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El plebiscito de Venezuela: una consulta popular para activar la lucha definitiva contra Maduro

Después de más de cien días consecutivos de protestas ciudadanas, la oposición ha convocado una votación para plantarle cara al presidente Maduro en un acto que podría representar un punto de inflexión en la crisis venezolana.
15 Jul 2017 – 5:14 PM EDT

CARACAS, Venezuela.- La oposición venezolana realiza este domingo un plebiscito que busca frenar la instalación de la Asamblea Constituyente impuesta por el presidente Nicolás Maduro y sentar las bases de un 'Gobierno de Unión Nacional'. La disidencia espera que el denominado 'Proceso Nacional de Decisión Soberana' se convierta en la mayor demostración de desobediencia civil en la historia del país, y marque un punto de inflexión en la “fase decisiva de la lucha por la democracia”.

No se trata de un evento electoral cualquiera. El jefe del Parlamento, Julio Borges, señaló que el resultado de esta consulta popular impulsará “el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la 'Hora Cero'” contra el régimen de Maduro, que desde comienzos de abril enfrenta una ola de protestas que ya ha arrojado más de 90 muertos.

"Si el domingo salen (a sufragar) 11 millones de venezolanos, el día lunes pasaremos a una etapa de más presión. La 'Hora Cero' depende de la contundencia de este 16 de julio. Las próximas horas son decisivas”, indicó el líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.


Todos los venezolanos podrán participar, incluidos aquellos que residen en el exterior. No necesitan estar inscritos en el Registro Electoral, conformado por 19.8 millones de ciudadanos. Solo deben ser mayores de 18 años y tener su cédula o pasaporte (vigente o no). Los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante esta iniciativa desplegaron 2,030 centros de votación en el territorio nacional, y otros 612 en 532 ciudades de 82 países.

Maduro tacha al plebiscito de “ilegal” y “golpista”. El ataque no se ha limitado al discurso: el Consejo Nacional Electoral decidió efectuar este mismo domingo un simulacro de las elecciones de los integrantes de la Constituyente del 30 de julio. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que solicitaría al Tribunal Supremo de Justicia detener la votación, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones prohibió a los medios usar la expresión “consulta popular” para referirse a esta jornada.

Ojos del mundo

Los rectores de las principales universidades del país se comprometieron a garantizar la transparencia y seriedad del plebiscito, que además contará con un equipo de observadores internacionales encabezado por los expresidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga Ramírez (Bolivia), y Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, ambos de Costa Rica.


La consulta popular ha concitado la atención del mundo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó que este proceso tiene como fin “detener el colapso definitivo de la institucionalidad del país”; al tiempo que la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos exhortó al régimen chavista a “respetar los deseos de quienes quieren participar en la consulta popular”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que “es urgente una concertación nacional entre gobierno y oposición con dos grandes objetivos: erradicar la violencia, los abusos, el fanatismo y preservar un camino constitucional concertado”. A juicio del diplomático portugués, “la salida es el acuerdo, con elecciones, respeto a los derechos fundamentales y respeto a los poderes constitucionales”.


A pesar de que la comunidad internacional apuesta por la negociación, la tensión política no ha dejado de aumentar desde que a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el oficialismo, dictó dos sentencias que en la práctica inhabilitaron al Parlamento de mayoría opositora. Esa decisión desató las protestas en las calles que ya llevan más de cien días consecutivos en las calles de las principales ciudades del país.

Los fallos judiciales provocaron también un quiebre dentro de las filas chavistas cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alertó sobre la “ruptura del orden constitucional” y acusó al Presidente de perpetrar un golpe de Estado. El esposo de Ortega Díaz y diputado del PSUV, Germán Ferrer, ha dicho que la pareja votará este domingo.

Echándole más leña al fuego del descontento social, Maduro convocó una Constituyente para reescribir la Carta Magna, “aniquilar” a la oposición, cerrar el Parlamento, remover a la jefa del Ministerio Público y, en definitiva, diseñar un Estado a su medida. “Ningún dictador es eterno. Maduro quiere instalar una Constituyente para quedarse en el poder para siempre. No lo vamos a permitir”, ha respondido el presidente de la Cámara, Julio Borges, convencido de que la consulta popular será clave para “la sustitución del régimen dictatorial” de Maduro.

Pero hasta el momento, las agresiones del oficialismo y sus instituciones han insuflado más ánimo a las huestes opositoras. La votación de este domingo, el “Proceso Nacional de Decisión Soberana”, es hasta la fecha la máxima expresión del desconocimiento del régimen, en el marco del llamado a la desobediencia civil lanzado por la disidencia contra lo que califica como una dictadura. “Si una inmensa mayoría se expresa como lo vaticinan las proyecciones, el lunes amanecerá otra Venezuela”, enfatizó Capriles Radonski.


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