Ángela Aguirre, la adolescente que pone rostro a la tragedia de los femicidios en Venezuela

CIUDAD GUAYANA, Venezuela.- El cuerpo de Ángela Aguirre fue hallado en el río Caroní del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, tres días después de una intensa búsqueda. La adolescente, de 16 años, desapareció el 23 de marzo tras llegar a la fiesta de cumpleaños de su amigo José Alberto Cedeño, en el Club Ítalo-Venezolano de Ciudad Guayana. El local que tiene muelle y fácil salida a la isla la Terecaya es un sitio de encuentro de empresarios y comerciantes que poseen lanchas.

Su padre, Ángel Daniel Aguirre, la dejó a las 5:00 de la tarde a las puertas del club y no supo nada más de ella hasta las 2:00 de la mañana, cuando después de muchas llamadas, los padres de José Alberto le notificaron que Ángela estaba desaparecida.

El último registro que se tuvo de Ángela es un selfie publicado a las 8:03 de la noche, donde se la ve sonriente, en traje de baño y con salvavidas, a bordo de una lancha de los anfitriones de la fiesta. Las siete personas que la acompañaban, cinco hombres y dos mujeres, dieron versiones encontradas de lo que pasó. "Dijeron que se había caído, que fueron a buscarle una cerveza y que (al regresar) ya no estaba", contó la abogada de la familia, Yamilet Carvajal.

Después de tres días de búsqueda en el río Caroní, mientras todo el país estaba a oscuras en medio de un apagón nacional, apareció el cuerpo de Ángela flotando, con traje de baño y salvavidas puesto, a casi ocho kilómetros contracorriente la mañana del 26 de marzo.

Las siete personas que la acompañaban fueron detenidas como sospechosas del crimen. Su versión es que la joven se había caído y ahogado, pero la autopsia que le practicaron concluyó que había muerto por asfixia mecánica por inmersión, que presentaba “traumatismo craneoencefálico y facial por haber sido golpeada con objeto contuso y luego arrojada al río”, así como signos de violación.

Además, la familia de la joven tiene indicios para creer que el lugar donde encontraron el cadáver de Ángela fue el sitio donde dejaron su cuerpo y no donde murió. “Macagua (una de las represas del río Caroní) tenía las compuertas abiertas y la corriente del río era norte-sur, cuando naturalmente es sur-norte, lo que llama poderosamente la atención que el cuerpo no puede ir contracorriente", se lee en el documento de recusación.

A la familia de Ángela no solo le ha tocado luchar contra la que creen que es una versión falsa de lo que le pasó a su hija sino que además se sienten remando a contracorriente al tratar de obtener justicia en un país con altos índices de femicidios y de impunidad.

#JusticiaParaÁngelaAguirre

Según cuentan los padres, la fiscal asignada al caso, Emily Hernández, intentó cambiar los resultados de la autopsia practicando un segundo protocolo sin su autorización, que fue recusado por sus abogados. "Quédese tranquila que a su hija no le pasó nada de eso de lo que dicen", dicen los padres de Ángela que les pidió Hernández en las oficinas del Ministerio Público mientras esperaban para el sepelio.

Para ese momento, la historia de la joven asesinada había tomado notoriedad nacional y, gracias a una movilización promovida desde las redes sociales, finalmente el caso fue admitido por el tribunal especial de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y tratado como un femicidio.

Mientras Venezuela se recuperaba del peor apagón de su historia reciente, la fotografía se hizo viral y miles de personas exigían respuestas para el caso de la joven la joven. Etiquetas como #JusticiaParaÁngelaAguirre y #QuépasóconAngela hicieron de la protesta un movimiento ciudadano que presionó a la policía científica a dar explicaciones y un pronunciamiento nacional.

Según la herramienta Tweet Reach, la etiqueta #JusticiaparaÁngelaAguirre alcanzó 1.2 millones de cuentas y 1.4 millones de impresiones. El padre de Ángela, Daniel Aguirre, nunca había estado activo en la red social aunque abrió su cuenta en 2010. Tras el suceso, ha sido el usuario más importante en el posicionamiento de la etiqueta y es consciente de que la movilización ha dado frutos.

“El director Douglas Rico (jefe de la policía científica) me dijo que se trasladó de Caracas a Guayana personalmente a atender el caso por ser tendencia nacional”, afirma Aguirre. “Esto ha sido vital. Hemos podido difundir a nivel nacional e internacional gracias a las redes sociales y los medios de comunicación que nos han brindado el apoyo”, sostiene.

Elías García Navas, director de Monitor Américas, considera que la estrategia en redes ha sido eficaz porque la familia ha ofrecido información concreta en redes, usando sus cuentas personales y han logrado que se sumen a la campaña personas en otros países, así como periodistas y organizaciones influyentes que han movilizado a las instancias públicas competentes.

“Nosotros nunca habíamos estado en una situación como esta, y no sabíamos cómo responder”, cuenta el padre de Ángela, un ingeniero que trabaja en una empresa estatal.

Organizaciones como Acceso a la Justicia consideran que la protesta en redes sociales y en las calles reorientó el caso y ahora advierten que no se debe bajar la guardia. “Aunque los imputados están detenidos, el juicio no ha terminado y no ha habido sentencias condenatorias, por lo que debemos estar pendientes para que la voz de Ángela Aguirre pidiendo justicia sea finalmente escuchada”.

