Congresista propone exigir a universidades que el expediente académico registre si estudiantes han estado involucrados en agresiones sexuales

Una congresista estadounidense presentó un proyecto de ley para que las universidades que expulsen a estudiantes sospechosos de agresiones sexuales dejen por escrito esa información en las transcripciones académicas de los agresores, tal y como hacen cuando echan a alguien sorprendido haciendo trampa en exámenes o plagiando trabajos.

Defensores de las víctimas de abuso sexual dicen que esa información es vital para que los agresores no sean admitidos en otros campus sin que sus universidades sepan el potencial riesgo que representan y para que, a largo plazo, no puedan seguir su vida como si nada hubiese pasado.

Los estados de Virginia y Nueva York ya requieren esa información de sus instituciones de educación superior y la congresista Jackie Speier, que representa a los condados de San Fracisco y San Mateo, en California, presentó un proyecto de ley la semana pasada a esos fines.

“Las universidades y los colegios universitarios están absolutamente dispuestos a incluir infracciones académicas como plagio en las transcripciones de los estudiantes, sin embargo los estudiantes que han cometido abusos sexuales pueden irse del campus con un récord limpio”, dijo Speier al presentar la medida.

“Mi proyecto asegura que los estudiantes que intenten transferirse de escuela para evitar las consecuencias de sus actos violentos enfrenten, como mínimo, las mismas consecuencias que los estudiantes que se transfieren porque han hecho trampa en un examen”, agregó Speier.

Como ejemplo de por qué las universidades deben compartir esta información la legisladora citó el caso de Jesse Matthew, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Virginia en 2014.

En el año 2002 Matthew abandonó la evangélica Universidad Liberty, en Virginia, cuando fue denunciado por abuso sexual y se transfirió sin ningún problema en 2003 a la Universidad Christopher Newport, de donde también se fue cuando lo acusaron de abuso sexual por segunda ocasión.

Quienes se oponen a este tipo de política, sin embargo, explican que estas anotaciones en las transcripciones académicas podrían ser injustas porque a menudo son las instituciones educativas, no los tribunales, las que investigan los casos de agresiones sexuales en sus campus y en ocasiones algunos no se sostienen en Fiscalía por falta de pruebas.

Además, las universidades tienen estándares de prueba para determinar culpabilidad por agresiones sexuales mucho más bajos que los tribunales, que requieren probar un crimen más allá de toda duda razonable.

“Es un campo de juego desnivelado desde el principio”, dijo Justin Dillon, un abogado de Washington DC que ha defendido a docenas de estudiantes acusados de delitos sexuales.

“No importa lo que digan las universidades, el peso siempre recae sobre el estudiante acusado para que pruebe su inocencia, no viceversa”, dijo Dillon.

Los requisitos de la ley federal de Título IX, que prohíbe la discriminación por género en la educación, incluyendo el acoso y la agresión sexual, pueden exponer a las universidades a demandas judiciales.

Ese es el caso de la Universidad de Kansas, demandada por dos ex integrantes del equipo femenino de remo, Daisy Tackett y Sarah McClure, quienes acusaron a la institución de malos manejos en sus acusaciones contra un jugador de fútbol americano.

Tackett alegó que el jugador la violó y McClure que el deportista la tocó en sus pechos en un incidente separado. El deportista nunca fue acusado de agresión sexual alguna y negó las imputaciones.

Sin embargo, la universidad concluyó que el hombre había tenido “sexo no consensuado” con Tackett y que había violado el reglamento sobre acoso sexual en el caso de McClure.

El estudiante abandonó la universidad y las mujeres demandaron a la institución por permitirle al estudiante dejar sus estudios en vez de expulsarlo.

Según las demandantes, la Universidad de Kansas acordó poner una anotación en la transcripción académica del estudiante destacando que había dejado la escuela por “mala conducta no académica”, pero no fue suficiente porque el hombre pudo reanudar su carrera deportiva en otra institución.

Cuando la otra universidad supo que el incidente con el estudiante era de naturaleza sexual lo removieron del equipo de fútbol americano.

La Universidad de Kansas, por su parte, negó haber engañado a Tackett pero reconoció lo delicado que es tratar estos casos.

“El sistema universitario es un lugar para educación superior, no un tribunal de justicia y como tal tiene remedios más limitados”, expresó la universidad en la contestación a la demanda.

Uno de los abogados de Tackett, Dan Curry, dijo que los estudiantes que han cometido agresiones sexuales deben sufrir consecuencias a largo plazo pero que quienes manejan las querellas por violaciones al Título IX en las universidades no siempre toman decisiones acertadas.

“El sistema tiene proceso debido si lo hacen bien”, dijo Curry. “La pregunta es si las personas contratadas en estas universidades son competentes para hacerlo. Si tienes incompetencia ahí, eso es un problema”, dijo Curry.

Brett Sokolow, director de la Asociación de Administradores de Título IX, calcula que de 10,000 casos anuales de agresiones sexuales reportados en unas 4,000 instituciones universitarias en todo el país, entre 500 y 600 casos resultan en expulsión.