Pablo Gato

Dorian ha sido designado por la agencia como una emergencia nacional de máximo nivel, el 1. El foco de la preparación de las autoridades es Florida, pero también colocan la mirada en las Carolinas y en Georgia.

Unos 1,500 trabajadores firmaron un documento exigiendo que la empresa no se relacione con las políticas migratorias del gobierno de Trump, después de que se revelara que la compañía tendría un contrato a través de terceros para proveer servicios a USCIS. Se trataría de temas de almacenamiento de datos en línea.

Aunque el Estatus de Protección Temporal había sido ampliado para las personas de estas nacionalidades, todo podía cambiar repentinamente si las cortes decidían cancelar el programa. En ese caso, los activistas preveían un caos para muchos si, por ejemplo, la decisión ordenaba que en 30 días los afectados abandonaran el país, pero los tribunales han obligado al Departamento de Seguridad Nacional a básicamente convertir en inamovible la fecha del 2 de enero.

El excongresista ultraconservador sostiene que el presidente "miente cada vez que abre la boca" y que no tiene ni idea lo que hace. Además, asegura que la mayoría de los republicanos en el Congreso se oponen al mandatario, pero no se atreve a decirlo en público.

Una nueva medida de la administración Trump, que entrará en vigor el próximo 26 de agosto, hará que estos casos no se tengan en cuenta en un tribunal, sino que los tramite el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Por su parte, activistas aseguran que esto viola los derechos garantizados en la Constitución y que se espera que organizaciones proimigrantes entablen una demanda contra la iniciativa.

Estas empresas recogen una enorme cantidad de información de cada persona y luego la venden, algo que hace mucho más efectiva la labor de ICE. Entre los datos que facilitan están los correos electrónicos, textos telefónicos, récords de llamadas e imágenes de cámaras que hayan registrado matriculas de conducir. Según The Washington Post, 200 trabajadores de una de esas entidades protestaron por la colaboración con las autoridades de Inmigración.