Arrestos de inmigrantes que habían regularizado su situación o estaban en el proceso. Cancelaciones de protecciones temporales vigentes. Tarifas onerosas para ciertas visas y trabas para estudiar en universidades élite. En nueve meses de gobierno, Trump ha implementado cambios que potencialmente están dejando sin protección a millones de inmigrantes con estatus, algunos con décadas de vida en Estados Unidos.
La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración legal en EEUU
El gobierno ha buscado desmantelar múltiples programas para frenar no sólo la entrada irregular de inmigrantes, sino de la inmigración legal, estableciendo más pasos para obtener permisos para visitar, trabajar o residir en Estados Unidos.
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Son jóvenes que llegaron con sus padres siendo niños, inmigrantes que tuvieron que huir por conflictos o desastres naturales en sus países, trabajadores temporales esenciales, solicitantes de asilo que cumplían con sus cortes, estudiantes que buscaban formarse en universidades del país.
Presionado por cumplir cuotas de detenciones masivas, el gobierno está arrestando a los inmigrantes en casi cualquier espacio, desde sus comunidades hasta a la salida de sus cortes. Aquí te contamos algunos ejemplos que muestran cómo millones de personas han ido perdiendo protecciones a base de cambios imprevistos en las regulaciones y nuevas disposiciones:
‘La punta del iceberg’
Entre los miles de detenidos en todo el país están inmigrantes que han vivido por décadas con protecciones temporales.
El 18 de septiembre, una coalición de organizaciones de defensa de los inmigrantes bajo el nombre ‘Nuestro hogar está aquí’ reportó los casos de al menos 19 dreamers detenidos en lo que va de 2025, algunos de ellos en riesgo de deportación.
En una declaración a medios, Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de una de esas organizaciones, United We Dream, expresó su rechazo a los arrestos. "Esto es solo la punta del iceberg" , dijo. "Sabemos que hay muchos más y que esta administración simplemente está incumpliendo la promesa que el gobierno estadounidense les hizo a estas personas de protegerlas de la deportación".
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés) fue implementado por el presidente demócrata Barack Obama para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes que fueron traídos por sus padres cuando apenas eran unos niños e ingresaron al país ilegalmente o se quedaron más alla del tiempo de sus permisos de estadía. Bajo esta protección, en Estados Unidos viven y trabajan más de 530,000 dreamers.
Además de los arrestos de beneficiarios de DACA, medios estadounidenses también han reportado el arresto de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés).
En Boston, por ejemplo, en junio fue detenido José Pineda, un tepesiano salvadoreño. Las autoridades migratorias lo liberaron dos días después.
"Somos gente honesta. Vinimos a este país a trabajar, a ayudar a nuestras familias a salir adelante", dijo en una conferencia de prensa Mercedes Pineda, la esposa del inmigrante.
Suspensión de deportación, green card
Dos casos emblemáticos muestran la vulnerabilidad en que el gobierno de Trump ha puesto a personas con estos estatus migratorios.
Uno es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García: fue deportado a su país “por un error administrativo” —reconoció el propio gobierno— pese a que contaba con una protección contra la expulsión a su país emitida por un juez de inmigración.
Ábrego estuvo encerrado por meses en prisiones salvadoreñas —entre ellas la cárcel para pandilleros creada por el presidente Nayib Bukele— y aunque Estados Unidos se negó en reiteradas ocasiones a traerlo al país, lo devolvió pero no en libertad: enfrenta una acusación criminal por tráfico humano y el gobierno busca deportarlo nuevamente, ahora a un tercer país.
Otro caso es el del activista pro-Palestina Mahmoud Khalil: pese a que es residente permanente y no tiene antecedentes criminales, fue arrestado por ICE y el gobierno busca su deportación.
El argumento del gobierno es que Khalil representa un peligro para la seguridad nacional porque haber impulsado protestas pro-Palestina durante su tiempo como estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia. En junio, un juez federal argumentó que la detención de Khalil bajo esa justificación era inconstitucional y bloqueó su detención y deportación.
