María llegó ilegalmente a Estados Unidos con sus hijos antes de que se implementara la política de 'tolerancia cero'. La inmigrante denunció que autoridades migratorias le plantearon enviarla sola de regreso a El Salvador, de donde huyó después de que balearan a dos familiares, pero ella se negó.

El grupo de diplomáticos entró a las instalaciones para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores. Los cónsules que realizaron la visita fueron los de El Salvador, México y Guatemala. El centro de detención se encuentra ubicado en los límites de Channelview, el cual es administrado por la organización sin fines de lucro Southwest Key.

Un gran número de personas, acompañadas y apoyadas por el senador Bob Menéndez, se dieron cita para manifestar su preocupación por el futuro de los niños que ya fueron separados de sus padres.

El representante Adriano Espaillat lideró el equipo de funcionarios que tuvo la oportunidad de ingresar al centro de detención para constatar el estado y las condiciones en las se mantienen el grupo de 239 niños que fueron separados de sus familias en la frontera.

Desde Texas, Nery Mendoza intenta que el gobierno le entregue a sus sobrinos Brihana y Brady, de 10 y 6 años, enviados a un refugio en Nueva York, mientras que la madre de los niños está recluida en un centro migratorio en Washington. Madre e hijos no han logrado comunicarse sino a través de su tía, que se ha convertido en el puente en un proceso incierto.

Thomas Wenski, arzobispo de Miami, asegura que el fin del TPS perjudicará a miles de inmigrantes y esto provocará una nueva crisis migratoria. Por otro lado, un grupo de activistas, con el apoyo de la iglesia, piden que no se acabe con el Estatus de Protección Temporal.