Fiscal general de Ohio, republicano, pide a un tribunal que le permita recortar impuestos con fondos del paquete de estímulo

El fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost, interpuso este miércoles una demanda contra el gobierno de Joe Biden por considerar que el paquete de esímulo por $1,9 billones (trillions en inglés) ilegalmente restringe a los gobiernos estatales y locales recibir los fondos si desean usarlos para reducir impuestos.

“El gobierno federal debería estar animando a los estados a innovar y a fortalecer el sector empresarial, no a condicionar vitales fondos de estímulo a sus políticas impositivas favoritas", dijo Yost en un comunicado.

El recurso fue interpuesto ante la corte federal de distrito del sur de Ohio y menciona a la secretaria del Tesoro Janet Yellen como la parte demandada.

Yost alega que la prohibición de emplear los fondos para recortar impuestos, incluida en el paquete de estímulo, viola la Constitución y representa un abuso de poder del Congreso.

Yost pidió a la corte anular esa prohibición al aplicar la ley, al menos en Ohio, estado que se dispone a recibir $5,500 millones.

La demanda vio la luz un día después de que 21 fiscales generales estatales que pertenecen al Partido Republicano amenazaran al gobierno de Biden con tomar medidas contra de la nueva ley de estímulo económico por el coronavirus aprobada por el Congreso, ya que aseguran que reduce la capacidad de sus estados para reducir los impuestos.

Los fiscales generales están en desacuerdo específicamente con un fondo de $350,000 millones dirigido a ayudar a ciudades, condados y estados con problemas de liquidez para pagar los altos costos de la pandemia.

El Congreso decidió que esos fondos no podrán ser utilizados para financiar recortes de impuestos locales.

Esta decisión de los senadores demócratas ha molestado a los republicanos, quienes aseguran que esta disposición y la ambigüedad con la que fue redactada la ley interfieren en que otros estados que se encuentran en buena situación financiera puedan proporcionar una desgravación fiscal.

Por ese motivo, los fiscales pidieron al gobierno de Biden que especifique que los estados pueden continuar con alguno de sus planes para reducir impuestos, incluidos los anteriores a la nueva ley de estímulo o de lo contrario, amenazaron, tomarían "medidas adicionales apropiadas" contra lo que sería "la mayor invasión de la soberanía estatal por parte del Congreso en la historia de nuestra República".

Entre los 21 fiscales implicados se encuentran los de Arizona, Georgia y Virginia Occidental.

Algunos funcionarios estatales ya están discutiendo una posible demanda, según una persona familiarizada con el tema citada por el Post.

Una ayuda para los gobiernos locales

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo el pasado lunes que el estímulo aportó ese fondo de ayuda para los gobiernos locales para apoyar a "policías, bomberos y otros empleados esenciales en su trabajo" y precisó que "no tenía la intención de reducir los impuestos".

Un análisis de datos de empleo realizado por The Washington Post encontró que los gobiernos estatales y locales han eliminado 1.3 millones de empleos desde el inicio de la pandemia, lo que implica una pérdida de 1 de cada 20 puestos de trabajo gubernamentales.

Por ese motivo se aprobó como parte de la nueva ley de estímulo económico un fondo de 350,000 millones para ayudar a los gobiernos locales a estabilizar sus finanzas y poder pagar su respuesta a la crisis sanitaria y económica. Aunque no así en el Congreso, este fondo obtuvo el apoyo bipartidista de alcaldes, líderes de condados y gobernadores.

La disputa legal a partir del histórico paquete de ayuda de Biden es un reflejo no solo de las dudas que ha desatado en cuanto a su aplicación, sino también de la creciente brecha entre ambos partidos sobre esta legislación, que fue aprobada en el Congreso sin apoyo republicano.