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Universidades

Una de las mayores compañías de préstamos estudiantiles llevaba a deudores a incurrir en más costos, según una auditoría del gobierno

El Departamento de Educación concluyó en una evaluación que Navient Corp. había llevado a decenas de miles de sus clientes a tomar planes de pago más caros. Cinco estados la habían demandado por usar prácticas injustas y abusivas. Navient disputa los hallazgos.
22 Nov 2018 – 7:43 PM EST

Una de las compañías más grandes del país en préstamos estudiantiles pudo haber llevado a decenas de miles de prestatarios a planes de pago más costosos. Eso fue lo que encontró una auditoría del Departamento de Educación (DOE) sobre Navient Corp., la tercera compañía de servicios de préstamos estudiantiles más grande del país.

Las conclusiones de la auditoría de 2017, que hasta ahora no eran públicas, fueron obtenidas en exclusiva por la agencia The Associated Press. Respaldan las demandas federales y estatales que acusan a Navient de aumentar sus ganancias al guiar a algunos prestatarios a planes de alto costo sin discutir opciones menos costosas.

El Departamento de Educación no ha compartido los resultados de la auditoría con los demandantes en los juicios. De hecho, aún cuando conocía sus conclusiones, argumentó repetidamente que el Estado y otras autoridades federales no tienen jurisdicción sobre las prácticas comerciales de Navient.


"La existencia de esta auditoría hace que la posición del Departamento de Educación sea aún más perturbadora", dijo Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal Estudiantil, quien trabajó para el DOE bajo la Administración del expresidente Barack Obama.

La AP recibió una copia de la auditoría de parte de la oficina de la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, quien ha criticado a Navient y ha apoyado públicamente las demandas contra la compañía. Además cuestiona las políticas del DOE, actualmente dirigido por la secretaria de Educación del presidente Donald Trump, Betsy DeVos.

Navient disputó las conclusiones de la auditoría en su respuesta al DOE y negó las acusaciones en los juicios. La empresa dice en su defensa que su contrato con el Departamento de Educación no requiere que sus representantes de servicio al cliente mencionen todas las opciones disponibles al prestatario.

"Esta (auditoría), cuando se considera como un todo, así como docenas de otras auditorías y revisiones, muestra que Navient se desempeña de acuerdo con las reglas del programa y al mismo tiempo ayuda a los prestatarios a elegir las opciones adecuadas a sus circunstancias", dijo Paul Hartwick, portavoz de la empresa.

Sin embargo, los cinco estados que demandan a Navient (Illinois, Pennsylvania, Washington, California y Mississippi) dicen que el comportamiento viola sus leyes de protección del consumidor. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por su sigla en inglés) dice en su propia demanda que las prácticas son injustas, engañosas, abusivas y violan las leyes federales de protección al consumidor.

El Departamento de Educación dijo que retener el informe fue intencional, repitiendo el argumento que ha presentado en la corte y en público de que solo tiene jurisdicción sobre los problemas de servicio de préstamos estudiantiles, a través de su división de Ayuda Federal para Estudiantes, o FSA, que supervisa los préstamos.

Cuando los prestatarios estudiantiles tienen dificultades para realizar los pagos, se les puede ofrecer una indulgencia, lo que les permite retrasar los pagos por un período de tiempo determinado. Pero bajo un plan de indulgencia el préstamo continúa acumulando intereses y se convierte en una opción más costosa a largo plazo.

La CFPB alega en su demanda contra Navient que entre 2010 y 2015, el comportamiento de la empresa sumó casi 4 mil millones de dólares en intereses a los préstamos de los estudiantes por el uso excesivo de la indulgencia. Navient disputa esa figura.

Un estudio de 2017 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estima que un prestatario típico de un préstamo estudiantil de 30,000 dólares que pone su préstamo en prórroga por tres años (el máximo permitido) pagaría un interés adicional de 6,742 dólares.

Los auditores del DOE escucharon alrededor de 2,400 llamadas de prestatarios seleccionadas aleatoriamente de 2014 a 2017 de un lote de 219,000. En casi una de cada 10 de las llamadas examinadas, el representante de Navient no mencionó otras opciones, incluido un tipo de plan que calcula el monto de un pago mensual que el prestatario puede pagar en función de sus ingresos.

No hay un registro público de cuántos prestatarios con dificultades atendidos por Navient pueden haberse visto afectados. Según datos de Navient y de la auditoría, el número podría ser alrededor de 76,200.

El informe del DOE hace recomendaciones sobre cómo Navient podría corregir sus prácticas, pero no menciona requisitos o sanciones a la empresa.

En respuesta, Navient señaló que nueve de cada 10 prestatarios en las llamadas recibieron todas sus opciones y que esta auditoría es solo una parte de una historia más amplia. Las acciones de Navient cayeron abruptamente después de que la AP publicara su informe.

Seth Frotman, quien era el funcionario gubernamental de mayor rango a cargo de los préstamos estudiantiles, renunció en agosto en protesta por la forma en que el DOE y el Departamento de Protección Financiera del Consumidor, controlado por Trump, estaban manejando el tema de los préstamos estudiantiles. Dijo que la respuesta de Navient fue indignante.

"En resumen, Navient, cuando se enfrenta a evidencia de sus malas prácticas, le dice al gobierno: 'Páguenos más o váyase'. Y parece que el Departamento de Educación se fue", dijo Frotman.

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