El Concejo Municipal de Jersey City aprueba un aumento del 15.5% en los impuestos a la propiedad para encarar un déficit financiero de 255 millones de dólares heredado de la administración anterior. La medida impulsada por el alcalde James Solomon generará unos 75 millones de dólares anuales, lo que significará un pago promedio de $51 dólares adicionales al mes para los contribuyentes. Sin embargo, la ciudad aún requiere 20 millones extra para equilibrar el presupuesto.

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El condado de Bexar presentó un presupuesto propuesto de $2,615 millones para el año fiscal 2026-27, que mantiene la tasa actual del impuesto a la propiedad. El plan contempla fondos para seguridad pública, carreteras, infraestructura y otros servicios para los residentes.

Previo al regreso a clases en Filadelfia, familias acuden a una iniciativa de organizaciones y la comunidad para adquirir útiles a precios accesibles, ya que los altos costos dificultan a los padres su compra. Asimismo, los tutores expresan su profunda preocupación por el rumbo de la educación en el estado debido a los constantes recortes y problemas presupuestarios.

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El Concejo Municipal de Austin aprobó un presupuesto de aproximadamente $6,600 millones para el año fiscal 2026-27, un aumento de 4.8% respecto al año anterior. El plan contempla un incremento en el impuesto a la propiedad y mayores costos para algunos servicios públicos.

El departamento de justicia prevé otorgar casi 300 millones de dólares entre 2 a 4 ciudades, CMPD busca el respaldo del Concejo y las autoridades del condado para competir por esos fondos, para defensores de inmigrantes la propuesta reabre las heridas que dejó Charlotte's Web. Los fondos podrían financiar personal, drones, lectores de matrículas, inteligencia artificial, salud mental, prevención juvenil y servicio para víctimas. La fecha límite para la primera fase es el 1 de septiembre.

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El Fiscal General de California, Rob Bonta, confirma que el estado mantiene 82 demandas contra la administración Trump para defender derechos ciudadanos y fondos públicos. La estrategia legal busca impedir el uso de datos de Medicare para fines migratorios, proteger la ciudadanía por nacimiento y frenar recortes en ciudades santuario. Según el Departamento de Justicia Estatal, esta acción judicial resguarda más de 200 mil millones de dólares en recursos para educación y salud.

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