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Criminalidad y Justicia

Bob Menéndez quiere saber si David Rivera violó la ley al hacer "trabajo sucio" para Maduro en EEUU

El senador de Nueva Jersey escribió al Departamento de Justicia para saber si Rivera, excongresista de Florida, se registró como agente del gobierno de Venezuela cuando aceptó un contrato para mejorar la imagen de PDVSA en Washington. (Read in English)
19 May 2020 – 08:46 AM EDT

El senador estadounidense Bob Menéndez, de Nueva Jersey, ha escrito al Departamento de Justicia para saber si un excongresista de Florida, David Rivera, se registró como agente de un gobierno extranjero cuando firmo un contrato en 2017 con del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La semana pasada, Rivera fue acusado ante un tribunal en Nueva York por el incumplimiento de un contrato firmando en 2017 por 50 millones de dólares para mejorar la reputación de la petrolera oficial de Venezuela PDVSA ante el gobierno de Estados Unidos.

Según la ley estadounidense, personas que sean pagada por un gobierno extranjero para relaciones publicas o consultoría política debe registrar su actividad bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

"Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", escribió Menéndez.


Rivera, quien recibió 15 millones de dólares como un pago inicial del contrato, sostuvo que no se relacionó con congresistas ni trató de influenciar a ningún funcionario porque todo el dinero fue enviado a la oposición política en Venezuela, con el conocimiento del Departamento de Estado.

La contratación de Rivera por PDVSA es especialmente sorprendente dado el historial del político cubanoamericano como un ferviente anticomunista y aliado del influyente senador de Florida Marco Rubio.

"La participación del régimen de Maduro en el tráfico de drogas, los crímenes de lesa humanidad y la crisis humanitaria expansiva en Venezuela plantea amenazas significativas a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe," según la carta, una copia de la cual fue obtenida por Univision Noticias.

"Si se toma en serio al Gobierno de los Estados Unidos en nuestros esfuerzos por defender y proteger al pueblo venezolano de la tiranía del régimen de Maduro, lo último que deberíamos tolerar es un ex miembro del Congreso que potencialmente viola las leyes de los Estados Unidos mientras hace el trabajo sucio del régimen. en los Estados Unidos ", agregó Menéndez.

Fraude

La carrera en el Congreso de Rivera terminó en desgracia después de haber sido vinculado a un escándalo de fraude electoral en 2012, aunque nunca enfrento cargos judiciales en el caso. Se postuló para la Cámara de Representantes de Florida en 2016 pero perdió y desde entonces había desaparecido de la vista del público.

En el pasado, el Departamento de Justicia ha formulado cargos criminales a individuos que no se registraron como agentes extranjeros, en violaciones de la ley FARA promulgada en la época de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el espionaje internacional.

Según la ley, las personas o entidades que representan en Estados Unidos "política o cuasipolíticamente" los intereses de otro país, deben informar de sus actividades y finanzas.

Hay algunas excepciones a FARA para abogados, educadores, y organizaciones religiosas, incluso consultores que no participan en ninguna actividad de relaciones públicas.


Servicios de consultoría

De acuerdo con la demanda, la empresa de Rivera con sede en Miami, Interamerican Consulting Incorporated, se comprometió en 2017 a ofrecer servicios estratégicos de consultoría para formular un plan de cómo mejorar la reputación de PVDSA entre políticos, líderes de opinión, funcionarios públicos y específicos accionistas de Estados Unidos.

Consultoría Interamericana recibió 15 de los 50 millones que PDV USA, filial de PDVSA, entrega en un período de tres meses, a partir de marzo de ese año. Los pagos estaban sujetos a la elaboración de informes quincenales por parte de Rivera.

Los demandantes aseguran que la firma de Rivera solo entregó dos informes en cinco hojas, razón por la que la filial de PDVSA suspendió el pago de la cantidad restante. Rivera insiste en que se le pagara la totalidad.

La demanda no es iniciativa de Maduro sino del gobierno de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce desde enero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela.

La respuesta de Rivera

En una conversación por chat que Rivera sostuvo con la reportera de Univisión Canal 23 de Miami, Erika Carrillo, el político respondió que hizo "cero cabildeo" y que recibió "cero pagos".

Rivera le aseguró al Canal 23 de Univisión que Rubio, uno de los más fervientes críticos del régimen de Venezuela, no estaba enterado del acuerdo con la filial de PDVSA. Un día antes, Rubio había explicado qué se enteró del tema a través de los medios.

El excongresista ha sorprendido con la explicación que ha dado sobre el destino del dinero. En la conversación con Carrillo, de Univisión, escribió que un "100%" de los fondos que recibieron fueron "utilizados a la dirección de la oposición venezolana", como si fuera una operación para engañar al regimen de Maduro.

"Esto fue una operación dirigida por los presos políticos de Citgo 6", dijo en referencia a los directivos estadounidenses de la empresa energética CITGO, propiedad de PDVSA que están presos en Venezuela desde 2017.

Rivera también asegura que participó "Lepoldo López para financiar actividades en contra del régimen de Maduro, incluyendo las protestas del verano de 2017 con el fin de derrocar a Maduro", agregó.

Sin embargo, mientras López, Guaidó y otros representantes de la oposición niegan estar vinculados con el esquema que plantea Rivera, el excongresista no ha logrado explicar cómo el gobierno de Maduro terminó financiando una operación en contra de su régimen.

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