El gobierno del presidente Donald Trump envió a 261 inmigrantes a El Salvador, a quienes señala de ser presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13, a pesar de la orden del juez federal James E. Boasberg que bloqueó temporalmente la salida de esos vuelos. Este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó la validez de la orden judicial. También puedes ver: Las imágenes del traslado de más de 200 supuestos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador desde EEUU.

El gobierno del presidente Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente las prohibía. Los vuelos ya estaban en el aire al momento de la decisión judicial.

Según expertos legales, las deportaciones hechas por el gobierno de eTrump en base a la Ley de Enemigos Extranjeros, potencialmente rompen varias leyes vigentes, lo que podría hacerlas nulas. Estos son los estatutos potencialmente violados por el gobierno de Trump.

Franco José Caraballo Tapia, un barbero venezolano de 26 años, se presentó a su cita de inmigración el pasado 3 de febrero en Dallas, Texas, y fue detenido por agentes de ICE. Su esposa Johanny Sánchez cree que puede estar entre los más de 200 deportados a El Salvador que son señalados por el gobierno de Trump como presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13. Según el abogado del hispano, su cliente no tiene antecedentes criminales. Te puede interesar: ¿Trump desafió una orden judicial al enviar a presuntos criminales a El Salvador? Expertos explican

El abogado de inmigración y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, David Leopold, responde a esa pregunta y explica qué errores pueden costarle a un inmigrante ser imputado con un cargo criminal.

La doctora Rasha Alawieh, una ciudadana libanesa con visa H-1B, fue detenida la semana pasada al llegar al Aeropuerto Internacional Boston-Logan, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión.