EEUU mata a otras seis personas a bordo de una lancha cerca de Venezuela, según Trump

El presidente Donald Trump informó este martes que fuerzas de EEUU mataron a otras seis personas a bordo de una lancha cerca de las costas de Venezuela, en un nuevo ataque contra embarcaciones en el Caribe de dudosa legalidad que Naciones Unidas ha calificado de ejecuciones extrajudiciales.

"Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) dedicada al narcotráfico (...) frente a las costas de Venezuela", escribió Trump en sus redes sociales.

El mandatario afirmó que "los servicios de inteligencia confirmaron que el barco transportaba narcóticos, estaba vinculado a redes ilícitas de narcoterroristas y transitaba por una ruta conocida de las organizaciones de tráfico de drogas, en aguas internacionales", sin dar mayor precisión sobre la ubicación.

Y añadió que "seis narcoterroristas que viajaban a bordo del barco murieron en el ataque".

Hasta la fecha, el gobierno de Trump no ha proporcionado ninguna evidencia que las múltiples lanchas hundidas transportaran droga, tuvieran por destino EEUU o que sus tripulantes fueran narcotraficantes.

Trump publicó el mensaje acompañado por un nuevo video grabado con naves militares de vigilancia, en el que se ve una embarcación pequeña que aparentemente está flotando estática, y que súbitamente estalla por la caída de un misil, y que termina envuelta en lo que parecen llamas.

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Con este incidente serían 27 las personas fallecidas en cinco ataques a 'narcolanchas', según los reportes del gobierno de Trump.

La administración inició hace casi dos meses un despliegue militar con ocho barcos destructores y anfibios, miles de soldados y marines, aeronaves espía de reconocimiento, un submarino de propulsión nuclear y 5 cazas bombarderos F-35, en una operación que, según la Casa Blanca, busca perseguir el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, y que se desarrolla muy cerca de las costas de Venezuela.

Esta campaña ha puesto muy nervioso al régimen de Nicolás Maduro, que ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que EEUU da pasos hacia una agresión contra Venezuela, y que en respuesta ha activado una serie de ejercicios militares durante las últimas semanas en sus costas y aguas territoriales en el Caribe.

Esto en el contexto en el que el gobierno de Trump no considera al líder venezolano Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, y ofrece una recompensa de $50 millones por él, al que señala como líder del Cartel de los Soles, una organización también designada como terrorista por la administración.

"Toda esta amenaza, y toda esta agresión (...) está basada en mentiras, en calumnias. El objetivo no es la búsqueda de la verdad ni muchísimo menos el combate al narcotráfico", sino "buscar una vía para justificar una agresión", afirmó este martes Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los aliados más cercano de Maduro.

Trump incluso asomó la posibilidad de que las llamadas operaciones 'antidrogas' tendrían que desarrollarse con ataques en tierra, abriendo así la puerta a una posible nueva fase del enfrentamiento con Venezuela.

¿Ejecuciones extrajudiciales o conflicto armado?

Las actuaciones militares contra estos barcos en el mar Caribe han levantado quejas entre congresistas demócratas y republicanos, que reclaman que el Ejecutivo debe informarles de estas operaciones, su justificación legal y las evidencias de inteligencia que determinan la veracidad del relato de la Casa Blanca.

En un memorándum dirigido al Congreso, al que tuvo acceso The Associated Press, la administración Trump afirmó que había "determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas" y que Trump ordenó al Pentágono "llevar a cabo operaciones contra ellas de conformidad con el derecho de los conflictos armados".

Sin embargo, los ataques ejecutados por EEUU han sido cuestionados por congresistas, exmilitares, especialistas en DDHH de la ONU y expertos legales.

La semana pasada, el Senado votó una resolución sobre los poderes bélicos que habría impedido al Gobierno de Trump llevar a cabo los ataques a menos que el Congreso los autorizara específicamente, pero no fue aprobada.

Este martes el senador demócrata por California Adam Schiff, quien la semana pasada impulsó la votación sobre la resolución relativa a Venezuela, afirmó en una publicación en X que la autoridad del presidente para responder a un ataque armado o a la amenaza de uno era limitada y no era aplicable.

"Estos continuos ataques —27 muertos hasta la fecha— corren el riesgo de llevar a Estados Unidos a una guerra en toda regla", afirmó Schiff.

El senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island, y que es un exoficial retirado del Ejército, graduado en West Point y en Leyes en Harvard, ya había criticado la campaña militar desdee hace varias semanas por no contar con autorización del Congreso.

"El Artículo II [de la Constitución] no es un cheque en blanco. El presidente es el Comandante en Jefe, pero el Congreso conserva la facultad exclusiva de declarar la guerra en virtud del artículo I, sección 8, de la Constitución", dijo Reed —miembro del Comité de Servicios Armados del Senado—hace un mes.

Mark P. Nevitt, un comandante del Cuerpo de Abogados de la Marina y profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Emory, coincide en que "los ataques lucen como ilegales bajo las leyes internacionales y domésticas", en un artículo escrito para Just Security.

El antiguo oficial naval considera que los ataques son una importante escalada en el enfoque de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las operaciones antidrogas.

"Tomando prestado el lenguaje de la "Guerra Global contra el Terror" posterior al 11-S, la administración Trump intenta convertir las misiones antinarcóticos en operaciones antiterroristas. Pero aplicar una nueva etiqueta a un viejo problema no transforma el problema en sí, ni otorga al presidente ni al ejército estadounidense una mayor autoridad legal para matar civiles", asegura Nevitt.

Los relatores especiales de la ONU para derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y promoción de la democracia, Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos, dijeron que "el derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes", en una declaración a mediados de septiembre, tras el primer ataque a una embarcación, que mató a 11 personas.

Con información de AP

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