Se detalló que también propone el aumento del uso de cámaras corporales en agentes migratorios.

María de Jesús Estrada fue a una cita con inmigración porque estaba tramitando su residencia en febrero y al siguiente día la deportaron. Su hija, Damaris Bello, ciudadana estadounidense, pide el regreso de su madre quien era beneficiaria de DACA. Legisladores y activistas proinmigrantes condenan acciones del gobierno federal contra esta comunidad.

También puedes ver: Dudas de inmigración: Licencias para conductores, problemas con DACA y permisos para trabajo en el campo

Miles de transportistas enfrentan la pérdida de su sustento tras la negativa del gobierno a renovar las licencias comerciales. Beneficiarios de DACA, asilo y refugio se encuentran en problemas por nuevas políticas de deportación. Además, nuevas disposiciones del Departamento de Agricultura bajan el salario mínimo para los trabajadores agrícolas, impactando negativamente tanto a indocumentados como a residentes.

Te recomendamos. Niegan licencias comerciales a inmigrantes: Empresarios preparan desafíos legales contra nueva norma

María Estrada entabló una demanda ante una corte Federal tras su expulsión fulminante a México durante una cita de residencia. La acción legal acusa al Gobierno Federal de violar sus derechos constitucionales y el debido proceso, ya que contaba con protección vigente de DACA al momento de su detención. La defensa exige la corrección de este error jurídico mientras líderes políticos en California se unen al reclamo para lograr su retorno inmediato al país.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pone en marcha el "Plan Escudo Fronterizo" mediante el uso de maquinaria pesada para excavar zanjas y levantar barreras. Esta iniciativa busca sellar la frontera con Perú y cumplir sus promesas de campaña sobre el control estricto de la inmigración irregular. El nuevo Gobierno acelera también los procesos de expulsión de personas indocumentadas, marcando un giro radical en la política migratoria y la seguridad territorial de la nación andina.

Organizaciones civiles y dueños de flotas alistan demandas para frenar la restricción que impide a los inmigrantes obtener o renovar licencias comerciales. Los críticos aseguran que la medida carece de relación con la seguridad vial y solo agrava la escasez de choferes en la nación. Mientras los tribunales evalúan los retos legales, miles de familias enfrentan un futuro incierto y algunas empresas de carga pierden ya al 10% de su base de empleados por estas cancelaciones.