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Reforma Migratoria

Fracasa intento republicano por debatir un plan migratorio duro de seguridad fronteriza

El controvertido proyecto de ley requiere que el DHS “suspenda la entrada de cualquier indocumentado (ciudadano no estadounidense sin documentos de entrada válidos)" durante cualquier período en el que el este departamento no pueda detener a dicha persona o deportarla a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.
Publicado 23 Ene 2023 – 11:48 AM EST | Actualizado 23 Ene 2023 – 11:50 AM EST
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La bancada republicana de la Cámara de Representantes no logró los votos necesarios la semana pasada para avanzar una iniciativa que, de ser aprobada, ordenaría al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prohibir unilateralmente la entrada de indocumentados a través de cualquier punto de entrada al país.

El proyecto, denominado Ley de Seguridad y Protección Fronteriza (Border Safety and Security Act) y liderado por el representante Chip Roy, republicano por Texas, fue presentado sin éxito el año pasado y esta vez contaba con el respaldo de otros 58 republicanos.

El intento se desplomó “después de la reacción violenta” del ala moderada republicana en la Cámara Baja, reportó el diario The Washington Post. La caída del proyecto puso en compás de espera la promesa del presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, quien durante su campaña de reelección y durante las negociaciones para ocupar el liderazgo, prometió endurecer las leyes de inmigración.

Qué dice el plan migratorio

El controvertido proyecto de ley requiere que el DHS “suspenda la entrada de cualquier indocumentado (ciudadano no estadounidense sin documentos de entrada válidos)" durante cualquier período en el que el DHS no pueda detener a dicha persona o devolverla a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.

El plan agrega que, un estado (de Estados Unidos) puede demandar al DHS para hacer cumplir este requisito.

La ley actual, excepto en el caso de ciudadanos originarios de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania (quienes solo pueden entrar por medio de un patrocinador autorizado), estipula que los extranjeros que llegan a la frontera sin documentos de entrada generalmente están sujetos a una expulsión expedita.

Sin embargo, si se determina que dicha persona tiene un temor creíble de persecución, por lo general está sujeta a detención mientras se procesa su solicitud de asilo en la Corte de Inmigración. Y en muchos casos quienes no representan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos son liberados bajo el Programa Alternativo e Detención (ATD).

El proyecto de ley también autoriza al DHS a suspender el ingreso de indocumentados si el DHS determina que dicha suspensión es necesaria para lograr el control operativo sobre dicha frontera. Las dos herramientas disponibles por el gobierno para expulsar son el Título 42 (por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COPVID-19) y el Título 8 de la Ley de Inmigración (por razones de inadmisibilidad).

El quiebre de las negociaciones migratorias

El fracaso en las negociaciones dentro de la bancada republicana se debe a las preocupaciones expresadas por el ala moderada, quienes han expresado que la ley procura proteger a aquellos inmigrantes y menores no acompañados que huyen de sus países de origen para proteger sus vidas.

Entre quienes rechazan el plan de Roy se encuentra el congresista Tony González (Texas), dice The Washington Post. Y advierte que, en el caso que el proyecto vuelva a ser presentado y enviado al pleno, la mayoría republicana comandada por McCarthy cuenta con un estrecho margen de solo cuatro votos para aprobar una ley, una ventaja que por ahora se limita a dos debido a que otro republicano, Greg Steube (Florida), se reportó enfermo tras una caída la semana pasada, indicó el periódico.

El plan de Roy, además de sortear los votos de los comités de inmigración y seguridad nacional de la Cámara Baja, debe contar con al menos 218 votos en el pleno, donde los republicanos tienen 222. Sin el respaldo del ala moderada o los demócratas, el proyecto será desestimado. Hasta ahora ningún demócrata ha mencionado su apoyo.

El ala dura republicana de la Cámara de Representantes presiona para que el Congreso revierta la política migratoria del presidente Joe Biden y restablezca la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, basada en la prohibición total de ingreso de indocumentados, incluyendo a quienes vienen en busca de asilo, hasta la criminalización de la estadía indocumentada.

Un plan migratirio “antiético”

No solo republicanos moderados y demócratas rechazan el plan encabezado por Roy. El diario dijo que el obispo católico de El Paso, Texas, Mark J. Seitz, quien preside del comité de migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), envió una carta al presidente de la Cámara indicando que el proyecto de ley “es antiético a la moral de los principios de nuestra nación”.

“Si se promulga esta legislación impediría el acceso a la protección de las personas vulnerables en movimiento, incluidos los solicitantes de asilo, los niños no acompañados, las víctimas de tortura y las víctimas de la trata de personas que huyen de situaciones que amenazan sus vidas”, escribió el religioso.

Una semana antes, Seitz se reunió en El Paso con el presidente Biden durante el viaje del mandatario a esa zona, la primera desde que asumió el control de la Casa Blanca. En ese encuentro el obispo le dijo al mandatario que era importante que entendiera que “realmente podemos enfrentar los desafíos de la migración de una manera que sea fiel a nuestros valores, y que podemos hacerlo con compasión y dignidad”.

