Gobernador de Puerto Rico firmó la ley de reforma educativa enfocada en las escuelas charter y vales educativos

El gobernador Ricardo Rosselló firmó este jueves la ley de reforma educativa que crea las escuelas charter en Puerto Rico y los vales educativos para pagar por educación privada declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo hace más de 10 años.

La reforma propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló y a la que se oponen los gremios de maestros está basada en la política de libre selección de escuelas, que destina fondos públicos a la educación privada mediante vales educativos y escuelas charter.

Los vales educativos, que se otorgan a los estudiantes de escuela pública para que paguen por su educación en escuelas privadas, ya fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Las escuelas charter son escuelas públicas administradas por entes privados que tienen más autonomía que las públicas tradicionales en cuanto a su funcionamiento administrativo y métodos de enseñanza.

A las charter se les pide mejor desempeño académico y aunque se supone que acepten a cualquier estudiante que quiera inscribirse la realidad es que el proceso es a veces selectivo.

La reforma también descentraliza el departamento de Educación y se asegura de que el 70 por ciento de su presupuesto llegue directamente a las escuelas y les provee a los maestros el primer aumento de salario en una década, de unos 1,500 dólares anuales.

A pesar del aumento, los maestros, que hicieron un paro general en las escuelas hace menos de dos semanas, sostienen que con las escuelas charter se perderán derechos laborales de los maestros y que la ley conllevará el cierre de más de 300 escuelas, el despido de unos 7,000 maestros transitorios, el traslado masivo de maestros y maestras permanentes, el hacinamiento de estudiantes en sus salones y la reducción de la oferta académica.

En una conferencia de prensa posterior a la firma de la ley, la secretaria de Educación, Julia Keleher, precisó que la entidad tiene que cerrar 320 escuelas.

“A nadie le gusta tener que cerrar una escuela, no es una actividad que se puede hacer sin darse cuenta del impacto en la gente”, dijo Keleher, pero “hay cosas que el departamento tiene que enfrentar”, como la realidad de que hay menos estudiantes en los planteles.

Puerto Rico tiene 1,100 escuelas públicas y 319,000 estudiantes en el sistema público de educación pero una recesión económica que dura más de una década y la destrucción que dejó el huracán María empujaron fuera de la isla a miles de estudiantes con sus padres que se han ido a vivir a Estados Unidos.

Según los últimos datos disponibles, al cierre del semestre escolar pasado en diciembre unos 20,000 estudiantes se habían dado de baja de las escuelas públicas del país , la mayoría tras el paso de María. Funcionarios esperan que durante los próximos cuatro años abandonen el sistema otros 54,000 estudiantes.

Durante los pasados años la matrícula ya se ha reducido en 78,000 estudiantes.

Funcionarios de Gobierno han dicho que el programa de escuela charter se pondrá en vigor en el 10 por ciento de los 1,100 planteles escolares y que los vales educativos se repartirán a tres por ciento de los más de 300,000 estudiantes.

Los vales educativos propuestos por el padre del actual gobernador, Pedro Rosselló, fueron declarados inconstitucionales en 1994 pero tanto Keleher como la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, creen que esta vez pasarán el examen del Tribunal Supremo si los impugnan.

Sobre las charter, Keleher dijo que no existe una lista de escuelas públicas tradicionales que serán convertidas en charter y que ese proceso va a demorar. “No hay lista, no hemos empezado el proceso. Va a ser demoroso porque es importante que lo hagamos bien”, dijo.

Agregó que para el inicio del próximo año escolar, en agosto, es posible que haya algunas charter y que ya hay escuelas modelo que están funcionando.

La nueva ley también preserva la escala salarial de los maestros, la retención de su aportación al Sistema de Retiro de Maestros y la garantía de que las escuelas proveerán plan médico a sus empleados.

También, se incluye el Seguro Social para nuevos maestros como parte de su compensación y beneficios.

Sin embargo, la ley eliminó programas de educación sexual y el requisito de implantar un currículo sobre igualdad de género. En su lugar, se promoverá el manejo de conflictos o control de ira y la prevención de la violencia doméstica.