Por las deplorables condiciones de sus apartamentos, un propietario de edificios en Manhattan repite este año el deshonroso primer lugar de los peores caseros de la Ciudad de Nueva York, según lista publicada por el Defensor del Pueblo. Johnathan Santana acumula casi 3,300 infracciones en sus inmuebles. Los inquilinos advierten que los lugares en los que viven tienen malos olores, inundaciones y hasta alta concentración de monóxido de carbono, entre muchos otros inconvenientes.

La defensora del pueblo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Phyllis Coven, entregó su informe anual al Congreso y aseguró que “no hay mayor barrera para el proceso de inmigración que los atrasos que actualmente enfrenta el USCIS”. La funcionaria además dijo que hay que revisar las tarifas de los procesos migratorios y aumentar los servicios en línea. Más noticias en Univision.

El político que se enfrentó a Joseph Borelli y David Balkind fue elegido este martes con más del 77% de los votos escrutados. En su discurso dijo que seguirá luchando por los derechos de los inquilinos e incrementando esfuerzos para enfrentar la crisis de salud mental que afecta a la ciudad.

El defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, planea presentar su propuesta este jueves ante el Concejo Municipal. La medida busca permitir que residentes de edificios de vivienda pública puedan hacer recomendaciones sobre las necesidades para mejorar el sistema y cambios en las políticas. El grupo de trabajo tendrá nueve miembros.

Cientos de neoyorquinos acuden a las urnas este martes para determinar quién va a reemplazar a Letitia James, luego de que ella juramentara como fiscal general del estado. Son 17 los candidatos los que se disputan esta posición, entre los que se encuentran tres hispanos.

La Junta Electoral de la ciudad rechazó la presencia de estos funcionarios en los lugares de las urnas y presentó una demanda para que se mantengan a 100 pies de distancia de las estaciones de votación. Sin embargo, concejales, líderes comunitarios y representantes de grupos civiles han expresado su desacuerdo con la medida argumentando que se pone en riesgo el derecho al voto informado.