Durante una entrevista con la revista Commonweal respecto al Título 42 y la reciente ampliación de la herramienta para deportar de manera expedita a ciudadanos originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que traten de entrar indocumentados y no bajo un programa humanitario de patrocinio, Seitz dijo que la ampliación de una regla “implementada por la Administración anterior con el pretexto de que los inmigrantes traen enfermedades es injustificable”.

“Probablemente sea ilegal, y espero que la Corte Suprema lo vea de esa manera. Pero como sacerdote, debo ser claro: el Título 42 y políticas como esta son despiadadas y literalmente están matando a las personas al obligarlas a cruzar el desierto y ahogarse en el río. Los niños se están muriendo. La muerte no puede ser una parte aceptable de los gastos generales de nuestra política de inmigración. ¿Nos hemos vuelto tan insensibles? Hay alternativas”, indicó.

Procedimiento anormal

Una de las razones argumentadas por el ala moderada republicana para rechazar el proyecto de Roy se debe al proceso utilizado esta vez para debatir y aprobar proyecto de ley. El liderazgo intentó llevarlo de inmediato a votación en vez de someterlo a la consideración de comités, de acuerdo con el orden regular de debates.

El Post dijo que los republicanos inconformes indicaron que el Comité de Reglas debe establecer primero los parámetros de debate para un proyecto de ley antes de que llegue al pleno. Pero que el plan de Roy no pasó por este requisito. Y señalaron además que la iniciativa debería pasar ahora al Comité de Seguridad Nacional antes de ser nuevamente debatido.

Mientras el plan de Roy trata de recuperar terreno y regresar, esta vez por medio de un comité, otro grupo de republicanos moderados de la Cámara, entre ellos la congresista María Elvira Salazar (Florida), buscan el momento y el espacio para reintroducir un plan migratorio que fue rechazado en 2021 por falta de apoyo bipartidista.

Una fuente de la oficina de Salazar dijo a Univision Noticias que estaban “trabajando” en el tema para realizar modificaciones. “Aún estamos esperando el texto final del proyecto de ley”, indicó.

El plan original, denominado ‘Dignidad’, fue respaldado esa ocasión por el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur). La iniciativa incluye una ruta para que inmigrantes indocumentados que llevan al menos cinco años en el país, carezcan de antecedentes criminales y paguen una multa, reciban una "visa de dignidad" por 10 años.

El permiso de estadía legal les permitirá trabajar en el país, pero no especificó si al final de ese tiempo de permanencia incluirá un camino a la green card o la ciudadanía.

La principal diferencia entre el proyecto de Roy y el de Salazar es que el primero se enfoca en aquellos inmigrantes que no están en Estados Unidos y buscan entrar al país. El segundo se refiere a los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace décadas y carecen de antecedentes criminales.

Conservadores no pierden la esperanza

Mientras las distintas facciones republicanas se ponen de acuerdo en el tema, los moderados insisten en que cualquier cambio no debe dejar de lado el alma de Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

“Nosotros opinamos que bajo las leyes actuales de asilo, refugio o de Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, los individuos tienen derecho a presentarse y hacer su caso”, dice Wadi Gaitán, un analista conservador. “Quitarle esa oportunidad va en contra de lo que nosotros somos”.

Gaitán dijo además que “los conservadores opinamos que uno puede ser proseguridad fronteriza y proinmigrante, no tenemos que ser de uno u otro bando. Queremos orden, pero no queremos cambiar la ley y aprobar otra donde no se permite que un individuo pueda venir huyendo para salvar su vida y cerrarle la puerta sin escucharlo. Creemos que debe dejarse continuar el actual proceso de asilo en la frontera”, agregó.

Los conservadores también recordaron que en el Senado está pendiente de debate un proyecto de ley bipartidista encabezado por los legisladores Kyrsten Sinema (independiente, exdemócrata por Arizona) y Thomas Tillis (republicano por Carolina del Norte).

El plan, que iba a ser incluido en la ley de gastos que se conoce como ‘ómnibus’, propone invertir en la contratación de nuevos agentes fronterizos, continuar con la construcción del muro iniciado durante el gobierno de Trump, aumentar los salarios de los agentes actuales para evitar renuncias, aumentar la dotación de agentes de asilo del servicio de inmigración en la frontera, destinar nuevos fondos a la seguridad fronteriza, clarificar el proceso de asilo y legalizar la permanencia de unos 2 millones de dreamers.

El plan, sin embargo, advierte que “no recompensará a las familias de los beneficiarios”. Es decir, los dreamers que regularicen sus permanencias no podrán patrocinar a sus padres y otros para los beneficios de inmigración, excepto en el caso de un cónyuge o hijos menores de edad solteros.

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