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Juez de Texas bloquea un plan para recortar fondos a Planned Parenthood

Según el juez, el estado no presentó evidencias suficientes que demuestren que el proveedor de salud incurrió en violaciones. Criticó además que la limitación de fondos prive a los pacientes de su derecho a la salud.
22 Feb 2017 – 7:58 PM EST

Un juez en Austin, Texas, emitió una orden que frenaría un plan para recortar fondos estatales del programa Medicaid a la red de planificación familiar Planned Parenthood, al asegurar que el estado no presentó evidencias suficientes que demuestren que el programa de salud incurrió en violaciones.

Según el juez de distrito Sam Sparks, las autoridades de salud "quisieron eliminar proveedores calificados de Medicaid sin una causa justificada". Además, aseguró que eliminar los fondos podría "privar a los pacientes de Medicaid de su derecho de obtener cuidados de salud de parte de los proveedores".

El pasado diciembre, funcionarios estatales habían entregado el último aviso legal a Planned Parenthood sobre este recorte de fondos. Sin embargo, la organización aseguró entonces que las puertas de sus clínicas permanecerían abiertas, sin importar los ingresos de los pacientes o el estatus de su cobertura médica.

Planned Parenthood ha dicho que la amenaza de un recorte de fondos afectaría a unos 11,000 pacientes en ese estado, muchos de ellos enfermos de VIH y cáncer que deben ser sometidos a pruebas periódicas.

La presidenta del programa de salud, Cecile Richards, reaccionó en un comunicado este martes al catalogar la decisión como "una victoria para las mujeres de Texas, para las familias de Texas, para todo Texas".

La directora ejecutiva en ese estado, Yvonne Gutiérrez, criticó por su parte la postura de quienes se han enfrentado al plan y reiteró que los más impactados están en las comunidades negras, de inmigrantes, las áreas rurales, los jóvenes y los grupos LGBT ,"quienes ya enfrentan barreras estructurales para acceder a cuidados de salud". Además, aseguró que "la política nunca debe estar por delante de los cuidados que la gente necesita".

La batalla entre Texas y la red de planificación familiar comenzó en julio de 2015 a raíz de la publicación de cuatro videos grabados con cámaras ocultas y editados por miembros del grupo anti-aborto The Center for Medical Progress.

Las imágenes mostraban a miembros de Planned Parenthood discutir de manera extremadamente gráfica y casual sobre la supuesta venta de tejidos y órganos de los fetos abortados en sus clínicas a investigadores médicos.

Para entonces, los republicanos reaccionaron con ira e indignación al asegurar que los videos demostraban que la organización obtenía dinero por la venta de tejidos fetales. Pero Planned Parenthood, el principal proveedor de servicios de salud en Estados Unidos, negó la acusación al explicar que los tejidos eran donados para la investigación médica.

En octubre de ese año, la Gobernación de Texas advirtió que cancelaría por completo la financiación pública de Planned Parenthood. El gobernador Greg Abbott dijo entonces que "la espantosa extracción de partes del bebé por parte de Planned Parenthood no se permitirá en Texas y esa práctica salvaje debe llegar a su fin".

Ante el recorte de fondos, la organización presentó una demanda para tratar de bloquear al estado sureño de eliminarla de la financiación de Medicaid, algo que no se había conseguido hasta ahora.


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