La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mencionó en un reporte sobre sus actividades relacionadas con exámenes preliminares que existe "fundamento razonable" para continuar una investigación contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos desde 2017 por sus fuerzas de seguridad.
Corte Penal Internacional halla "fundamento razonable" para investigar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad
Un reporte anual de la fiscal de la CPI indica que "al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional".
Por:Univision
Video Corte Penal Internacional investiga al régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad
En su reporte anual, la fiscal Fatou Bensouda, concluye que en Venezuela "se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017". La Fiscalía señaló que el análisis finalizará en la primera mitad del 2021.
El informe de la fiscalía de la Corte detalla que la información disponible les brinda "un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional".
Específica que los crímenes investigados están tipificados en el Estatuto de Roma y se refieren a tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
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El informe señala como responsables de estos supuestos crímenes a miembros de la "Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".
"La información disponible indica que individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento" agrega el reporta al señalar a grupos parapoliciales de civiles armados que son conocidos como 'colectivos' y han sido acusados desde hace años de participar en acciones de amedrentamiento, amenazas y hostigamiento de opositores.
Bensouda señala que las constataciones positivas de la Fiscalía respecto a la competencia en la etapa de examen preliminar "no deben interpretarse como un rechazo de otros presuntos crímenes que puedan ameritar ser investigados".
Una respuesta después de casi dos años
La fiscal Bensouda explica que centró su análisis en las alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición "información suficientemente detallada y confiable".
El examen preliminar se abrió el 8 de febrero de 2018 a solicitud de los demandantes Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que pidieron iniciar "una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas".
Bensouda menciona que el pasado 4 de noviembre se reunió en la sede de la Corte, en La Haya, con un delegación de alto nivel del régimen de Venezuela que incluyó al fiscal general, Tarek William Saab, y al Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, quienes manifestaron disposición a colaborar con la investigación.
Los hallazgos preliminares de la Corte Penal Internacional están en sintonía con un demoledor informe publicado el pasado año por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada Michelle Bachelet en el que documenta un lamentable estado de los derechos ciudadanos sistemáticamente cercenados por el Estado venezolano en su estrategia de controlar el poder.
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En el documento de la ONU se enumera cómo los venezolanos padecen una vulneración sistemática de sus derechos en los ámbitos de salud, economía, seguridad, alimentación, política, libertad de expresión , en gran medida por la estrategia del régimen de Maduro “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
Julio Borges, canciller de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por al menos 50 países, afirmó al sitio Infobae que “los tiempos de la justicia universal son lentos y no compaginan con el sufrimiento del pueblo venezolano” .
“Nosotros esperábamos que los resultados de este examen se hubieran publicado hace mucho tiempo, demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, denunció.
