Policía de México pagó 40 millones en equipos inexistentes, según investigación oficial

La fiscalía anticorrupción de México investiga pagos por casi 40 millones de dólares que la Policía Federal hizo en 2018 a más de una docena de compañías sin actividad comercial supuestamente para la compra de varios equipos de interceptación de comunicaciones que nunca fueron importados, según documentos inéditos de las investigaciones, obtenidos por Univision Investiga y el diario El País de España.

Los resultados parciales de la investigación se conocen dos meses después de que esta alianza periodística logró establecer que en los registros de dos de las empresas favorecidas figuraban una mucama y un carpintero. Ambos dijeron a Univision que jamás han sido dueños de ninguna empresa y que no se conocen entre sí.

La investigación oficial confirmó además lo que había adelantado la nota periodística: que los equipos no ingresaron al país, lo que explica que los fabricantes o proveedores que aparecían en las facturas de los vendedores en México, no recibieron los pagos correspondientes.

Los auditores encontraron que se habían entregado algunos equipos, pero no les quedó claro si eran los que se habían pedido en los contratos. Aún así, hicieron una cotización independiente y encontraron que la Policía había contratado por 25 millones de dólares equipos que no valían más de un millón.

De los 40 millones de dólares transferidos de la Policía Federal a las dos contratistas, los auditores hallaron que solo uno de los proveedores originales de Israel recibió apenas 250 mil dólares en pagos. En México, otras 18 compañías y dos personas recibieron el dinero, aunque no participaban en el negocio, de acuerdo con dos denuncias revisadas para este artículo.

Un mes después de la publicación periodística, la Auditoría Superior presentó dos denuncias penales por este caso. Los documentos ahora obtenidos por Univision y el País revelan el contenido de las indagatorias de los auditores, en las que se basaron esas denuncias.

Los auditores concluyeron que "los servidores públicos de la Policía Federal incumplieron con la normatividad para la realización de las adquisiciones [...] ya que no ejercieron dichos recursos (los fondos de la partida para equipamiento de seguridad nacional) con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".

La investigación menciona a varios funcionarios federales, quienes participaron en el trámite de los contratos. El jefe de todos ellos era Manelich Castilla, entonces comisionado de la Policía Federal, quien dijo en octubre a Univision y a El País que sus funciones eran más operativas que administrativas y que “las responsabilidades de su puesto radicaban en el área operativa y táctica” de la Policía.

Denuncias penales

En abril de 2017 se crearon en México las empresas Comercializadora Dizoal y Servicios Esrome. Los supuestos dueños de estas compañías eran José Brito y Alberta Manzano, un carpintero de 74 años y una mucama de 65, quienes viven en zonas pobres de la periferia de la Ciudad de México. Esas dos compañías, meses más tarde, firmaron contratos por 40 millones de dólares con la Policía Federal.

Los expedientes de los contratos, revisados para este artículo, muestran que los funcionarios de la Policía Federal parecían tener prisa. Llenaron formatos alegando que les urgían los sistemas y que, por tanto, debían adjudicar los contratos.

Los mismos expedientes muestran que Esrome y Dizoal presentaron cartas que los acreditaban como representantes para comercializar en México los equipos de Gita Technologies, Septier Communications y Cibergloves, tres proveedores en Israel de equipo y software para interceptar llamadas, comunicaciones satelitales y para monitorear redes sociales. Supuestamente, los sistemas servirían para perseguir a delincuentes comunes, traficantes de drogas, armas y dinero. Las empresas israelíes no respondieron mensajes de Univision Investiga y El País para esta investigación.

En 2019, la Auditoría Superior mexicana realizó una primera indagatoria por este caso y encontró que había algunas irregularidades. Hallaron que uno de los sistemas, por el que pagaron 25 millones de dólares, no costaba más de un millón. Además, no lograron ubicar en las carpetas de las compras alguna prueba de que los proveedores recibieron pagos por los equipos. En junio de 2019, los auditores comenzaron averiguaciones más detalladas.

Primero se dieron cuenta de que Dizoal y Esrome no tenía empleados, y que supuestamente habían subcontratado a personas de otra empresa para que instalaran los equipos para la Policía y capacitaran a los agentes policiacos en su uso. Cuando fueron a buscar al dueño de la empresa de personal, este negó rotundamente que hubiera tenido negocios con ellos, y aseguró que nunca les administró ningún servicio de nómina.

Luego, los auditores encontraron que el dinero que entró a las cuentas de Dizoal y Esrome como pagos de la Policía fue después transferido a varias empresas. Solo de una de ellas encontraron una factura, que decía que los pagos correspondían a "la solución vendida a Policía Federal", pero no se explicaba cuál era esa solución.

Como tercera irregularidad, los auditores determinaron que las empresas "tampoco acreditaron la legal introducción al país de los bienes enajenados a la Policía Federal", es decir, que no había prueba de que existieran los equipos que supuestamente se habían vendido.

