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Condenan a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres, ordenado por ejecutivos de empresa contra la que se manifestaba

Entre los encontrados culpables por la muerte de la activista en 2016 está Sergio Ramón Rodríguez, un gerente de la compañía energética contra la que Cáceres y su grupo se manifestaban por la construcción de una hidroeléctrica.
29 Nov 2018 – 6:59 PM EST

La justicia hondureña condenó este jueves a siete de los ocho imputados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016, entre ellos un directivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) a la que la activista se enfrentó por la construcción de una hidroeléctrica en territorio de la etnia Lenca.

Un tribunal de sentencia de Tegucigalpa condenó por asesinato a Sergio Ramón Rodríguez, el gerente ambiental, social y de comunicaciones DESA, al oficial del Ejército Mariano Díaz, al exmilitar y extrabajador de DESA Douglas Geovanny Bustillo, así como a Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Tareas, estos últimos como autores intelectuales.

Las penas para cada uno de los acusados, que se conocerán en una audiencia el próximo 10 de enero, podrían ser de hasta 30 años por asesinato y 20 años más para los también acusados por intento de asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, que dormía en casa de Cáceres la noche del crimen y resultó herido de bala en una oreja.

El octavo imputado, Emerson Duarte Meza, que estaba señalado por encubrimiento tas sser encontrada la pistola con la que fue asesinada Cáceres en su casa, fue absuelto de todos los cargos.

Según la sentencia, las pérdidas económicas que implicaban las protestas de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que ella dirigía, motivaron la planificación del asesinato.

"Ante esta situación, los ejecutivos de la empresa DESA procedieron a planificar la muerte de la señora Cáceres", se puede leer en el fallo que describe cómo los sentenciados buscaron ayuda para conseguir las "armas, logística y aún más a las personas que llevarían a cabo la acción".

De la sentencia también se sabe que Rodríguez y Bustillo hacían seguimiento de las acciones de Berta Cáceres y del Copinh contra la construcción de la hidroeléctrica y mantenían informados a los directivos de la empresa DESA a través de un grupo en WhatsApp.

Lamentan que autores intelectuales sigan libres

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando dormía en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

La familia de la ambientalista, que siempre creyó que fue asesinada por su oposición al proyecto de DESA, lamentó tras conocer la sentencia que los autores intelectuales sigan libres.

"Justicia media no es justicia. Tienen que castigarse a los verdaderos autores, a los que mataron, a los que pagaron para asesinarla", afirmó en el tribunal la madre de Cáceres, Austia Berta Cáceres.

"Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia", se puede leer en un comunicado conjunto de la familia de Berta Cáceres, el Copinh, Gustavo Castro y sus equipos Cáceres.

Además, exigen justicia para que quienes pagaron para que se llevara a cabo el asesinato no queden impunes y lamentan que las actuales condenas afectan solo “al eslabón más bajo de la estructura criminal” y que con ellas “el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia”.

"Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real", se puede leer en el comunicado.

El presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, fue detenido el pasado marzo en un aeropuerto del norte del país, dos años después de la muerte de Cáceres, acusado de ser uno de los autores intelectuales de su asesinato, y está a la espera de juicio.

Fuera de la corte, familiares amigos y miembros del Copinh se manifestaban para mostrar su descontento. La principal pancarta de la protesta era una en la que se podía leer "Faltan los Atala", en referencia a la familia Atala Zablah, accionistas dueños de DESA, que, según la ONG, “están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.

"Desafortunadamente por la dinámica de la impunidad del sistema de justicia que integran el Ministerio Público y el Poder Judicial" se ocultaron algunos extremos que involucran a otras personas que serían parte de los autores intelectuales del crimen, le dijo a la agencia EFE la oficial de Incidencia del Cejil, Karina Sánchez.

Fernández considera que "lo relevante es que el juicio de culpabilidad" sobre los ocho acusados "debe allanar el camino hacia los verdaderos autores del crimen", en el que "se ha intentado proteger a los autores intelectuales".


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