Puerto Rico, inmerso en una profunda crisis económica y una pesada deuda, afronta una semana clave en Washington, donde se discutirá un borrador sobre una junta que tomaría las riendas de las finanzas de la isla.
¿En qué punto está el debate en el Congreso de EEUU para afrontar la crisis económica de Puerto Rico?
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal evalúa este miércoles la imposición de un ente de supervisión financiera para Puerto Rico, una isla sumida en una profunda crisis económica.
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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y líderes de los sectores económico, político y social locales arribaron a la capital federal para rechazar la propuesta junta fiscal y poner sobre la mesa otras opciones para el territorio estadounidense de 3.6 millones de habitantes.
A continuación, las claves sobre la situación económica de Puerto Rico y la potencial junta fiscal:
¿A cuánto asciende la deuda de Puerto Rico?
Puerto Rico está sumido en una profunda recesión económica desde hace más de una década. En junio de 2015, el gobernador García Padilla anunció que la deuda, que en ese momento se empinaba por el orden de los 72,000 millones de dólares era impagable.
Meses después, en diciembre, García Padilla pidió al Congreso estadounidense que otorgue a la isla los mecanismos legales para reestructurar su deuda. "Si el Congreso no responde le saldrá muy caro", dijo el gobernador en una conferencia de prensa en Washington DC.
¿Por qué la isla no puede declararse en quiebra?
Contrario a los 50 estados, Puerto Rico carece de mecanismos de protección financiera como la Ley de Quiebras federal por ser territorio no incorporado de la nación americana.
La isla tuvo acceso a la quiebra federal hasta 1984, cuando el Congreso estadounidense le retiró esa protección. A nivel local, se han hecho esfuerzos para crear herramientas legales para encarar la deuda, como la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida como la quiebra criolla. Sin embargo, esta medida fue declarada inconstitucional por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en julio de 2015.
“La falta de protección que ofrezca un marco legal nos pone en una encrucijada para decidir qué pagos hacer con los pocos recursos que tenemos”, había dicho el gobernador en diciembre de 2015. “Mi gobierno tiene la responsabilidad de proteger lo más posible a los puertorriqueños y puertorriqueñas de las consecuencias que supondría un impago y un cierre de gobierno”, agregó el gobernante, que no optó por la reelección para dedicarse, según dijo, a intentar resolver la crisis fiscal.
El Tesoro de Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que no brindará un rescate financiero a la isla.
¿Cúal es la postura del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal sobre la situación de la isla?
Este comité presentó el pasado 28 de marzo el borrador de una propuesta junta de control fiscal federal para Puerto Rico.
Además de recordar que la deuda asciende a unos 70,000 millones de dólares, el comité precisó que los compromisos de sus sistemas de retiro suman 46,000 millones de dólares, pero que este monto es repaldado por ingresos de apenas 2,000 millones de dólares. Asimismo, advirtió que la isla ha estado vendiendo activos de los fondos de pensión y tomando dinero destinado a unos acreedores para cubrir otros. Ello con el objetivo de cumplir con los pagos que permitan mantener el funcionamiento del Gobierno y los servicios y operaciones básicas.
¿En qué consiste la propuesta junta de control fiscal?
Según la propuesta, la isla quedaría bajo la supervisión de un Consejo de Asesoría Fiscal de Puerto Rico, que sería fiscalizado por el Congreso estadounidense.
Según presentado en el segundo borrador, el nueva versión de la ley aumentaría el tamaño de la junta, de cinco a siete miembros designados por el presidente estadounidense. Los dos miembros adicionales serían elegidos por el partido minoritario en la cámara baja y en el Senado, lo que parece diseñado precisamente para atraer el apoyo de los demócratas.
Los siete miembros de la junta federal que cuentan con voz y voto serán designados por el presidente de los Estados Unidos. Por lo menos cuatro serán propuestos por republicanos. De estos, dos de los miembros serán seleccionados por el presidente de la Cámara federal (incluyendo al menos un residente de Puerto Rico o una persona con negocios en Puerto Rico). Otros dos saldrán de una lista sugerida por el líder de la mayoría del Senado federal.
Para completar la junta, La minoría en el Senado recomendaría 1 miembro y la minoría en la Cámara recomendaría otro. El séptimo lo designaría directamente el presidente de EE.UU., sin consultar a nadie.
Sus funciones incluirían auditar la deuda y las agencias, identificar medidas de ahorro y reestructurar ciertas áreas del Gobierno estatal. También podrían declarar nulas e invalidar las propias leyes de Puerto Rico, promulgar sus propias leyes y actuar con poderes cuasi-judiciales.
Este consejo no renegociaría la deuda que, junto a la quiebra es la opción, ampliamente respaldada por los políticos isleños.
El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, ha dicho que el liderato republicano no avala la inclusión de la isla en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Esto debido a que consideran que incluir retroactivamente territorios al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras representaría un rescate.
¿Cuál es la postura del Gobernador de Puerto Rico?
García Padilla ha rechazado férreamente la propuesta inicial. Aunque aseguró que reconoce la necesidad de tener herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda pública, dijo que la imposición de una junta federal sustituiría al Gobierno de Puerto Rico e invalidaría la democracia. “Esta condición resulta deshonrosa y no es aceptable”, pronunció el Ejecutivo, quien hizo un llamado a miembros de los tres partidos políticos de la isla a unirse en un frente común en contra de la junta.
Sin embargo, ante el segundo borrador presentado, aseguró que el proyecto "va en la dirección correcta". El primer mandatario explicó que el nuevo borrador “recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la Junta y es un paso importante en la dirección correcta”.
Sin embargo, añadió, continuará “ estudiando el proyecto y cabildeando para que el proyecto final contenga una Junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea un régimen de restructuración efectivo que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico”, dejando ver las limitaciones que le ve al proyecto ya sometido y que este miércoles irá a vistas públicas en la Cámara de Representantes.
Los candidatos a la gobernación han expresado reparos respecto al control absoluto que tendría la junta tal y como fue propuesta en el borrador. El sentir general en el país es de rechazo y temor ante lo que representaría este ente controlador.
Por lo mismo, los congresistas por Nueva York José Serrano y Nydia Velázquez -ambos de origen boricua- han tomado con cautela la propuesta y aseguran estar vigilantes ante los cambios que se hagan al borrador.
Y los candidatos presidenciales, ¿qué han expresado al respecto?
El precandidato demócrata Bernie Sanders dijo que no apoya la junta de supervisión fiscal. "La situación económica de Puerto Rico no mejorará por cerrar más escuelas, despedir profesores o trabajadores, recortar las pensiones y suspender los salarios mínimos", opinó.
Su rival Hillary Clinton, quien ha dicho que apoya la inclusión de la Isla en la Ley de Quiebras federal, no se ha pronunciado sobre este borrador.
¿Cuáles han sido las últimas medidas que ha tomado la isla?
La semana pasada, el gobernador firmó un proyecto de ley que daría paso a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que lo faculta para declarar el estado de emergencia financiera e incurrir en una dilación de los pagos de la deuda.
Al amparo de esta ley, declaró estado de emergencia en el Banco Gubernamental de Fomento, brazo financiero del gobierno que presenta una crisis de liquidez.
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