Juez bloquea la pregunta de ciudadanía para el censo 2020 que impulsa la administración de Trump

La decisión del juez federal llegó tras un juicio de dos semanas a raíz de una demanda presentada por varios fiscales generales y alcaldes que creen que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades inmigrantes y haría que el censo terminara por ser inexacto.
15 Ene 2019 – 10:30 AM EST

Un juez federal bloqueó este marte la decisión de la administración de Donald Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del censo de 2020.

El magistrado Jesse Furman indicó que el plan impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos, y lo explica en una opinión de 277 páginas.

Muy seguramente el caso llegará a la Corte Suprema.

Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda presentada por varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses, que consideran que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo terminara por ser inexacto.

El juez dijo que las acciones de Ross violaron la ley federal.


El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.

Los planes de la administración Trump para incluir una pregunta sobre el estatus migratorio habían sido muy criticados por grupos de inmigrantes, organizaciones de derechos civiles y por la oposición.

Ross tomó la decisión de incluir esa cuestión en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.


Muchos han advertido que la pregunta disuadiría de participar a millones de personas y, por tanto, ofrecería una visión distorsionada del censo, alterando el mapa electoral y el reparto de fondos públicos. La demanda argumentaba, entre otras cosas, que el plan era un acto discriminatorio intencionado, algo que Ross siempre negó.

El juez consideró que las justificaciones del Gobierno eran un "pretexto" y señaló opiniones de expertos que consideran que la pregunta sobre ciudadanía reduciría la participación en el censo de hogares con personas sin ciudadanía y de la comunidad hispana.

Según el juez, la decisión de Ross violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que debe ser invalidada.

"Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye", señaló Furman en su opinión.

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