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Elecciones en EEUU 2020 Area de la Bahia

Silicon Valley, más allá de la tecnología: cómo Uber y Lyft gastaron $200 millones para tener su propia ley en California

Los gigantes de Silicon Valley tuvieron que impulsar la propuesta electoral más cara en la historia del estado para proteger su modelo de negocio, el cual depende, casi en su totalidad, de un ejército conformado por miles de conductores dispuestos a trabajar como contratistas independientes, con pocos beneficios y horarios flexibles.
15 Nov 2020 – 02:41 PM EST
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SAN FRANCISCO, California. – Horas después de que el proyecto de ley AB 5 fuera aprobado por el Comité de Apropiaciones del Senado de California, los gigantes de Silicon Valley lanzaron su primera amenaza: Uber, Lyft y DoorDash habían comprometido 90 millones de dólares para trasladar su batalla legal a las casillas electorales y salvaguardar su exitoso modelo de negocios.

Pero ese monto que amagaron con gastar hace más de un año (agosto de 2019), palideció ante la cifra récord de $200 millones que terminaron invirtiendo para apoyar el SÍ a la Propuesta 22, con la cual consiguieron quedar exentas de la ley AB 5 y evitar que sus miles de choferes en el estado tuvieran que ser reclasificados como empleados y recibir beneficios como seguro médico, salario mínimo y pago de horas extras.

Al esfuerzo millonario de Uber, Lyft y DoorDash se sumaron otras compañías como Instacart y PostMates, que también utilizan el modelo de negocios de economía compartida, bajo el cual operan cada vez más empresas de tecnología basadas en aplicaciones para teléfonos móviles. El frente que conformaron también pasó a la historia como la primera ocasión en que los gigantes de Silicon Valley se enfrascaron en una batalla electoral con gremios sindicales y la propia legislatura de California.

Si bien los $12 millones que se invirtieron para promover el rechazo a la Propuesta 22 se quedaron cortos a nivel estatal ( 58.4% votó por el SÍ y 41.6% por el NO), también revelaron que, en los enclaves más progresistas de Silicon Valley, el dinero de las grandes corporaciones no fue tan efectivo: en San Francisco y el este del Área de la Bahía, por ejemplo, los electores rechazaron la medida con una diferencia de más de 10 puntos.

La multimillonaria campaña impulsada por las empresas de transporte compartido estuvo centrada en gran medida en la flexibilidad que el modelo de contratistas independientes le ofrece a miles de conductores que usan sus aplicaciones móviles, pero para los líderes laborales, la aprobación de la Propuesta 22 significó un revés en la lucha por obtener mejores condiciones de trabajo para ellos.

“Uber y Lyft tuvieron que recurrir a la boleta electoral más cara en la historia de Estados Unidos (…) Con la Propuesta 22, han dejado en claro su intención de mantener a sus choferes en condiciones precarias, con salarios pobres y beneficios por debajo del promedio”, dijeron Bob Schoonover y Joseph Bryant, líderes regionales del sindicato de trabajadores SEIU.

El impacto a los choferes de transporte compartido también tiene un componente racial, según señala The Greenlining Institute, una organización sin fines de lucro enfocada en la prosperidad y el avance de las minorías en la Bahía de San Francisco. Y es que, de acuerdo con sus datos, tres cuartas partes de los conductores de Uber, Lyft y DoorDash son personas de color.

“Estamos decepcionados de que los votantes fueron persuadidos por la campaña deshonesta y enormemente financiada por empresas millonarias diseñada para mantener a sus trabajadores más esenciales con un estatus comparable al de un granjero. Esta terrible ley le seguirá permitiendo a las corporaciones relegar a sus trabajadores”, dijo Debra Gore-Mann, CEO del Instituto.

La economía compartida, una mina de oro en Silicon Valley


La aprobación de la Propuesta 22 en estas elecciones exenta a las compañías de transporte compartido como Uber y Lyft de tener que reclasificar a sus choferes como empleados y no como contratistas independientes, lo que los hubiera obligado a brindarles beneficios tales como seguro médico y la posibilidad de negociar sus contratos colectivos, trastocando su modelo de negocio.

En agosto pasado, cuando parecía inminente que un tribunal obligaría a estas empresas a cumplir con la ley estatal AB 5, Uber y Lyft amenazaron con suspender sus operaciones y dejar sin empleo a miles de conductores en todo California, todo para poder seguir ahorrando millones de dólares en prestaciones laborales.

Fiscales locales y estatales aseguran que el modelo negocios de la economía compartida, bajo el cual operan muchas compañías en Silicon Valley, más allá de brindar flexibilidad laboral para los contratistas independientes, lo que hace es explotar a los trabajadores y privarlos de beneficios como un salario mínimo y el pago de horas extras, entre otros.


La ley estatal AB 5 se convirtió en una de las legislaciones más estrictas sobre clasificación de trabajadores en los Estados Unidos, con el potencial de sentar un precedente para otras legislaturas estatales que buscan otorgar mayores beneficios a quienes trabajan en el sector de la economía compartida.

Desde entonces, las compañías de viajes compartidos y otras empresas tecnológicas de Silicon Valley han cabildeado intensamente en el Capitolio estatal para mitigar sus efectos, al igual que los de Dynamex, una decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida en 2018 que allanó el camino para reclasificar a los trabajadores en todo el país.

Ese fallo judicial -que abrió la puerta para la aprobar la ley AB 5- ha representado un riesgo para compañías como Uber y Lyft, cuyo modelo de negocios depende, casi en su totalidad, de un ejército conformado por miles de conductores dispuestos a trabajar como contratistas independientes, con pocos beneficios y horarios flexibles.

Una vez que entre en vigor la Propuesta 22, no está claro cuál será el siguiente paso de la Legislatura estatal y los sindicatos para salvaguardar los derechos laborales de los conductores, que en su mayoría suelen trabajar de tiempo completo para estas aplicaciones.

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