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Crisis en Venezuela

De esconderse en bosques a luchar por sobrevivir: la realidad de los migrantes venezolanos en Latinoamérica

En la misma semana en la que la ONU instó a recibir a los migrantes y refugiados venezolanos y a no deportarlos, un centenar de ellos fueron hallados escondidos en un bosque de Trinidad y Tobago por miedo a las autoridades migratorias. Organizaciones piden que los líderes de la región acompañen su discurso de condena a la situación en Venezuela con respuestas para quienes huyen de la crisis humanitaria.
27 May 2019 – 5:39 PM EDT

Hambrientos, asustados y cansados. Así describen los medios locales el estado en el que hallaron a un numeroso grupo de migrantes venezolanos que fue detenido por la policía recientemente en un campamento improvisado en un bosque de Trinidad y Tobago.

Los venezolanos (93, según la policía) estaban escondiéndose de las autoridades de uno de los países de la región con las leyes migratorias más duras. Habían cruzado el Golfo de Paria en balsas y esperaban el momento óptimo para ir a otros puntos de la isla caribeña donde poder trabajar y comprar alimentos y medicinas, algo que en su país de origen cada vez les resulta más complicado por la grave crisis humanitaria.

Pese a que los migrantes temían ser deportados, como les ha sucedido en meses pasados a otros cientos de venezolanos, estos fueron liberados horas después de ser detenidos con órdenes de supervisión y podrán permanecer en el país hasta finales de julio.


En esta ocasión, y en medio de una creciente presión internacional a los estados para que den protección a los migrantes y refugiados que huyen de Venezuela, el gobierno de la nación caribeña ha anunciado que comenzará un plan de registro de venezolanos para ofrecerles estadía legal y cumplir así con los convenios internacionales.

Sin embargo, el primer ministro, Keith Rowley, aseguró que su “pequeña nación” no podía “ convertirse en un campo de refugiados” para la población venezolana. "Para proteger los intereses del pueblo de Trinidad y Tobago, tendremos que limitar nuestra exposición ante la crisis de Venezuela", dijo en declaraciones a una radio local al advertir que la presencia masiva de ciudadanos de ese país podría amenazar "la calidad de vida de la población" de la isla.

El caso de Trinidad y Tobago, una nación caribeña de 1.3 millones de habitantes a sólo 7 millas de la costa oriental de Venezuela, es uno de los más dramáticos de los receptores de la migración de ese país. Las autoridades calculan que hasta diciembre de 2018 habían llegado a la isla unos 60,000 venezolanos, pero en los últimos años se han registrado deportaciones grupales que han sido fuertemente criticadas por organizaciones internacionales, que lamentan que no les ofrezcan vías de protección de derechos de los migrantes y refugiados.

“Trinidad y Tobago es el caso más grande, no por la cantidad de deportaciones sino porque no aceptan a refugiados y migrantes”, afirma en declaraciones a Univision Noticias Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas.


De permisos temporales a trabas: las respuestas de la región

Desde que comenzó la crisis, 3.7 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Y aunque la agencia de Naciones Unidas ha instado a los estados a recibirlos y no deportarlos, en muchos casos los países receptores no tienen la capacidad para lidiar con la llegada masiva de ciudadanos o la voluntad política para hacerlo.


Así, en la región se encuentran respuestas desiguales a la migración de venezolanos: desde los permisos temporales que se han establecido en algunos países como Colombia o Perú, la simplificación de los trámites para obtener un documento de identidad y poder trabajar en Argentina o las trabas burocráticas de otros países como Ecuador.

“En Ecuador hay barreras como la solicitud del pasaporte o de antecedentes penales apostillados. En Venezuela, apostillar un documento por vías normales puede tardarse 6 meses”, explica Trujillo. “Para conseguir eso, muchas personas requieren de acudir a la corrupción y pagar 100 o 200 dólares que, con un salario mínimo de 5 dólares mensuales, es algo prácticamente imposible para la mayoría de la población”.

