Urgen al gobierno de EEUU que proteja el derecho de asilo en casos de violencia doméstica

Dos organizaciones no gubernamentales advierten que a pesar del fallo judicial de diciembre un caso clave sobre violencia doméstica “permanece en un limbo” y que hasta que no se revoque la decisión de Sessions, la afectada y otras miles de mujeres como ella seguirán enfrentando una batalla cuesta arriba en los tribunales”.
24 Ene 2019 – 2:24 PM EST

Organizaciones de derechos humanos urgieron al gobierno de Donald Trump que defienda las protecciones para las víctimas de violencia doméstica y garantice el derecho de pedir asilo, una figura que fue excluida en junio del año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, pero restablecida en diciembre por una corte federal.

El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) y Human Rights Watch (HRW), citaron parte de los argumentos del fallo judicial e indicaron que la decisión del gobierno “fue el intento más obvio de socavar las protecciones de asilo para los y las sobrevivientes de violencia doméstica”.

La violencia doméstica como causa de asilo fue anulada por Sessions por medio de un memorando luego de anular la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración en el caso de una mujer salvadoreña, identificada con las siglas A-B, que había sido golpeada y violada por su marido durante años.

Sessions entonces ordenó a los jueces de inmigración que desestimen pedidos de asilo por violencia doméstica y de pandillas, dos causales que para el gobierno no deben incluirse dentro de las causales señaladas por la ley, y sólo tramitar solicitudes si existe persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

Pero el juez federal Emmet Sullivan dejó sin efecto gran parte de la decisión de Sessions, y ordenó que las personas que fueron deportadas bajo estas medidas entre junio y diciembre deben volver a Estados Unidos y se les debe ofrecer la posibilidad de continuar con sus procesos de asilo.

Sullivan indicó en el dictamen que las políticas del gobierno, que exigían pruebas más estrictas para demostrar el "temor creíble" de las personas que buscaban asilo, violaban las leyes migratorias. Y concluyó que no existe una base legal para "una prohibición categórica efectiva" en dichos casos.

Ahora las organizaciones exigen que la orden firmada por Sessions sea anulada por completo y restituir en su totalidad el fallo del caso A-B.


Cuesta arriba

Tanto la CGRS como HRW advierten que a pesar del fallo judicial de diciembre, el caso de A.B. “permanece en un limbo”, y que hasta que no se revoque la decisión de Sessions, “ella y miles de otras mujeres como ella seguirán enfrentando una batalla cuesta arriba en los tribunales”.

“A.B. sufrió brutales abusos físicos, sexuales y emocionales, y cada vez que pidió protección a las autoridades salvadoreñas, la policía no hizo nada por ella”, dijo Karen Musalo, una de las abogadas y directora del CGRS.

“Al denegarle Sessions el asilo, no solo anuló una jurisprudencia claramente establecida que reconoce el derecho de asilo para las víctimas de violencia doméstica, sino que también rechazó el principio ampliamente aceptado de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, agregó.

Las organizaciones piden que el fiscal general entrante (el reemplazo de Sessions que confirme el Senado), “debe revocar la decisión”. DY que en caso de no hacerlo “el Congreso debería promulgar una legislación que proteja el derecho de asilo para las víctimas de violencia doméstica y otras personas cuyas solicitudes se hayan visto socavadas por la sentencia en el caso de A.B.”.

En noviembre, un grupo de 15 exjueces de inmigración publicó una carta en respuesta a la decisión de Sessions donde rechazaron las limitaciones a la ley de asilo y señalaron que, “como exjueces de inmigración con décadas de experiencia en el nivel de juicio y apelación, consideramos que la decisión del fiscal general es una afrenta al estado de derecho”.

“El impacto que va a tener esta estrategia puede ser tremendo”, previno en ese momento a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

La anulación del caso A-B forma parte de la política migratoria de Trump de tolerancia cero.


El fallo de Sullivan

Las organizaciones que demandan al gobierno la anulación de la totalidad de la orden del exfiscal general sobre el caso A-B, recuerdan que el fallo de diciembre en el caso de Grace vs. Whitaker, el juez Sullivan “anuló muchas de las nuevas políticas para aplicar el fallo de Sessions, y escribió que “no hay una base legal para una prohibición categórica efectiva de las solicitudes de asilo por violencia doméstica y de pandillas”.

Según el derecho internacional, agregan, los gobiernos tienen la clara obligación de prevenir la violencia doméstica, así como de proteger, apoyar y garantizar el acceso a la justicia y los servicios para las víctimas.

Advierten además que, a nivel mundial, las mujeres luchan para que los gobiernos garanticen, “o en algunos casos reconozcan su derecho a la protección”, t recuerdan que en algunos países “el derecho penal no aborda adecuadamente la violencia doméstica”, por lo que urge protegerlas en Estados Unidos anulando la orden de Sessions emitida del año pasado.

“Este es absolutamente el caso en El Salvador, donde el fracaso total del gobierno para proteger a A.B. la obligó a huir para salvar su vida”, dijo Andrés López, uno de sus abogados.

“El grave y persistente problema de la violencia doméstica no puede erradicarse a menos que Estados Unidos y otros países reconozcan a la violencia doméstica y a las omisiones o a los actos del gobierno relacionados con el tema, como violaciones de los derechos humanos fundamentales de las mujeres”.

El fallo en el caso A-B emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración “reconoció que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”, indicaron los exjueces que firmaron la carta de protesta por la decisión de Sessions. “El problema fue certificado por tres Fiscales Generales diferentes (un demócrata y dos republicanos), quienes finalmente eligieron dejar la determinación final a los jueces de inmigración y al BIA”, apuntaron.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestro país ya no ofrezca protección legal a las mujeres que buscan refugio de terribles formas de violencia doméstica de las cuales sus países de origen no pueden o no quieren protegerlos”, subrayaron en esa oportunidad.

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