El gobierno de Estados Unidos emplea a un personal considerable de 150 venezolanos y gasta más de 6.7 millones de dólares anuales en el mantenimiento su embajada y otras propiedades diplomáticas en Caracas, a pesar de haber roto relaciones con Nicolás Maduro en 2019.
Cuánto le cuesta a EEUU mantener sus sedes diplomáticas cerradas en Venezuela
El gobierno de Estados Unidos rompió relaciones con Nicolás Maduro en 2019.

Según un informe publicado el viernes por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, los funcionarios estadounidenses no han realizado el análisis coste-beneficio requerido para determinar si los contribuyentes debían seguir pagando la factura de la seguridad, las operaciones y el mantenimiento del complejo de 27 acres de la embajada y cinco residencias que ya no albergan a diplomáticos estadounidenses.
La administración Trump ha enfatizado los esfuerzos de reducción de costos en todo el gobierno y ha reformado la política exterior de Estados Unidos, lo que con Venezuela ha incluido el lanzamiento de un ataque militar contra un barco que presuntamente transportaba drogas y que había zarpado desde el país sudamericano, aumentando las tensiones con Caracas.
Las sedes diplomáticas de EEUU en Venezuela están cerradas desde que se rompieron relaciones bilaterales en la primera administración de Trump, al reconocer al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como líder legítimo de Venezuela en un intento fallido de forzar la salida del poder del Nicolás Maduro.
Como parte de la ruptura de relaciones, el Departamento de Estado suspendió en marzo de 2019 las operaciones en su embajada en Caracas y evacuó a todos los diplomáticos, temiendo una toma del complejo
en la cima de una colina en una exclusiva urbanización en el sureste de la capital venezolana.
El trabajo de la embajada estadounidense que permanece en Venezuela
Siempre se supo que un contingente de venezolanos empleados por el Departamento de Estado permanecía en el país para promover los intereses estadounidenses, y las relaciones entre ambos gobiernos —aunque exteriormente hostiles— nunca cesaron del todo. El tamaño de esa misión y una relación de su trabajo entre bastidores no se han hecho públicos.
El informe del inspector general, aunque centrado en el cumplimiento de las políticas estadounidenses, proporciona, sin embargo, una rara visión de ese delicado trabajo, en gran parte arriesgado dado el historial de Maduro de encarcelar a estadounidenses, opositores y a veces venezolanos comunes y corrientes, acusados de conspirar con los "imperialistas" estadounidenses.
Las relaciones se han tensado mucho más en las últimas semanas, por el anuncio de una recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico; por una acumulación estadounidense de buques de guerra en el Caribe; y por un ataque a una lancha que, según la administración Trump, estaba pilotado por pandilleros que traficaban con drogas.
"No es una mala idea tener operaciones de base mínimas en la embajada", dijo Geoff Ramsey, analista principal sobre Venezuela en el Atlantic Council en Washington. "Si alguna vez se restablecen las relaciones, es importante que tengamos un equipo sobre el terreno preparado para hacer avanzar la relación. Pero si estamos gastando millones de dólares sólo para mantener unos pocos edificios vacíos sin un final a la vista, creo que es justo plantear preguntas sobre el precio", declaró a AP.
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Críticas a la misión remota de EEUU para Venezuela
El informe de 28 páginas se basó en una inspección realizada este año a la llamada Unidad de Asuntos de Venezuela, que funciona en una antigua y estrecha sala de entrenamiento llamada "submarino" en la Embajada de Estados Unidos en la vecina Colombia.
La oficina contó inicialmente con 10 diplomáticos estadounidenses como medida provisional para gestionar las relaciones con el gobierno de Maduro y —se esperaba— allanar el camino para su rápida sustitución por un gobierno alineado con Estados Unidos.
Desde entonces, el número de empleados que trabajan en la misión remota ha aumentado a 21, dijo el organismo de control, añadiendo que no pudo encontrar ninguna evidencia de que el Departamento de Estado llevara a cabo una revisión para justificar los aumentos de personal.
La unidad estuvo dirigida hasta enero por el diplomático de carrera Francisco Palmieri, que también fue el principal diplomático estadounidense en Colombia en una época en la que Estados Unidos carecía de embajador en ambos países.
Según el informe, la doble función de dirigir una de las mayores embajadas de Estados Unidos en Colombia y una misión remota muy poco habitual afectó negativamente a la Unidad de Asuntos de Venezuela. Citó la dificultad a la que se enfrentó Palmieri para revisar todos los cables diplomáticos sensibles y participar en reuniones de apoyo a las conversaciones secretas con funcionarios de Maduro.
Gran parte del trabajo de la unidad parece contar con el apoyo de 150 empleados locales en Venezuela. Al menos algunos de esos empleados parecen estar trabajando desde el propio complejo de la embajada, según el informe, que encontró casos de renovaciones no autorizadas en dos edificios de la embajada.
Tras arriar la bandera estadounidense en la embajada, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Suiza para que actuara como "potencia protectora" del recinto diplomático. El presupuesto anual total para apoyar las operaciones en Caracas, incluida la remuneración del personal local, asciende a 10,5 millones de dólares.
La inspección, que concluyó en marzo, elogió varias iniciativas de la Unidad de Asuntos de Venezuela, entre ellas la creación de un canal de WhatsApp que promovía contenidos que llegaban mensualmente a 144,000 personas.
Sin embargo, el organismo de control también emitió siete recomendaciones para apuntalar el cumplimiento de las políticas del Departamento de Estado en cuestiones que van desde la gestión de las residencias diplomáticas y los niveles de dotación de personal hasta el uso adecuado de una flota de vehículos y software basado en la nube por parte del personal en Caracas.
Las normas exigen que las embajadas estadounidenses identifiquen anualmente cualquier exceso de propiedades que no se estén utilizando plenamente o cuyo mantenimiento ya no tenga sentido desde el punto de vista económico. En Venezuela, Estados Unidos posee cinco propiedades, incluida la residencia del embajador, la casa del jefe adjunto de la misión y tres apartamentos.
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