El 13 de abril, después de cuatro audiencias de presentación suspendidas y dos tribunales declinados, el máximo tribunal del país ordenó que fuese un tribunal local con competencia en violencia de género quien tomara la causa de Ángela Aguirre. La decisión se dio el mismo día en que familia y ciudadanos manifestaron en las calles y de que se filtrara un audio que sus padres atribuyen a la joven en la que se la escucha llorando.

En la audiencia de presentación, los siete detenidos fueron privados de libertad por los delitos de femicidio agravado, abuso sexual, omisión al socorro y suministro de sustancias nocivas, de forma diferenciada a cada aprehendido. Actualmente, corre el lapso de 45 días que determina la ley para determinar si el caso irá formalmente a juicio.

“Tenemos un sistema tan frágil, donde las instituciones están caídas en el marco de este proceso de emergencia humanitaria compleja, que no se cuenta con una investigación independiente porque existe corrupción con funciones, o porque incluso hay personas vinculadas con personas del gobierno”, lamenta Beatriz Borges, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz ( Cepaz).

No es el único

Borges lamenta que Venezuela es uno de los países con las cifras más altas de violencia contra la mujer. "Se calcula que 40% de las mujeres venezolanas han sido, son o serán víctimas de algún tipo de violencia. Es decir: 4 de cada 10”, apunta. Sin embargo, advierte que la mayoría de los casos “pasan por debajo de la mesa porque no hay una política desarrollada para hacer investigación de muerte violentas de mujeres con perspectiva de género, lo cual excluye muchas veces la posibilidad de ser catalogados como feminicidios”.

Pese a ser considerado el país es más violento de América Latina, según el Observatorio Venezolano de Violencia, una oenegé que monitorea la evolución de la violencia en el país, desde 2009, las autoridades no publican cifras oficiales de crímenes. Respecto a femicidios, el reporte oficial más reciente fue de 96 femicidios en 2018, pero para las organizaciones son cifras poco creíbles porque hay problemas de subregistro o porque, para catalogar esos crímenes, no se atienden los estándares internacionales como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas por razones de género.

Cotejo.info, una organización periodística independiente, es una de las pocas que lleva un registro discriminado de la muerte de mujeres. De acuerdo con su monitoreo semanal de medios, 448 fueron asesinadas en Venezuela durante 2018 por diversos motivos, 10% por ciento más que el año anterior.

"Entre los móviles más frecuentes, resaltan el de Violencia de Género, con una tasa de 19.87 %, es decir, una de cada cinco mujeres", indica la organización. 35 de cada 100 femicidios en el país ocurrió a mujeres cuya edad oscilaba entre 25 y 45 años, resaltan en su último informe.

En 26.12 % de los asesinatos a mujeres en Venezuela se desconoce el motivo, también según cifras de Cotejo.info. Sin contar los casos que no son denunciados, o que no son clasificados bajo la premisa del femicidio (el asesinato de una mujer por razón de su género), un término que apenas se incorporó en la legislación venezolana en 2014, con la reforma de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LDMVLV).

En el estado Bolívar, donde fue asesinada Ángela, hace vida Codehciu, la única organización que monitorea desde 2017 la violencia con enfoque de género. Según su registro, entre diciembre y febrero de 2019, en los estados Bolívar y Monagas hubo 13 femicidios, aunque saben que no es la totalidad de los casos.

La directora de Codehciu, Mairis Balza, demanda que haya un monitoreo detallado y acceso a la información pública: “Necesitamos que se registren datos, sobre todo en estados fronterizos, sobre violencia armada contra la mujer. Se nota que ha incrementado en los últimos dos meses la violencia sexual”.

A través de un comunicado, más de 60 organizaciones, entre ellas la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y Cepaz, exigieron al Estado una investigación imparcial sobre el caso de Ángela, donde se apliquen los protocolos internacionales de investigación; y que la sociedad y los medios de comunicación no revictimicen a la joven, al añadirle responsabilidad a ella y a sus padres sobre lo ocurrido.

“Estamos en una sociedad profundamente machista, donde la violencia de género es tolerada. Si ves alrededor del caso, ves cómo se armó una matriz donde la culpabilizan por salir de noche, por irse con esos muchachos, la responsabilizan a ella y a los padres, y realmente aquí el culpable es el femicida, o una sociedad que no previene la violencia contra las mujeres", sostiene Beatriz Borges. "Cuando ves una sociedad tolerando la violencia por razones de género, te das cuenta que esto la perpetua, porque el primer paso contra la violencia de género es entender que ellos existen, y que tiene que ver en patrones históricos de desigualdad”.

Ángela quería estudiar psicología y “reparar al ser humano”, según cuenta Yerlis Yaguare, su madre.

Desde hace 20 años, la familia vive en un barrio obrero de San Félix, llamado Los Alacranes. Allí la madre montó una peluquería y en ese lugar Ángela había aprendido de estilismo.

Ahora la lucha de la familia es para que se haga justicia con Ángela que, además de a sus padres, al ser asesinada, dejó a dos hermanos de 6 y 19 años.