Los investigadores pidieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al fisco que indagaran en sus bases de datos si las empresas tenían sus registros actualizados y si estaban al día en sus pagos de impuestos. Así encontraron que las empresas sí tenían un registro legal, pero no reportaron las transferencias millonarias de la Policía. Univision Investiga y El País obtuvieron los documentos de esas investigaciones, casi 400 páginas de pesquisas internas.

Transferencias millonarias

Las nuevas investigaciones muestran que además de las dos empresas que ya habían aparecido en el esquema, hubo otras dos que resultaron clave para mover y ocultar el rastro del dinero. Se trata de Odell y Soferxa, con domicilio en zonas pobres de la capital de México. Unos meses más tarde, comenzó la operación para sacar del erario los 40 millones de dólares.

En junio de 2018, Dizoal y la División Científica de la Policía Federal firmaron un contrato para adquirir “una solución integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales”, por 25 millones de dólares. Dizoal era, según el expediente del caso elaborado por los auditores, una representante comercial en México del proveedor israelí Cybergloves LTD.

El contrato abarcaba la venta de varios programas de cómputo, un servicio para monitorear, extraer información de los perfiles y analizar redes de vínculos entre cuentas de redes sociales. Los auditores encontraron que Dizoal recibió el pago del gobierno y lo transfirió a otras empresas, no a Cybergloves.

Los funcionarios hallaron también que la Policía había pagado con una inusitada velocidad, solo un día después de la firma del contrato. El dinero entró a la cuenta de Dizoal y de inmediato fue enviado a Odell y Soferxa. Ninguna de estas empresas que recibió el dinero lo declaró ante el fisco, según la investigación. El resto del dinero fue a parar en 13 compañías mexicanas que no tenían en apariencia ninguna relación con los contratos con la Policía.

Tres meses más tarde, comenzó la segunda fase del negocio. Las divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal firmaron dos contratos más, que sumaban 14 millones de dólares con Servicios Esrome, la empresa que supuestamente fundó la señora Alberta Manzano. Cuando Univision y El País la contactaron en septiembre, Manzano dijo que nunca había creado una empresa y afirmó enfáticamente: “suplantaron mi identidad”. La Policía compró a la supuesta empresa de Manzano dos sistemas que interceptan llamadas y comunicaciones satelitales.

Tres semanas antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018, la Policía pagó casi 14 millones de dólares a Esrome, la empresa que tenía registrada a Manzano como su dueña, a través de dos transferencias bancarias.

Igual que en el otro caso, Esrome recibió el dinero de la Policía y no lo depositó a su proveedor israelí. En lugar de eso, lo transfirió a Odell y Soferxa, las otras compañías donde terminó también la mayor parte del dinero de los contratos firmados en junio entre la Policía y Dizoal, la empresa que tenía como supuesto socio mayoritario al carpintero Brito.

Odell y Soferxa tenían su dirección fiscal en un apartamento de un edificio residencial en un barrio de clase media baja en Ciudad de México, donde los auditores encontraron que no había ninguna oficina, sino una casa de familia.

Equipos no importados

En septiembre pasado, la organización C4ADS, con sede en Washington y especializada en análisis e investigación de conflictos globales, encontró que ni Dizoal ni Esrome habían importado a México ningún equipo de algún proveedor israelí.

"Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieron importaciones en México en 2018, ni en ningún momento posterior", dijo en octubre a Univision y El País Henry Peyronnin, investigador de C4ADS.

Los auditores, en los documentos que sirvieron de base a las denuncias penales, confirmaron esta misma información.

Para esta alianza periodística, se buscaron en el Registro de Comercio las otras empresas que se mencionan en las auditorías, y que habrían recibido otra parte del dinero de la Policía. En Global Gessori, la compañía que recibió la mayor parte del dinero, un empleado dijo que el gerente se comunicaría con los periodistas, pero no lo hizo.

Gessori fue fundada en la Ciudad de México en 2013 y está registrada como proveedora del gobierno federal y los estados de Oaxaca, Puebla y de la Ciudad de México, según registros públicos. Antes de este negocio con la Policía, solo había tenido pequeños contratos que no sobrepasaban los 10 mil dólares.

De acuerdo con el informe de los auditores, las empresas que participaron en el esquema comparten el notario, la fecha de constitución, y tienen el mismo apoderado legal y delegado, Víctor Hugo Fuentes. Él también fungió como representante de las empresas ante la Policía en la firma de los contratos, y atendió a la visita de los auditores. Fuentes reconoció que las empresas recibieron las transferencias de la Policía, pero dijo que desconocía que se hubiera transferido después a otras cuentas y sociedades, incluso algunas en el extranjero.

Univision y El País no pudieron localizar a Fuentes en las direcciones oficiales de las compañías y no ha respondido mensajes.

El notario que registró a Odell y Soferxa fue Salvador Ximénez, el mismo que había registrado a Esrome y Dizoal. Contactado para esta investigación, dijo que sí se registraron las empresas en su notaría, pero él no cometió ninguna irregularidad y que había presentado una denuncia para que se investigara penalmente si su notaría fue utilizada de modo indebido. El notario fue suspendido por haber contribuido a la creación de varias empresas irregulares, no relacionadas con este caso.