Fuerte golpe a Uber y Lyft: California aprueba iniciativa para reclasificar a contratistas como empleados
SAN FRANCISCO, California. – El Senado de California aprobó este martes una iniciativa de ley que obliga a compañías como Uber y Lyft a clasificar a sus miles de conductores en el estado como empleados y no como contratistas independientes, un cambio que promete sacudir el modelo de negocios de economía compartida bajo el que operan muchas empresas de tecnología basadas en aplicaciones para teléfonos móviles.
El proyecto de ley fue avalado con 29 votos a favor y 11 en contra, la mayoría de la oposición representada por legisladores republicanos, y cuenta además con el apoyo del gobernador Gavin Newsom. En caso de convertirse en ley, la medida entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2020 y requeriría designar a los trabajadores como empleados si la empresa ejerce algún control sobre su desempeño laboral o si las tareas que ellos desempeñan forman parte del modelo de negocio cotidiano de la compañía.
Pero el alcance del proyecto de ley AB 5 no se limita a los conductores de compañías como Uber, Lyft y DoorDash, quienes a finales del mes pasado amenazaron con gastar $90,000,000 para llevar a las urnas su propia iniciativa que les permita mantener a sus miles de conductores bajo el estatus de contratistas independientes.
Los autores de la propuesta aseguran que impactará a cerca de un millón de trabajadores en California que por décadas han operado bajo el estatus de contratistas, sin acceso a protecciones básicas que les garanticen un salario mínimo, pago de tiempo extra o un seguro de desempleo. Además de los conductores de servicios de viajes compartidos y entrega de comida, la medida espera beneficiar a trabajadores en la industria de la construcción, limpieza, transporte y salones de belleza.
Una vez que sea firmada por el gobernador, la AB 5 se convertiría en una de las legislaciones más estrictas sobre clasificación de trabajadores en los Estados Unidos y podría sentar un precedente para otros estados que busquen los mismos beneficios para quienes trabajan en el sector de la economía compartida. Sindicatos de trabajadores están impulsando una iniciativa similar en el estado de Nueva York, mientras que otros como Washington y Oregon podrían aprovechar la coyuntura para revivir propuestas parecidas que fracasaron en el pasado.
Aunque la medida podría convertirse pronto en ley, los legisladores de California se comprometieron a seguir negociando para que su implementación sea lo menos abrupta posible. Durante el debate, el Caucus republicano en el Senado buscaba incluir al menos 12 enmiendas que crearían excepciones a la ley para ciertas industrias -incluida la de los camioneros- pero fallaron en el intento.
Además de las protecciones salariales, quienes impulsaron la iniciativa -principalmente los conductores de Uber y Lyft- esperan que ésta sea el parteaguas que les permita formar su propio sindicato y tener la oportunidad de negociar contratos laborales de manera periódica.
La batalla no termina
Por más de un año, las compañías de viajes compartidos y otras empresas tecnológicas de Silicon Valley han cabildeado intensamente en el Capitolio estatal para aligerar los efectos de Dynamex, una decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida en 2018 que allanó el camino para reclasificar a los trabajadores en todo el país.
Desde entonces, ese fallo judicial ha representado un riesgo para compañías como Uber y Lyft, cuyo modelo de negocios depende casi en su totalidad de un ejército conformado por miles de conductores dispuestos a trabajar como contratistas independientes con pocos beneficios y horarios flexibles.
Es claro que los titanes de Silicon Valley no se quedarán de brazos cruzados y para muestra basta un botón. El mes pasado Uber, Lyft y DoorDash amagaron con gastar $90,000,000 para impulsar una iniciativa de ley a modo en la boleta electoral de 2020 que contrarreste -o derogue- el impacto de la AB 5. La amenaza podría representar la primera vez que los gigantes de la tecnología en California se enfrascan en una batalla electoral contra la Legislatura estatal y los gremios sindicales, que ya prometieron responder.
La Federación de Trabajadores de California, que representa más de 2 millones de empleados en el estado, dijo que se verá las caras con estas compañías en la próxima boleta electoral. “Le haremos frente a este gasto político absurdo con una campaña liderada por trabajadores que derrote a su propuesta y le asegure a la clase trabajadora que tienen el derecho a sindicalizarse como lo marca la ley”, señaló el consorcio de sindicatos a través de un comunicado.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los principales candidatos a la presidencia por el partido Demócrata, entre ellos Kamala Harris, Elizabeth Warren, Julian Castro y Bernie Sanders. A través de Twitter, el senador por Vermont dijo que “no podemos aceptar una situación en la que un puñado de estadounidenses se vuelven extraordinariamente ricos pagándoles a sus trabajadores salarios de miseria”.
Impacto a su modelo de negocio
Uber, Lyft y DoorDash coinciden en que reclasificar como empleados a quienes pasan horas y horas ganándose la vida al volante representaría un cambio demasiado drástico a su modelo de negocio, el cual está basado en la flexibilidad de los conductores. Estimaciones de expertos señalan que el cambio incrementaría los gastos de operación de estas compañías entre un 20 y 30%.
“Estamos enfocados en alcanzar un acuerdo, pero también estamos seguros en llevar este asunto ante los votantes en caso de ser necesario”, dijo Adrian Durbin, director de comunicaciones de Lyft, en un comunicado enviado a Noticias Univision 14 la semana pasada.
Para aligerar el impacto de la AB 5, Uber y Lyft han expresado públicamente su intensión de crear un marco laboral que incluye un sueldo mínimo base de $21 por hora para los conductores que comenzaría en el momento en que aceptan una solicitud de viaje, además de aportar dinero a un fondo laboral con el que podría financiar ciertos beneficios para sus trabajadores.
Ambas compañías también estarían dispuestas a la posibilidad de renegociar sus salarios base de manera sectorial. DoorDash, por su parte, confirmó que apoya la idea del salario mínimo estandarizado, un seguro de accidentes laborales y protecciones contra discriminación, pero no se pronunció sobre el tema de las negociación contractuales.
Pero si legisladores no realizan enmiendas de último minuto para enviar al escritorio del gobernador Gavin Newsom una nueva propuesta que defina reglas específicas para los conductores que trabajan como contratistas independientes, los tres gigantes de Silicon Valley están listos para gastar $30,000,000 cada uno y dejar que sean los electores de California quienes tomen la decisión. Sea cual sea la iniciativa, desde luego, estaría acompañada de una agresiva campaña para persuadir a los votantes.
Hasta el momento las tres empresas no han presentado un borrador de su propuesta, pero adelantaron que estaría enfocada en proteger los derechos de los californianos a decidir si quieren trabajar como contratistas independientes, proveer un salario mínimo, establecer un fondo para financiar beneficios dependiendo en el tiempo trabajado y proteger a los contratistas de discriminación racial, sexual, por edad o por discapacidad.
Aunque el gobernador Gavin Newsom no se ha pronunciado públicamente sobre el proyecto de ley AB 5, su jefa de gabinete dijo en un comunicado que la gubernatura “está luchando de forma agresiva por el derecho de los trabajadores a organizarse y a ganar salarios más altos”.