Al menos 547 trabajadores firmaron una petición para que la compañía deje de hacer negocios con estos centros, en donde se han reportado hacinamiento, pésimas condiciones sanitarias y poco acceso a la atención médica, además de trato inhumano, criminalización y separación de las familias migrantes.

Entre disparos y bombas lacrimógenas, un grupo de oficiales ingresó a la institución en busca de los estudiantes que se manifestaban para exigir la salida del presidente Hernández y rechazar la privatización de la educación y la salud.

La asociación ofreció detalles sobre el nuevo recorte de 86 millones a la Universidad de Puerto Rico. La Cámara de Representantes discutió un nuevo presupuesto. Los líderes de la unión de profesores señalaron que este no beneficia a la universidad.

El Senado y la Cámara de Representantes discuten este martes la propuesta bipartidista que desembolsaría al gobierno 4,500 millones de dólares para, entre otros, albergar a los niños y familias inmigrantes, así como mejorar las condiciones en los centros de procesamiento. Sin embargo, activistas rechazan el proyecto ya que aseguran que habrá fondos destinados a ICE y a la Patrulla Fronteriza, agencias que ellos cuestionan por el trato que les han dado a los migrantes y cuyos centros han sido objeto de polémica recientemente.

El rector y las autoridades universitarias condenaron la respuesta represiva al interior del centro educativo y confirmaron que en ningún momento fue autorizado el ingreso de la policía a las instalaciones del campus. La Policía Militar justificó las acciones alegando que uno de sus compañeros había sido retenido por los estudiantes.

La delegación de Puerto Rico se prepara para deponer ante el Comité de Descolonización de la ONU. Luisa Sotero habló con el representante José Meléndez sobre su posición.