El académico de la UCAB señala que la situación de sobornos que tienen que enfrentar los venezolanos para poder obtener documentos oficiales es tan grave que en su organismo han llegado a escuchar que funcionarios corruptos piden hasta 500 dólares por una prórroga de pasaporte y hasta 5,000 por una renovación.


En Colombia, donde según datos de Acnur, en los últimos años han llegado 1.2 millones de venezolanos, no existía “una política de recepción migrante ni mecanismos diseñados para responder a una migración masiva de personas”, como apunta Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración de la organización colombiana Dejusticia.

Allí, el gobierno ofreció permisos temporales de permanencia que garantizan una residencia legal y el derecho a trabajar y a servicios de salud de emergencia a los venezolanos, pero Ramírez afirma que continúa habiendo muchos retos.

“Pedimos que una vez que los migrantes y refugiados están en comunidades de acogida tengan acceso a salud, trabajo y educación y a la nacionalidad”, aseguró al recordar que en Colombia hay un problema muy grande con los niños nacidos de padres venezolanos que están en riesgo de quedar apátridas.


Asimismo, pidió poner en marcha programas para combatir la xenofobia. “Los migrantes están llegando a zonas históricamente pobres donde está la población que ha sido desplazada internamente y hay una competencia por los recursos”, dijo esta semana Ramírez en una conferencia sobre la migración venezolana organizado por WOLA en Washington DC.


Una ordenanza que impide trabajar a extranjeros en Cusco

En ese sentido, Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, lamentó que en su país los migrantes y refugiados venezolanos se enfrentan cada vez a más trabas burocráticas y a reacciones de xenofobia.

“El gobierno (de Martín Vizcarra) ha anunciado que va a aplicar una visa humanitaria y eso nos preocupa aún más porque (los venezolanos) ya no entrarían vía solicitud de refugio, sino que se restringe la entrada y se pediría visa en la frontera o una visa humanitaria que solo se podría pedir en Venezuela, algo que es muy difícil de hacer”, advierte Vidal.

En cuanto a las políticas xenófobas, la activista se refirió a una ordenanza recientemente aprobada por el gobierno regional de Cusco que impide el empleo para extranjeros que, a su juicio, es una respuesta a la llegada de venezolanos. “Los gobiernos locales y regionales están insistiendo con ese tipo de normas”, señaló.

Por eso, los expertos instan a los países a unificar los criterios en los estados de acogida para dar protección internacional a los venezolanos con soluciones permanentes en la que ha sido definida como la crisis migratoria más grande del continente.

" Creemos que a lo largo de 2019 la crisis de migrantes y refugiados va a permanecer en crecimiento", advierte Eduardo Trujillo de la UCAB. “Incluso si llegase a darse una transición hacia la democracia en Venezuela, nosotros no creemos que la cantidad de personas en proceso de movilidad vaya a disminuir, porque las condiciones estructurales del país están absolutamente depauperadas y no hay garantías de que los individuos que han empezado un proceso de movilidad efectivamente puedan reintegrarse a la sociedad venezolana”.

Para Lucía Ramírez, de Dejusticia, la respuesta a la migración venezolana pasa por soluciones integrales que incluyan también a la población local de los lugares de recepción.

"La llegada masiva de personas de Venezuela ha evidenciado la debilidad de nuestros sistemas", reconoce la abogada constitucionalista. "Como sucede en muchos países de Latinoamérica, en Colombia tenemos algunas capitales con más capacidad para responder pero no es el caso de las ciudades en las fronteras o en el sur del país donde su capacidad institucional es más reducida. Los esfuerzos deben estar enfocados no solo en intervenciones dirigidas a la población inmigrante (sino también) en soluciones integrales que beneficien a toda la comunidad".

Finalmente, Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, instó a los gobiernos a mostrar más coherencia en su respuesta a la crisis venezolana entre quienes abogan por el regreso a la democracia en la nación sudamericana y su respuesta a la crisis migratoria generada por ella.

“Si se quiere liderar un retorno a la democracia, también viene con la obligación de acoger, trabajar y proteger los derechos humanos de esa población que está siendo violentada y que se está viendo de manera forzada a salir de su país”, asegura.

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