El caso parecía haber terminado de forma favorable para Khalil, casado con una estadounidense y cuyo primogénito nació mientras estaba detenido. Pero a principios de septiembre, el gobierno introdujo cargos por mala representación en su aplicación de la residencia permanente o green card, lo que sus abogados han catalogado como una acusación "sin mérito y en represalia". Ahora, Khalil vuelve a estar bajo la amenaza de una orden de deportación.
"Me siento engañado"
En los meses siguientes al retorno de Trump a la Casa Blanca, han abundado reportes sobre arrestos de inmigrantes al salir de sus audiencias en cortes migratorias en Seattle, Phoenix, Dallas, Miami, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Maryland.
Miguel Pastrana, un mexicano deportado en marzo, contó recientemente a Univision Noticias cómo fue arrestado al acudir a una cita de rutina en Ohio de la que él esperaba salir con una renovación de su autorización para estar en Estados Unidos, como había ocurrido anteriormente.
“Me pusieron en una celda con otros 13 tipos”, denunció Pastrana. “Todos estábamos allí para registrarnos, algunos estaban allí sólo para verificar su dirección (...) No se lo esperaban”.
“Las habitaciones eran horribles, los pisos estaban asquerosos, con uñas y pelos por todos lados, el inodoro estaba todo orinado y no teníamos ninguna fuente de agua, excepto un bebedero”.
El caso de Pastrana se suma al de muchos inmigrantes que han sido arrestados incluso cuando los jueces les han concedido prórrogas para continuar con sus casos desde Estados Unidos.
“Me siento como si el sistema me hubiera engañado”, dijo Pastrana en sus redes sociales. “Ellos me permitieron quedarme y pagar miles de dólares solo para decirme de un día para otro: ‘Porque tuvimos un cambio de presidente, tienes que irte’”.
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Trabas burocráticas, pleitos legales y tarifas onerosas
Para quienes aún pueden defenderse de las decisiones del gobierno de acabar con muchas de las protecciones migratorias que antes ofrecía Estados Unidos, existen otros obstáculos, como las trabas burocráticas.
Por ejemplo, luego de que un juez en California ordenó en septiembre la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos, el gobierno demoró días para actualizar la página web con la información sobre sus beneficios.
Además de las polémicas decisiones de acabar con el esquema de TPS para cientos de miles de personas, el gobierno de Trump recientemente ha anunciado más obstáculos para quienes busquen visas para entrar a Estados Unidos bajo distintos estatus.
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Por ejemplo, el 19 de septiembre, el presidente firmó una proclama que requerirá una nueva cuota de $100,000 dólares para las visas H-1B, que es concedida por Estados Unidos para trabajadores especializados o con alto nivel educativo.
El costo de esa visa actualmente era de unos 1,700 y 4,500 dólares, dependiendo de si el permiso es concedido o no. Para la obtención de esa visa los solicitantes requieren de una oferta de "patrocinio" por parte de su potencial empleador.
Sin embargo, según especialistas, la propuesta de elevar la tarifa a 100,000 dólares seguramente será rebatida ante las cortes.
A finales de agosto, el gobierno de Trump anunció que propuso la implementación de una regla que aplicaría cambios sustanciales al sistema de expedición de algunos tipos de visas, como las de estudiantes y periodistas.
“Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan en Estados Unidos prácticamente de forma indefinida, lo que plantea riesgos de seguridad”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un boletín.
Antes y después de asumir el poder, Trump ha lanzado críticas en contra de universidades por haber permitido protestas contra las acciones bélicas israelíes en Gaza.
Según el Departamento de Estado, unas 6,000 visas de estudiantes han sido revocadas en lo que va de la administración porque “violaron la ley”.
Trump también firmó una orden para que el Departamento de Justicia proactivamente investigue a personas naturalizadas estadounidenses para detectar si incurrieron en fraudes y, de ser así, les sea revocada la ciudadanía.
En agosto, el gobierno difundió un memo anunciando la restitución de un programa que había sido cancelado en 1991 para que los vecinos de inmigrantes que buscan la ciudadanía puedan ser entrevistados por agentes migratorios sobre la "buena moral" de los solicitantes.
Un mes después el gobierno anunció cambios al examen para obtener la ciudadanía al hacerlo más extenso y modificando partes de su contenido. Las modificaciones comenzarán a reflejarse en las aplicaciones introducidas a partir de mediados de octubre.