Tras varios meses de negociaciones, miembros del sindicato de trabajadores comerciales y de alimentos dieron luz verde para iniciar un paro si no se llega a un acuerdo positivo en temas contractuales antes del 10 de julio.

Manifestantes consideran que algunas leyes recientemente aprobadas son discriminatorias y dificultan que comunidades como la hispana puedan participar en los sufragios.

El Senado y la Cámara de Representantes discuten este martes la propuesta bipartidista que desembolsaría al gobierno 4,500 millones de dólares para, entre otros, albergar a los niños y familias inmigrantes, así como mejorar las condiciones en los centros de procesamiento. Sin embargo, activistas rechazan el proyecto ya que aseguran que habrá fondos destinados a ICE y a la Patrulla Fronteriza, agencias que ellos cuestionan por el trato que les han dado a los migrantes y cuyos centros han sido objeto de polémica recientemente.

Este domingo, activistas e inmigrantes se dieron cita frente al edificio de Inmigración para decirle a esa comunidad que no está desamparada. Durante la manifestación, en la que se rechazó el ultimato del mandatario, se resaltó la importancia de que durante estas dos semanas en las que se aplazaron los operativos, las personas con riesgo de detención se informen sobre sus derechos.

Un grupo de activistas se presentaron en la cárcel de Yuba City para pedir por los derechos de los inmigrantes que permanecen en centros de detención.

Estos familiares y activistas exigieron los reportes de las muertes de sus familiares, porque aseguran que podrían ser casos de abuso de la fuerza por parte de los uniformados.