El alguacil del condado Polk propone crear una vía legal para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, en medio del debate sobre deportaciones masivas. Argumenta que quienes trabajan, no cometen delitos y contribuyen a la economía deberían tener una oportunidad de regularizar su estatus. La propuesta será elevada a líderes federales para su evaluación.

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Juan Ramírez, es un inmigrante mexicano que necesita urgentemente un trasplante de hígado. Su esposa murió por cáncer, y ahora solo le queda su hija de ocho años, quien también enfrenta problemas de salud. Su mayor anhelo es poder quedarse con la niña, ya que el hombre está en riesgo de deportación.

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Así le dijo Gerardo Postigo a su hija mayor minutos después de dejar a sus hermanitos en la escuela y antes de ser detenido por agentes de ICE. Sus hijos, dice su esposa, “todos los días se levantan y lloran”, mientras esperan volver a verlo fuera de custodia.

María de Jesús Estrada fue a una cita con inmigración porque estaba tramitando su residencia en febrero y al siguiente día la deportaron. Su hija, Damaris Bello, ciudadana estadounidense, pide el regreso de su madre quien era beneficiaria de DACA. Legisladores y activistas proinmigrantes condenan acciones del gobierno federal contra esta comunidad.

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Al ser enviados de vuelta a El Salvador, algunos ciudadanos son llevados directamente a prisión, donde permanecen incomunicados y sin derecho a un debido proceso judicial, por lo que organizaciones de derechos humanos acusan estas detenciones arbitrarias.

Una modificación a la ley en Texas entró en vigor el 5 de marzo y exige a extranjeros presentar prueba de presencia legal en Estados Unidos para matricular vehículos o renovar placas por primera vez en el Departamento de Vehiculos de Motor en Texas. La medida generó temor entre inmigrantes por posibles detenciones de ICE.

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