La decisión de la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida de prohibir la matriculación de estudiantes indocumentados en las universidades públicas a partir del ciclo 2027-2028 ha provocado incertidumbre, rechazo e indignación entre la comunidad estudiantil, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes.

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Una nueva ley en el estado de Nueva York prohíbe formalmente a policías, alguaciles y cárceles locales asumir funciones de ICE para hacer cumplir normativas civiles de inmigración. La medida elimina los acuerdos 287(g) y el uso de prisiones locales como centros de detención migratoria, permitiendo la colaboración federal únicamente en investigaciones de delitos penales. Pese a que 15 alguaciles demandaron al estado, un juez federal rechazó suspender temporalmente la prohibición.

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La Ley de Policías Locales para Delitos Locales de Nueva York prohíbe que policías locales firmen acuerdos con ICE y limita la cooperación para tareas migratorias civiles.

La problemática alrededor de los campamentos de personas en situación de calle en Los Ángeles gira en torno a tensiones legales, de salud pública y de derechos humanos entre autoridades, residentes y activistas. La aplicación de la ordenanza local 41.18 prohíbe el acampe en áreas cercanas a escuelas y parques. Tras la decisión de la Corte Suprema, las autoridades locales tienen mayor margen legal para retirar campamentos y sancionar el acampe en la vía pública, incluso ante la falta de refugios.

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La propuesta elimina las razones específicas que actualmente establece la ley y dejaría la decisión en manos del criterio profesional del médico

La gobernadora Kathy Hochul firmó la ley que permite la eutanasia en Nueva York a partir del 5 de agosto para pacientes con enfermedades terminales. La norma exige que la persona sea adulta, residente del estado, tenga un pronóstico menor a seis meses de vida y administre el fármaco por su cuenta. Además, el protocolo requiere la aprobación de dos médicos y un especialista en salud mental para garantizar que la decisión sea voluntaria y libre de presiones externas.

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