Asilo Político

Corte revisa acuerdo que permitirá a familias separadas en la frontera una segunda oportunidad de asilo

La mayoría de los afectados llegó a la frontera en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza. Pero ambos motivos el gobierno no los acepta y procede a rechazar los pedidos de protección.
14 Sep 2018 – 12:02 PM EDT

Una corte federal del sur de California, en San Diego, revisará un acuerdo alcanzado a principios de año entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el gobierno de Donald Trump para dar una segunda oportunidad a familias separadas en la frontera.

“Si el juez lo aprueba, permitirá a cientos de padres volver a solicitar el asilo en Estados Unidos después de haber sido rechazados anteriormente”, explicó la ACLU.

El acuerdo instruye específicamente que, si existen discrepancias entre la primera entrevista de miedo creíble (donde se establece una causa de asilo) del padre y la segunda revisión, “el gobierno debería considerar el estado psicológico en el que se encontraba el padre al momento de la entrevista”, dijo el grupo de derechos civiles.

Sobre todo, teniendo en cuenta que en algunos casos, durante la primera entrevista, el padre se encontraba afectado por la separación.


Antecedente de peso

Entre el 5 de mayo y el 9 de junio el gobierno separó más de 2,600 familias tras levantar cargos criminales a los padres por ingreso no autorizado a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que no existe una política específica que norme las separaciones, y que la medida se tomó como parte de la ‘tolerancia cero’ ordenada por el gobierno para detener la inmigración indocumentada.

La mayoría de las familias afectadas por las separaciones llegó a la frontera en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza. Pero ambos motivos el gobierno no los acepta y procede a rechazar los pedidos de protección y ha emitido órdenes de deportación final.


El acuerdo

El acuerdo alcanzado entre la ACLU y el Gobierno indica que a los padres que no pasaron la entrevista de miedo creíble, el primer paso en el proceso de asilo en la frontera, pero que todavía se encuentran en territorio estadounidense, se les concederá una segunda oportunidad.

La ACLU argumentó en su demanda que los padres afectados no podían responder razonablemente en las entrevistas de temor creíbles ya que sus hijos les fueron arrebatados por la fuerza.

La segunda oportunidad permitirá que el agente de asilo que entreviste por segunda vez al padre determine si tiene un temor creíble de persecución si regresan a su país de origen. En ese caso, será un juez de inmigración quien decida su futuro en Estados Unidos.


Qué pasa con los deportados

En cuanto a los padres que ya fueron deportados, la ACLU dice que el gobierno ha reiterado que ellos no son elegibles para el asilo. “Pero el acuerdo puede crear la posibilidad de que algunos progenitores deportados puedan regresar a Estados Unidos”, señala.

La autorización mencionada debe ser emitida por el juez Dana Sabraw, quien preside la corte del sur de California y quien el pasado 26 de junio ordenó al gobierno de Trump que en un plazo de 30 días debía reunificar a más de 2,600 familias separadas forzosamente en la frontera con México.

“Si bien el gobierno nunca podrá borrar el daño total de su política de separación familiar, y aún hay padres que necesitan ser ubicados, este acuerdo constituiría un paso importante hacia la restauración y protección de los derechos de asilo de los niños y sus padres en el futuro”, dijo la ACLU.

La Unión dijo además en su cuenta de Twitter que, “50 días han transcurrido. La administración de Trump TODAVÍA está evitando la responsabilidad por sus acciones”.

Más de 200 fallos

El jueves, durante el sexto plazo concedido por la corte tras el incumplimiento de las reunificaciones el 26 de junio, el gobierno de Trump reportó al tribunal que, de los más de 2,600 menores separados forzosamente en la frontera entre mayo y junio, 226 no serán reunificados con sus padres, porque la mayoría de éstos renunciaron a dicho derecho.

El DHS ha reiterado que más de 470 padres, después de enfrentar los procesos criminales tras la presentación de cargos por ingreso ilegal, firmaron documentos en los que renunciaron a sus derechos de reunificación y pidieron ser deportados solos.

Pero la ACLU alega que el gobierno los engañó al no explicarles las consecuencias de firmar esos documentos, no les advirtieron que sus hijos se quedarían en Estados Unidos mientras siguen sus casos de inmigración, y que los formularios estaban escritos en inglés, un idioma que no entienden.

Los documentos, entregados por los abogados del Departamento de Justicia (DOJ), revelan que de los 226 menores todavía en poder del gobierno, 55 no fueron separados de sus padres, 28 son de progenitores que se encuentran en Estados Unidos y renunciaron a su derecho de reunificación, 29 son de padres considerados por las autoridades no aptos para recibir al menor y 114 son de padres deportados.

De los 2,654 menores separados bajo la política de tolerancia cero, 2,217 ya fueron reunificados. Algunos fueron entregados a otros familiares o tutores porque sus padres fueron expulsados del país.

Los abogados de ACLU y del gobierno regresan este viernes a la corte en espera que el juez emita un fallo sobre el acuerdo que otorgaría una segunda oportunidad a padres que fallaron la primera entrevista de asilo y se encuentran en Estados Unidos.


Informe preocupante

La ACLU mencionó en su página digital un informe elaborado con la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago que denuncia negligencia y abuso a niños inmigrantes no acompañados detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera entre 2009 y 2014.

Tras la revisión de 30,000 páginas que describen el abuso de niños, el reporte revela que las agencias de supervisan al CBP no investigaron a fondo o corrigieron “el fragrante abuso y descuido de los niños migrantes”.

“Aunque existen leyes federales y políticas institucionales vinculantes, los inadecuados mecanismos de aplicación y supervisión dejaron a este vulnerable grupo sin protección y acceso a la justicia”, indica el informe.

Cabe destacar que el estudio abarca años bajo los gobiernos de Barack Obama. Pero los fallos, como la falta de acceso a la justicia o violaciones al debido proceso migratorio, se siguen denunciando bajo el gobierno de Trump.

Las carpas de Tornillo, el nuevo centro de detención para niños inmigrantes (fotos)

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