¿Qué es la Ley de Confianza Comunitaria de Maryland y por qué 17 sheriffs la demandan por limitar la cooperación con ICE?

En Maryland, una ley llevó a la rebelión de 17 sheriffs, quienes demandaron al gobernador demócrata del estado, Wes Moore, porque se les prohíbe colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para canalizar a extranjeros indocumentados.

Se trata de la Community Trust Act o Ley de Confianza Comunitaria, a la que han denominado regulación "santuario".

Liderados por Jeffrey R. Gahler, representante del condado de Harford que está en campaña de reelección, los demandantes acusan que la norma es inconstitucional y "pone en riesgo la seguridad pública de todos los estadounidenses". Todos los denunciantes son republicanos.

La demanda, presentada a finales de mayo y que también alcanza al fiscal Anthony Brown y al propio estado de Maryland, sitúa a los sheriffs en una encrucijada: cooperar con ICE y exponerse a demandas civiles, o acatar la ley y cometer un delito federal de encubrimiento por "ocultar" a extranjeros con antecedentes.

"Esta ley prohíbe la cooperación esencial entre las fuerzas del orden locales, estatales y federales. Un mandato de este tipo no solo está mal encaminado, sino que crea riesgos graves para la seguridad de las comunidades de Maryland", dijo Gahler el 27 de mayo en conferencia.

"Nuestra responsabilidad es proteger al público, y no podemos permanecer en silencio cuando las políticas socavan ese deber", acusó.

Aunque han pasado unas semanas desde que se interpuso la demanda, las tensiones escalaron este sábado 20 de junio, cuando el sheriff del condado de Montgomery, Maxwell C. Uy, entregó a una persona a ICE sin orden judicial, violando la ley.

La presidenta del consejo del mismo condado, Natali Fani-González, criticó a Uy y recordó que ella impulsó una normativa similar en su jurisdicción.

"Como inmigrante que ha enfrentado la amenaza de la deportación, conozco de primera mano el miedo con el que viven muchas familias", señaló la funcionaria de origen venezolano sobre el caso ocurrido el 18 de junio.

Posteriormente, Uy admitió que su actuación fue "inapropiada" y prometió corregirlo. Precisó que los agentes recibieron una solicitud de detención del ICE después de que la persona fuera considerada un "riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública". No obstante, aclaró que su oficina no respalda la demanda de sus 17 colegas y afirmó que nunca ha perseguido a inmigrantes por su estatus.

Los 17 sheriffs piden una orden judicial preliminar y permanente para frenar la Ley de Confianza Comunitaria. Alegan que, si sigue vigente, se verán forzados a liberar a extranjeros con antecedentes penales, exponiendo a sus comunidades y arriesgando la pérdida de fondos federales del programa de Asistencia Estatal para Extranjeros Criminales (SCAAP).

Bajo ese panorama, en N+ Univisión te explicamos punto por punto la legislación y las claves del debate.

Debido a que el conflicto tiene su origen en una norma concreta, conviene desglosar sus prohibiciones y excepciones con claridad.

¿De qué se trata la Ley de Confianza Comunitaria?

El 13 de abril de 2026, la Asamblea General de Maryland aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 791 (SB 791), del senador demócrata Clarence Lam, como legislación de emergencia. La norma entró en vigor el 22 de mayo sin la firma del gobernador Moore, al no ser vetada en el plazo constitucional de 30 días.

La Community Trust Act convierte a Maryland en jurisdicción santuario al prohibir a policía y cárceles colaborar con ICE, salvo excepciones, con el objetivo de desvincular a los agentes locales del sistema de deportación federal.

La ley impone a cárceles y a la policía las mismas prohibiciones. No pueden preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, ni detenerla o alargar su detención para investigarlo.

Tampoco pueden notificar a ICE, retener a alguien o transferirlo sin una orden judicial. Las órdenes administrativas del gobierno federal no cuentan como órdenes judiciales válidas. Y tampoco pueden coaccionar a un detenido por su situación migratoria.

La única excepción es que sí pueden preguntar sobre el estatus si es información clave para una investigación criminal o si es relevante para una protección legal.

Estas restricciones se levantan en ciertos casos. Si una persona está condenada por un delito grave en Maryland, por un delito sexual que requiera registro, por un delito que haya recibido pena de prisión estatal en Maryland, o por un delito en otro estado con una condena de al menos cinco años, entonces las cárceles sí pueden notificar a ICE, retener al detenido y transferirlo a las autoridades federales.

Además, hay una regla especial para las cárceles estatales (no para las locales, que son operadas por los sheriffs). Estas deben avisar por escrito a ICE con 48 horas de anticipación antes de liberar a alguien que tenga una orden de detención migratoria activa.

La ley habilita al fiscal general o a cualquier afectado a demandar su cumplimiento, permitiendo a los tribunales dictar medidas cautelares y conceder daños. Para despejar dudas, la oficina del fiscal Brown emitió directrices para las agencias policiales el 15 de junio, de acuerdo con FOX45 News.

Según el dictamen, las autoridades migratorias federales ( ICE, CBP y USCIS) son las principales, pero la ley no restringe comunicaciones relacionadas con investigaciones penales: los agentes pueden compartir información en casos penales y en grupos de trabajo conjuntos, pero tienen prohibido hacerlo para fines de inmigración civil.

