Con la aprobación de las enmiendas a la ordenanza migratoria, conocida también como la Propuesta A, la cual regula la colaboración de la policía estatal con ICE, las opiniones se han dividido. Por una parte, un líder del sindicato de la policía de Houston explica cómo cambiará la dinámica ante una detención; mientras tanto, los concejales que votaron en contra de las modificaciones expresan su inconformidad ante la exigencia del gobernador Greg Abbott.
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El Concejo de Houston aprobó las modificaciones propuestas por el alcalde John Whitmire a la Propuesta A, que regula la colaboración de la policía local con ICE. Tras tres horas de debate, se ratificó la versión revisada de esta polémica medida. No obstante, el gobernador Greg Abbott advirtió que los 114 millones de dólares destinados a la seguridad de la ciudad no se liberarán hasta que la policía comience a cumplir la ordenanza.
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Con cuatro votos en contra, el Concilio de Houston aprobó de emergencia la ordenanza migratoria enmendada de John Whitmire, una acción inmediata para resolver la disputa con el estado y reactivar más de 100 millones de dólares en financiamiento para seguridad pública.

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La oficial Ashley González, del Departamento de Policía de Houston, fue relevada de su cargo tras la difusión de un video en redes sociales donde realiza comentarios racistas. Al respecto, el sindicato de policías se declaró "perturbado" por las expresiones ofensivas y manifestó que se mantiene a la espera de la investigación.
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A una semana de aprobarse la ordenanza que limita las acciones de ICE en Houston , y tras la respuesta del gobernador Greg Abbott de congelar más de 110 millones de dólares en fondos de seguridad, este 21 de abril el alcalde John Whitmire hizo pública una propuesta de enmiendas a dicha iniciativa. Los cambios serán considerados mañana por el Concejo Municipal con el fin de resolver el desacuerdo sobre la interacción de la policía estatal con las autoridades migratorias.
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El alcalde de Houston, John Whitmire, ha puesto sobre la mesa un debate fundamental para la seguridad pública y los derechos civiles: la implementación de la Proposición A. En sus declaraciones más recientes, Whitmire ha enfatizado que cualquier ajuste a esta medida debe pasar estrictamente por el filtro de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

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