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Crisis económica

El choque entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal está llegando a su punto culminante

El Gobierno resiste las políticas de austeridad que quiere imponer la Junta y pronto podría tener que aclararse quién manda en la isla: si el gobierno electo o la entidad nombrada por el Congreso
5 Abr 2018 – 01:16 PM EDT
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Puerto Rico continúa sin ver la luz que ponga fin a la pesadilla de más de una década de crisis al sumar a su complicada situación económica y de finanzas públicas el enfrentamiento entre el Gobierno y la entidad federal que lo supervisa, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que está en su punto culminante y cuyo desenlace nadie puede prever.

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tiene que presentar este jueves el Plan Fiscal que será la base para los presupuestos anuales del Gobierno y de varias de sus corporaciones y la JSF, entidad creada por el Congreso de EEUU para controlar las finanzas de la isla y reorganizarlas, exige fuertes recortes en gasto social a los que el Gobierno se niega.

Rosselló sostiene que la JSF debe establecer las metas fiscales que el Gobierno debe cumplir pero que es su administración la que determina cómo llegar a esas metas.

La JSF devolvió a Rosselló para revisión el Plan Fiscal que le había entregado hace unas semanas afirmando que las medidas propuestas eran insuficientes.

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Dos años de parálisis económica por la falta de acuerdos entre el Gobierno y la Junta


Rosselló había propuesto a la JSF una polémica reforma a las leyes laborales de Puerto Rico -que también rigen a la empresa privada- que eliminaba el pago del bono de Navidad o aguinaldo en el sector privado, anulaba las leyes por despido injustificado y reducía los días de vacaciones y por enfermedad obligatorios de 15 a 7, a cambio de un aumento en el salario mínimo local de 7.25 dólares la hora a 8.25 dólares.

La Junta quiere hacer política pública

Pero además de lo propuesto por Rosselló, la JSF exigió recortar las pensiones de los empleados gubernamentales en 10 por ciento y rechazó cualquier aumento inmediato en el salario mínimo.

Rosselló contestó que sin aumento del salario mínimo retiraba su propuesta de reforma laboral y criticó que la propuesta de la JSF no incluyera ni un solo programa de capacitación para la fuerza laboral ni para estimular el arranque de la estancada economía de la isla.

Agregó que lo que pretende la entidad de control es usurpar el papel del Gobierno en el establecimiento de la política pública de la isla, algo que no va a permitir, y que está dispuesto a "hacer lo que sea" antes que permitir el recorte de pensiones porque no reactiva la economía y agravaría la pobreza en el país, que ya es la jurisdicción más pobre de EEUU.

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La Junta quería dejar sin días por enfermedad ni vacaciones a los trabajadores del país


Según Rosselló, la ley federal PROMESA, que creó la JSF, establece en su Sección 205 que la Junta puede hacer recomendaciones de política pública, pero no establecerla.

El problema para Rosselló y su gobierno es que PROMESA también establece que la JSF puede imponer su propio Plan Fiscal con recortes y reformas si no llega a un acuerdo con el Ejecutivo local.

La JSF, por su parte, entiende que esos recortes son indispensables para que Puerto Rico vuelva a la senda de presupuestos públicos sin déficit, lo cual es a su vez crítico para poner fin a una deuda de cerca de 70,000 millones de dólares que en 2015 el Ejecutivo local reconoció no podía pagar.

En medio de esta disputa, esta semana se supo que la JSF, a la vez que exige una drástica reforma laboral y severos recortes al Gobierno, también le pidió un aumento de 20 millones de dólares en su presupuesto operativo para el próximo año fiscal, de 60 millones de dólares anuales a 80 millones.

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La Junta tiene el apoyo del Congreso y el Congreso desea intervenir en la disputa con Rosselló


La revelación levantó una polémica y llevó al Senado puertorriqueño a aprobar una resolución para que el Gobierno “no realice los desembolsos por concepto de pagos, salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta”, por el año fiscal en curso y los próximos dos.

La Junta puede ordenarle recortes al Gobierno

La resolución aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por Rosselló para tener fuerza de ley.

Sin embargo, la Ley PROMESA establece que el Gobierno de Puerto Rico está obligado a darle a la JSF el presupuesto que le pida y Rosselló sugirió que no firmaría la resolución.

“Nosotros somos una jurisdicción de ley y orden, en la ley federal del PROMESA establece que el Gobierno de Puerto Rico paga la JCF (JSF)”, dijo Rosselló en conferencia de prensa e miércoles.

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Rosselló hizo un acercamiento a la Junta con la reforma laboral y la Junta demostró ser intransigente


Agregó que “no tenemos que hacer más nada en este momento. Lo que tenemos que hacer es dejarle saber a la Junta de Supervisión Fiscal, que no tienen esos poderes” de establecer política pública.

En medio de la disputa, el congresista republicano Rob Bishop, uno de los autores de PROMESA, le dijo al Ejecutivo mediante uno de sus portavoces que la JSF puede ordenar más recortes y medidas de austeridad si entiende que el Gobierno de Puerto Rico se rehúsa a implementar las reformas que le piden.

Bishop también le envió una carta al presidente de la JSF recordándole que la entidad tiene el deber de ordenarle al Gobierno local la puesta en vigor de cualquier reforma fiscal o estructural que crea necesaria.

La disputa mantiene la incertidumbre económica

Puerto Rico está actualmente bajo un proceso de quiebra, no puede financiarse en los mercados y tiene en Washington su único recurso, pero su enfrentamiento con la JSF podría poner en peligro las ayudas que la isla necesita para su economía, en caída libre en especial tras el huracán María del pasado mes de septiembre.

De hecho en su carta a la JSF, el congresista Bishop dijo ver que el flujo de ayudas para la reconstrucción de Puerto Rico tras María depende de las reformas y recortes que lleve a cabo el Gobierno.

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Avanza en el Senado de Puerto Rico una medida que pondría un alto a los fondos que salen de Hacienda para la Junta de Control Fiscal


Santos Negrón, economista y antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF), dijo a la Agencia EFE que el Gobierno, con su postura, trata de proteger a los pensionistas porque cree que las medidas que exige la entidad de control son negativas para la economía.

Subrayó que la situación de incertidumbre no es buena para la economía y que muchas empresas están pendientes de los acontecimientos para decidir sobre sus inversiones futuras en la isla.

El economista indicó que tampoco se puede dejar de lado que la situación es clave para el Gobierno debido a que aceptar esos recortes para la población tendría un precio muy alto en las elecciones de 2020, a las que parece que Rosselló se presentará.

Martha Quiñones, antigua presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, señaló que, en su opinión, el Gobierno de Rosselló trata de presentar ante la población a la JSF como el "malo de la película", pero que las exigencias de la entidad de control se terminarán implementando poco a poco vía legislación.

Aseguró que medidas como reducir las pensiones, empeorar las condiciones laborales o achicar el tamaño de las agencias públicas se traducirán, al final, en menos dinero que entra en la economía local.

Al final, si no hay acuerdo, puede tener que entrar en acción la jueza federal Laura Taylor-Swain, responsable del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, para decidir en corte si el Ejecutivo puede negarse a reconocer la autoridad de la JSF o debe cumplir con ella.

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¿Qué habría que sacrificar para salvar a los pensionados?
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