MIAMI, Florida.- Los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán a partir de este viernes un cambio importante en la evaluación de sus solicitudes: el gobierno federal dará mayor margen a los funcionarios de inmigración para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública”.
Nueva regla de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre: ¿afecta tu Green Card en Miami?
La nueva regla amplía los factores que pueden evaluar los funcionarios al decidir si alguien es una carga pública.
Video Hablemos de Inmigración: nueva regla de carga pública afecta la petición de residencia de familiares
La nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y modifica la manera en que se analiza el uso o solicitud de determinados beneficios públicos en algunos trámites para obtener una visa o ajustar el estatus migratorio.
Para miles de personas que viven en Miami-Dade y están preparando una solicitud de residencia, el cambio genera una pregunta inmediata: ¿recibir Medicaid, cupones de alimentos o ayuda para la vivienda puede impedir obtener la Green Card?
La respuesta no es automática.
La nueva regulación establece que la recepción de beneficios públicos será solamente uno de los elementos que los funcionarios pueden evaluar dentro del conjunto de circunstancias de cada solicitante. El análisis también puede incluir su edad, salud, situación familiar, recursos económicos, bienes, ingresos, empleo, educación y habilidades.
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¿Qué cambia con la nueva regla de carga pública?
La administración del presidente Trump está eliminando la regulación de 2022, que establecía límites más específicos sobre los beneficios que podían tomarse en cuenta.
En su lugar, DHS devuelve a sus funcionarios un margen más amplio para considerar información relevante al determinar si una persona probablemente dependerá principalmente de recursos públicos en el futuro.
Eso significa que, a partir del viernes, pueden entrar en el análisis determinados beneficios sujetos a comprobación de ingresos que anteriormente estaban excluidos.
Entre ellos están programas como SNAP, conocido como cupones de alimentos; Medicaid y ciertos programas de salud financiados por el gobierno; WIC; asistencia para vivienda y otros beneficios sujetos a comprobación de recursos.
Pero recibir alguno de esos beneficios no significa por sí solo que una persona perderá o no podrá obtener la residencia.
La propia regulación señala que la recepción de beneficios no es, por sí misma, suficiente para determinar que alguien es una carga pública. Los funcionarios deben analizar las circunstancias particulares del solicitante.
La regla también es prospectiva. Para los beneficios que antes estaban excluidos, DHS establece que los recibidos antes del 18 de septiembre serán tratados bajo las reglas anteriores. Para las solicitudes de ajuste de estatus, la nueva regulación se aplica a los formularios enviados por correo o electrónicamente a partir de esa fecha.
Esto convierte al viernes en una fecha clave para quienes están preparando una solicitud de residencia.
¿Y si los beneficios los recibe un hijo ciudadano estadounidense?
Esta es una de las preguntas que puede generar mayor preocupación entre las familias de estatus migratorio mixto en Miami. La regla está enfocada en la persona que solicita la visa, la admisión o el ajuste de estatus, no en convertir automáticamente los beneficios recibidos por sus familiares en beneficios recibidos por el solicitante.
Sin embargo, DHS establece una excepción relacionada con la situación económica de la familia. Si un familiar al que el solicitante está legalmente obligado a mantener recibe beneficios debido a que los ingresos del solicitante están por debajo de determinado nivel, esa situación económica puede formar parte del análisis de los recursos y la situación financiera del solicitante.
Por eso, la nueva política no significa que los padres deban retirar automáticamente a sus hijos ciudadanos de programas de salud o alimentación.
Tampoco cambia las reglas de elegibilidad de Medicaid, SNAP u otros programas. La regulación migratoria determina cómo USCIS puede considerar esos beneficios dentro de una evaluación de inadmisibilidad; no elimina por sí misma el derecho de una persona que cumple los requisitos a solicitar un beneficio público.
Hay demandas para intentar detener la reglaLa entrada en vigor del viernes podría no ser el último capítulo. El lunes, 22 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania presentaron una demanda en un tribunal federal de Manhattan para intentar bloquear la nueva regulación. En una demanda separada participan varias ciudades y gobiernos locales, entre ellos Nueva York, Chicago y San Francisco.
Los demandantes argumentan que la nueva política puede generar incertidumbre sobre qué beneficios podrían perjudicar una solicitud migratoria y provocar que familias inmigrantes dejen de utilizar programas a los que tienen derecho.
El gobierno de Trump defiende la medida y sostiene que busca reforzar el principio de que los inmigrantes que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse por sí mismos.
Por ahora, la fecha prevista de entrada en vigor continúa siendo el 18 de septiembre.
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