La norma de carga pública: sus implicaciones y la lucha en su contra

SALT LAKE CITY, Utah – Mientras la norma de carga pública del DHS está prevista para entrar en vigor este 18 de septiembre, 22 estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración Trump con la intención de bloquear la norma que dificulta que los inmigrantes obtengan la green card o residencia permanente, o incluso ingresen al país en caso de depender de ayudas públicas.

Quienes están luchando contra la norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostienen que esta penaliza el uso de ayudas públicas a las que tienen derecho legal, tales como los vales de vivienda, los cupones de alimentos o Medicaid.

De ese modo, el temor de que les sea negada la residencia permanente en el futuro haría que los inmigrantes dejen de utilizar programas de asistencia pública para cubrir sus necesidades básicas.

La demanda destaca que, “ a medida que los hogares renuncien a su acceso legal a beneficios –tales como atención médica preventiva, asistencia nutricional y almuerzos escolares—, la salud pública, las economías locales, la educación pública y la seguridad pública se verán afectadas. La norma definitiva aumentará la prevalencia de enfermedades, elevará los costos de la atención médica y aumentará la pobreza”.

Esto afecta únicamente a migrantes legales, pues quienes no tienen documentos no tienen acceso a estos beneficios.

Carga pública y Utah

Voices for Utah Children (Voces por Utah Niñez) precisa que nuestro estado alberga 304,900 inmigrantes; de ellos, más de 21,300 son niños. Agrega estimaciones de que al menos 181,400 residentes nacidos en Estados Unidos viven con al menos un progenitor inmigrante.

Hay que recordar que en Utah, desde el 1 de enero de 2024, se ofrecen beneficios dentales y médicos para niños que no son ciudadanos estadounidenses, y se agrupan bajo la denominación CHIP estatal, el cual no está sujeto a la carga pública, y no afecta el estatus migratorio, precisó el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah.

El mismo añade: “Por ello, alentamos a todos, incluyendo los ciudadanos no estadounidenses, a buscar los servicios preventivos o de atención médica necesarios”.

El CHIP estatal cubre exámenes de bienestar, vacunas, visitas al doctor, atención hospitalaria y cuidado de emergencia, recetas, exámenes de audición y visión, servicios de salud mental y para el trastorno por consumo de sustancias y cuidado dental.

Vale la pena mencionar que, en este contexto, ocurre una demanda del Departamento de Justicia en contra de Hawái, Arkansas, el Distrito de Columbia y Utah, presentada el pasado 10 de septiembre, y a través de la cual, cuestiona las leyes que en esos estados permiten a estudiantes sin residencia legal pagar una matrícula como si fueran residentes.

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