Corte Suprema rechaza bloquear el mandato de vacunas en Maine para trabajadores de la salud

Un grupo de trabajadores de la salud de Maine había pedido bloquear una regla estatal que les exige ponerse la vacuna del Covid-19, argumentando que violaba sus derechos a la libertad religiosa. Pero dicha solicitud fue negada este viernes por la Corte Suprema.

En una votación 6-3, los jueces rechazaron una vez más un intento por detener un mandato para recibir las dosis que protegen del nuevo coronavirus. En meses pasados tampoco se opusieron a normas similares impuestas en la ciudad de Nueva York y en la Universidad de Indiana. Es la primera vez, sin embargo, que su debate gira en torno a la vacunación y las exenciones por motivos religiosos.

El gobierno de Maine requiere que desde este viernes todos los trabajadores de la salud y de organizaciones de servicios de emergencia estén vacunados. El estado lo exigirá, en concreto, para aquellos que laboran en hospitales, asilos de ancianos y consultorios médicos.

En su lenguaje, la norma quitó las exenciones no médicas, aunque en el pasado las había permitido, por motivos religiosos, para los empleados de guarderías, escolares y estudiantes universitarios.

Quienes presentaron la demanda en Maine dijeron que terminaron en medio de una disyuntiva en la que debían decidir entre “sus creencias religiosas profundamente arraigadas o su capacidad para trabajar en cualquier lugar de su estado para poder alimentar a sus familias”.

Uno de sus argumentos está basado en una mentira: que la vacuna se desarrolló con la ayuda de “células fetales que se originaron en abortos”. Lo cierto es que Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, según los datos revelados, no usaron células de fetos abortados.

Por otro lado, señalan que dicho mandato viola la constitución y la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación laboral basada en la religión, conocida como Title VII.

“Maine claramente ha señalado a los empleados con creencias religiosas que rechazan la vacunación por razones religiosas por un trato especialmente severo", se lee en un documento sometido a la corte que redactó Mathew Staver, abogado de Liberty Counsel, que representa a los demandantes.

Staver reclamó que, a su parecer, el gobierno estatal está "favoreciendo y acomodando a los empleados que declinan la vacunación por razones médicas seculares".