Juez de California ordena a Lyft y Uber clasificar a sus choferes como empleados en un periodo de 10 días

SAN FRANCISCO, California. – Un juez de California les puso un ultimátum a las compañías Uber y Lyft para que reclasifiquen como empleados a los miles de choferes que usan sus aplicaciones bajo el esquema de contratistas independientes, una decisión que promete un nuevo reto legal por parte de los gigantes del transporte compartido en Silicon Valley.

Uber, Lyft y DoorDash han intentado frenar la implementación de la ley estatal AB 5 no solo en las cortes, sino que además han invertido millones de dólares para impulsar una medida electoral que pretende derogar sus efectos.

Según las compañías, reclasificar como empleados a quienes pasan horas y horas ganándose la vida al volante representaría un cambio demasiado drástico a su modelo de negocio, el cual está basado en la flexibilidad de los conductores, a tal grado de verse obligados a dejar sin empleo a miles de conductores en California.

Pero los fiscales del estado aseguran que el modelo de contratistas independientes y economía compartida bajo el que operan muchas empresas en Silicon Valley, más allá de brindar flexibilidad laboral lo que hace es explotar a los trabajadores y privarlos de beneficios como un salario mínimo, el pago de horas extras y la posibilidad de negociar sus contratos colectivos, entre otros.

“La corte ha intervenido y acordado: Uber y Lyft deben ponerle un alto a la clasificación ilegal de sus conductores mientras nuestra querella legal continúa. Aunque esta batalla tiene mucho camino por recorrer, estamos presionando para asegurarnos que los residentes de California obtengan las protecciones laborales que merecen”, dijo el procurador estatal Xavier Becerra.

El caso fue presentado por la Fiscalía de California con el respaldo de los procuradores locales de San Francisco, Los Ángeles y San Diego quienes buscaban que las compañías acataran la ley AB 5, que entro en vigor desde el 1 de enero de 2020. El fallo judicial le dio a Uber y Lyft un periodo de 10 días para apelar la decisión antes de forzarlas a catalogar a sus miles de conductores como empleados.

“La clasificación errónea lástima a los choferes y pone en los contribuyentes el peso de pagar por los beneficios que Uber y Lyft deberían proveer. Estas compañías se han echado a la bolsa millones de dólares pasándoles la cuenta a los residentes que pagan impuestos”, señaló Dennis Herrera, abogado de la ciudad de San Francisco, sede de ambas empresas.

Una batalla en las urnas

Desde que entró en vigor, la ley estatal AB 5 se convirtió en una de las legislaciones más estrictas sobre clasificación de trabajadores en los Estados Unidos, con el potencial de sentar un precedente para otras legislaturas estatales que buscan otorgar mayores beneficios a quienes trabajan en el sector de la economía compartida.

La norma señala que el trabajo de freelancer o contratista independiente está definido como una persona que maneja un negocio independiente, que es contratada por una empresa para realizar una tarea distinta al modelo de negocio de esa compañía, y que tiene total independencia sobre el cómo, cuándo y dónde completan esa tarea.

Las compañías de viajes compartidos y otras empresas tecnológicas de Silicon Valley han cabildeado intensamente en el Capitolio estatal para mitigar los efectos de Dynamex, una decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida en 2018 que allanó el camino para reclasificar a los trabajadores en todo el país.

Desde entonces, ese fallo judicial -que abrió la puerta para la AB 5- ha representado un riesgo para compañías como Uber y Lyft, cuyo modelo de negocios depende casi en su totalidad de un ejército conformado por miles de conductores dispuestos a trabajar como contratistas independientes con pocos beneficios y horarios flexibles.

Y mientras la batalla legal avanza, los titanes de Silicon Valley no se han quedado de brazos cruzados. Uber, Lyft y DoorDash crearon un fondo de $90,000,000 para impulsar su propia iniciativa de ley a modo en la boleta electoral de este noviembre para derogar la AB 5.

La contienda electoral representa la primera vez que los gigantes de la tecnología en California se enfrascan en una batalla en las urnas contra la Legislatura estatal y los gremios sindicales que buscan proteger los derechos de los trabajadores.

Un estudio nacional reciente de Unidos US reveló que el 41% de los encuestados latinos dijo trabajar en la nueva economía como trabajadores independientes o temporales. Casi seis de cada 10 trabajan a tiempo completo.