La necesidad de muchas personas de regularizar su estatus migratorio, en medio del temor generado por las políticas de la administración Trump, ha llevado a varias de ellas a caer en manos de inescrupulosos. Una madre venezolana, que fue liberada junto a su hijo, denunció haber pagado miles de dólares a un hombre que resultó ser un fraude, ya que no era abogado, sino notario. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

Este jueves se llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas de la compañía tecnológica Palantir, en Palo Alto, empresa que ha sido contratista del gobierno de Estados Unidos por más de una década. La protesta se centró en el desarrollo de una plataforma llamada ImmigrationOS, diseñada para monitorear y rastrear inmigrantes con el objetivo de facilitar deportaciones. Hasta el momento, ni ICE ni Palantir se han pronunciado al respecto.

Comerciantes y trabajadores de la plaza comercial Westside denuncian que agentes federales llegaron nuevamente al lugar sin previo aviso, dejando no solo detenidos, sino también miedo y zozobra. “Inmigración ha caído aquí tres veces y nos ha afectado mucho económicamente”, afirma María Quiroz, propietaria de una tienda. Incluso algunos clientes evitan ir a comprar alimentos ante el temor de ser arrestados.

Este miércoles se reportaron dos detenciones por agentes de ICE afuera de una corte de Inmigración en San Francisco. El hecho ocurre un día después de que 30 manifestantes intentaran bloquear el traslado de al menos dos inmigrantes que habían sido arrestados en Concord.

El restaurante Annie’s Café se quedó sin personal este martes tras recibir advertencias de posibles operativos migratorios. Según informes, desde el sábado se registraron llamadas de un supuesto agente de policía de Inmigración exigiendo información de los trabajadores hispanos, pero al parecer todo era un fraude.

El condado de Kern vuelve a tener el foco de atención tras conocerse que CoreCivic, empresa contratista de prisiones privadas, planea reactivar una antigua cárcel estatal para convertirla en un nuevo centro de detención para inmigrantes. Según informes, sería un megacentro con capacidad para más de 2,000 camas.