunca podrán pagar los hogares de sus padres podrían fomentar la voluntad política de grandes cambios.

California, descrito por muchos de sus líderes como un ‘ estado de resistencia’, se está posicionando como modelo para políticas progresistas en temas como el medio ambiente, los salarios y la inmigración. Pero la actual crisis de vivienda del estado puede socavar su liderazgo en otras áreas. Si California quiere ser un bastión progresista, debe ser consecuente al respecto, dijo Goodmon: "necesitamos que todos estos llamados políticos progresistas que están ocupados hablando de cómo están en contra de las deportaciones y de Trump adopten el mismo enfoque cuando se trata del desalojo de las personas de sus hogares".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.