Los agentes deben verificar que cualquier solicitud esté vinculada a una investigación penal legítima antes de compartir datos, ya que las actividades migratorias suelen mezclar asuntos civiles y penales.

Ahora bien, la atención fundamental se ha centrado en la demanda y en las razones que esgrimen los sheriffs.

¿Qué dice la demanda de los 17 sheriffs?

El 26 de mayo, los 17 sheriffs, representados por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), presentaron la impugnación a la Ley de Confianza Comunitaria ante el Tribunal de Distrito de Maryland, División de Greenbelt.

Los demandantes sostienen que la norma los coloca entre la espada y la pared: o acatan y se exponen a procesos penales federales por encubrimiento u obstrucción, o desafían y enfrentan demandas civiles del estado y de activistas, que ya han anunciado su intención de usar el derecho de acción privado que la propia ley crea.

Los sheriffs se basan en la Cláusula de Supremacía con los siguientes argumentos:

-Imposibilidad de cumplir ambas normas. La ley de Maryland prohíbe entregar inmigrantes a ICE, notificar su presencia o compartir información, pero el Código Penal Federal castiga "ocultar, encubrir o proteger de la detección" a un indocumentado. Obedecer al estado implica cometer un delito federal. Citan precedentes como el del sheriff James R. Metts (Carolina del Sur, 2014), condenado por anular detenciones de ICE, o el de la jueza Hannah Dugan (Wisconsin, 2025), por obstrucción.

- Frustración del esquema federal. El Congreso diseñó el sistema migratorio esperando cooperación local, mediante detenciones migratorias y acuerdos 287(g). Al levantar un muro a esa cooperación, Maryland socava los propósitos federales. El Cuarto Circuito ya anuló leyes similares en United States v. South Carolina (2013).

- Prohibición expresa del Congreso. Existen leyes federales que ordenan que ningún estado puede restringir el intercambio de información migratoria con autoridades federales. La nueva ley estatal choca con ese mandato. El informe del Congreso de 1996 buscaba "prohibir cualquier restricción a la policía local en sus comunicaciones con las autoridades federales de inmigración, incluyendo el paradero de los extranjeros indocumentados".

- Injerencia en operaciones federales. La ley exige una "orden judicial" para colaborar con ICE, pero el sistema federal opera con órdenes administrativas, no judiciales. Imponer ese filtro es, según los demandantes, una regulación ilegal de la actividad federal, violando la inmunidad intergubernamental.

La negativa a colaborar con el ICE adquiere todo su sentido cuando se repasa el mecanismo legal que tradicionalmente había permitido esa cooperación a nivel local.

¿Qué es el programa 287(g)?

El programa 287(g) es un acuerdo federal que otorga a policías y sheriffs locales poderes migratorios que normalmente no tienen, según una explicación de Immigrant Legal Resource Center (ILRC).

La iniciativa nació en 1996 con la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal, pero el primer acuerdo se firmó en 2002, tras el 11-S, con el Departamento de Policía de Florida.

Bajo este programa, agentes locales pueden detener, interrogar, arrestar y transportar a personas por violaciones migratorias, funciones exclusivas de ICE. Existen tres modelos principales:

-Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto: poderes limitados.

-Control en Cárceles: más facultades, pero solo en instalaciones correccionales.

-Grupo de Trabajo: el más amplio, convierte a oficiales locales en agentes federales con plenas facultades.

Una agencia firma un contrato con ICE, los oficiales reciben entrenamiento y quedan facultados para actuar como agentes federales, financiado con presupuestos locales. El ILRC advierte que el programa aumenta el riesgo de arresto, detención y deportación, y puede llevar a discriminación racial.

Maryland ya había prohibido acuerdos 287(g), pero la cooperación informal continuó, por lo que los demócratas impulsaron la Community Trust Act para cerrar ese vacío.

Todo este entramado legal cobra actualidad mientras las detenciones aumentan y los defensores de la ley se han manifestado.

Miles de arrestos y la defensa de la ley

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, los agentes de inmigración han hecho miles de arrestos en Maryland, más del triple que en el mismo periodo bajo el gobierno de Joe Biden.

Casi el 75% de estos casos ocurrieron en la comunidad (lugares de trabajo, zonas residenciales), no en cárceles, según datos publicados por New York Times.

Sheriffs y activistas coinciden en que la cooperación informal continuó pese a la prohibición de acuerdos formales, lo que llevó a la nueva ley para impedir cualquier colaboración.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Maryland defiende la ley como esencial para recuperar la confianza en los barrios, ya que al exigir orden judicial, evita desviar recursos locales a tareas federales.

Según la organización, la cooperación informal enviaba cuatro veces más personas al ICE que los acuerdos formales, provocando que los residentes temieran llamar a la policía, dejando delitos sin denunciar.

ACLU apuntó que, en 2025, cuatro de cada cinco detenidos por ICE en cárceles locales no tenían antecedentes penales, desmontando el mito de criminales peligrosos.

Además, subrayó que ICE tiene bases de datos y recursos federales para actuar sin ayuda local, por lo que la ley no impide deportaciones, sino que limita operativos callejeros agresivos y garantiza que el sistema de justicia de Maryland se centre en la protección ciudadana y el respeto a garantías constitucionales.

Mientras tanto, todo queda en manos de los jueces, que deberán decidir si Maryland puede mantener su propio camino en materia migratoria o si debe plegarse al esquema federal de la administración Trump, cuya ofensiva migratoria fue una promesa de campaña.