Jorge Cancino

En los dos primeros años de gobierno Joe Biden ha emprendido más acciones ejecutivas que su antecesor Donald Trum para recuper el debido proceso. Pero los esfuerzos encaminados por la Casa Blanca se ven opacados por el tamaño de la crisis en la frontera, un problema que en vez de achicarse se agrandó en 2022.

Los demócratas recuerdan al presidente que hace cuatro décadas el Senado codificó por unanimidad las protecciones de la Convención de Refugiados de 1951. Y que el Congreso “también dejó en claro que buscar asilo en la frontera, ya sea en un puerto de llegada designado o no, es legal”.

La medida favorece casos donde el gobierno requiera la presentación de evidencias adicionales en un proceso de aprobar o no una petición de beneficio migratorio y también en casos de apelaciones (formulario 290-B) a decisiones adversas que haya tomado o emitido el servicio de inmigración.

En la demanda de 39 páginas presentada ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, los estados alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.

Dos años después de recibir una tarjeta verde condicionada, cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, y de titulares de visas de inversionista tipo EB-5, deben pedir el retiro de las restricciones. Si no lo hacen, pierden el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

USCIS dijo que para solicitar un permiso de trabajo basado en la categoría de elegibilidad (c) (8) (asilados) se puede presentar el formulario I-765 en un lapso de 150 días después de haber presentado la solicitud de asilo, es decir, el formulario I-589. En ningún caso puede presentarse antes.