Medidas para frenar covid-19 en Latinoamérica no deben justificar ataques contra la democracia o los derechos humanos
A finales del año pasado, millones de personas salieron a las calles en América Latina, clamando a sus gobiernos por la protección de valores poderosos: la democracia, la igualdad y los derechos humanos.
Hoy, la lucha contra el covid-19 destaca la importancia de estos valores.
Líderes en la región deben tomar acciones inmediatas para enfrentar esta emergencia de salud pública. Sin embargo, dichas acciones decisivas deben también incluir los derechos humanos y gobernanza democrática, no solo por la importancia de estos valores, sino porque son fundamentales para promover la confianza y cooperación pública. De lo contrario, la lucha contra el covid-19 será ineficiente, y fortalecerá prácticas antidemocráticas en la región.
Desafortunadamente, ya tenemos ejemplos de líderes implementando acciones que socavan la democracia y los derechos humanos, y que así ponen en peligro la efectividad de medidas de salud pública en América Latina.
La administración de Trump es el origen de algunas de las acciones que violan valores básicos y exacerban la pandemia en la región. Estados Unidos ha ignorado sus obligaciones legales al terminar con el derecho de asilo en la frontera con México. Esto a dejado a decenas de miles de solicitantes de asilo varados en estancias fronterizas sobrepobladas. Así mismo, presión y polarización política estadunidense ha sofocado los esfuerzos para entregar ayuda humanitaria a Venezuela durante la pandemia, lo que a la vez ha cerrado oportunidades para el diálogo.
Sin embargo, varios líderes latinoamericanos también han implementado acciones problemáticas por su cuenta. En El Salvador, el gobierno actuó rápidamente para contener el contagio del virus pero su estrategia incluyó el despliegue de fuerzas militares y policiales que han detenido a más de 1,200 personas en ‘centros de cuarentena’ sobrepoblados. De la misma forma, en Bolivia más de 3,000 personas han sido detenidas, encarceladas por horas y multadas excesivamente por violar toques de queda impuestos por el gobierno interino de Áñez.
Esta coyuntura deja claro que la sociedad civil debe luchar contra los abusos de poder cometidos bajo el pretexto de salud pública. Cuando nos fijamos en América Latina, tenemos que monitorear algunas tendencias específicas.
La primera es el despliegue de fuerzas militares como respuesta al covid-19. En una región que aún no supera un legado de dictaduras, la pandemia podría una vez mas normalizar la presencia indefinida de soldados en las calles. Cualquier despliegue de fuerzas militares precisa de límites claros. Mientras sigan activos los estados de emergencia nacionales, las autoridades tienen que asegurar que las fuerzas militares sigan bajo control civil y no acudan al uso excesivo de la fuerza.
Una segunda tendencia a monitorear es la supervisión de inversiones en el sistema de salud. Se necesita con urgencia financiación adicional en salud, pero esta debe estar acompañada por mecanismos anticorrupción y de rendición de cuentas. En países como Honduras, el sector de salud ha sido desde hace tiempo blanco de corrupción, lo que ha resultado en la malversación de cientos de millones de dólares y miles de muertes. En lo que gobiernos en la región fortalecen sus sistemas de salud, se abre la puerta a la corrupción. Este riesgo es más pronunciado que nunca dada la ausencia de instituciones anti-impunidad como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Otra tendencia a monitorear es la transparencia. Varios gobiernos no están siendo suficientemente claros con respecto a las metas y duración de las medidas implementadas. Medidas que restringen el derecho a la movilidad implican grandes sacrificios y el público precisa entender claramente por qué se necesitan dichas restricciones. La desinformación, que incluye esfuerzos para minimizar la severidad del virus en Brasil, México, y Nicaragua, pone vidas en riesgo. Publicar información clara, consistente y veraz salvará vidas.
Por último, en una región plagada por la desigualdad, gobiernos tienen que garantizar el sustento y cuidado básico a poblaciones históricamente desatendidas. En las últimas semanas se han registrado noticias sobre ataques en contra de comunidades indígenas y minoritarias, al igual que noticias sobre motines en prisiones debido a la sobrepoblación. Adicionalmente, hay mucho más por hacer para proteger a los millones que trabajan en el sector informal de los daños económicos de esta pandemia.
El covid-19 es un reto sin precedentes y los gobiernos de Latinoamérica no son los únicos buscando responder de manera eficaz. Los líderes de la región deben reconocer que minimizar el impacto de la pandemia no debe ser excusa para socavar la democracia y los derechos humanos. Por el contrario, implementar políticas que respetan dichos valores fortalecerán las medidas de salud pública.
Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.
