La "pesadilla" de los deportados del gobierno de Trump sin antecedentes criminales

Cuando Juan y Madison Pestana tuvieron su primera cita en 2023, él prometió tener siempre un ramo de flores frescas en la mesa de la cocina. Durante casi dos años, hizo exactamente eso.

Su historia de amor fue un torbellino: ella era estudiante de medicina introvertida que creció en Wendell, Carolina del Norte, y él era un carismático propietario de un negocio de construcción de Caracas, Venezuela.

Cuando se conocieron en un restaurante de sushi, ella no esperaba gran cosa. Eso cambió cuando se encontró en su auto a las dos de la mañana, charlando toda la noche.

“Es literalmente mi mejor amigo… y la única persona que he creído que realmente me entendía como persona”, dijo. “Es el verdadero amor de mi vida”.

Desde aquella primera cita, los Pestana no habían pasado más de seis días separados, hasta que agentes de inmigración aparecieron afuera de su apartamento en Miami.

El 9 de mayo, día en el que ella se graduaba de la facultad de medicina, su pareja fue detenido a pesar de no tener antecedentes penales. La mujer contó que lo tiraron al suelo, una escena tan impactante, según ella, que un vecino llamó a la policía para denunciar un posible secuestro.

Ha estado detenido desde entonces. Las autoridades migratorias afirman que se encuentra en el país ilegalmente.

Su esposa, ciudadana estadounidense, afirma que, sin saberlo, se quedó más tiempo del permitido por su visa después de que la pareja recurriera a un notario sin escrúpulos para presentar su solicitud de residencia permanente.

Desde entonces, ella se mudó sola a Jacksonville, donde comenzó una residencia de cirugía en julio.

Vive sola, trabaja 90 horas semanales y conduce casi 300 millas de ida y vuelta a un centro de detención en el condado de Broward cada fin de semana para visitar a su esposo.

No se les permite abrazarse más de dos veces durante cada visita.

“Estoy viviendo mi peor pesadilla”

"Estoy viviendo mi peor pesadilla", dijo ella, y añadió lo que cree que los estadounidenses deben saber: "Lo que está sucediendo ahora mismo no es justicia. Es simplemente inhumano".

La mujer reconoce que alguna vez apoyó al presidente Donald Trump, seducida por la idea de que expulsaría a los criminales del país. Ahora, dijo: "Me siento engañada".

“Lo que prometieron fue que íbamos a hacer la vida más segura para la gente. ¿Crees que están haciendo mi vida más segura?”, dijo. “Mi vida es muchísimo más peligrosa ahora que me han arrebatado a mi esposo”.

“Todos los inmigrantes están siendo examinados minuciosamente”

Durante la campaña, Trump, prometió seguridad. Prometió que los cambios en la política migratoria se centrarían en los criminales.

Su campaña, dijo, tenía como objetivo librar al país de personas a las que ha llamado asesinos, terroristas, narcotraficantes, animales: "Lo peor que hay en cualquier país, en todo el mundo".

Cuando ganó un segundo mandato como presidente, algunos de sus partidarios eran inmigrantes.

En la actualidad, unas 60,000 personas se encuentran en centros de detención migratoria, lo que representa un aumento del 51% desde enero, según la organización sin fines de lucro 'Transactional Records Access Clearinghouse' (TRAC, en inglés).

Alrededor del 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales, según TRAC. Muchos otros tienen condenas por delitos menores, como infracciones de tránsito.

“Aunque gran parte del discurso era: 'Saquemos a los criminales de Estados Unidos', eso no es lo que está sucediendo”, dijo Pouyan Darian, abogado de inmigración de Nueva York. “Lo que está sucediendo es que todos los inmigrantes están siendo sometidos a un escrutinio riguroso”.

El resultado, argumentan los defensores, es un ataque sin precedentes contra inmigrantes de todos los ámbitos de la vida y que viven en Estados Unidos bajo todo tipo de circunstancias.

La administración ha terminado el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas que huyeron de dictaduras y desastres en sus países de origen y fueron bienvenidos legalmente al país.

Algunos de estos inmigrantes, que enfrentan la pérdida de visas de trabajo y una eventual deportación, han vivido en el país durante décadas y tienen cónyuges o hijos ciudadanos.

Antes de que los tribunales emitieran una orden judicial, los funcionarios de Trump revocaron cientos de visas de estudiantes por actividades de protesta no criminales, delitos menores previamente desestimados e incluso multas de tránsito.

Trump emitió una orden ejecutiva que niega la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense de mujeres que se encuentran en el país ilegalmente o legalmente con visa, si el padre no es ciudadano estadounidense ni titular de una green card.

Esta orden está suspendida, por ahora, debido a impugnaciones legales.

La administración también quiere ampliar enormemente su poder para desnaturalizar a quienes se han convertido en ciudadanos estadounidenses y dar al Departamento de Justicia discreción para perseguir casos "como lo considere apropiado".

Para las comunidades inmigrantes de todo el país, el resultado es un clima de miedo donde ni siquiera el cumplimiento legal ofrece garantía de protección.

En un ejemplo, la investigadora de cáncer de la Universidad de Harvard, Kseniia Petrova, ciudadana rusa, fue detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston después de no declarar los embriones de rana que había traído al país para investigación.

Aunque una multa y la confiscación del artículo no declarado es una sanción habitual en estos casos, el gobierno canceló la visa de Petrova y la mantuvo detenida durante cuatro meses.

Desde entonces, ha sido acusada de contrabando y se encuentra en libertad bajo fianza mientras se desarrolla el caso.

En otro caso, Ernesto Manuel Andrés, guatemalteco de 18 años, fue detenido apenas unas semanas después de su graduación de la escuela secundaria durante una redada el 4 de junio en su complejo de apartamentos en Bowling Green, Kentucky.

Según Luma Mufleh, fundadora de la organización educativa sin fines de lucro Fugees Family, Manuel-Andrés se encuentra en Estados Unidos bajo el estatus de “inmigrante juvenil especial”, que se otorga a niños que han sido abusados, descuidados o abandonados.

A partir de 2022, los inmigrantes con ese estatus migratorio estaban protegidos de la deportación hasta que se les otorgara una visa. El 6 de junio, la administración Trump anuló esa protección.

Durante sus 20 días de detención, Manuel Andrés fue trasladado a tres centros de detención diferentes en dos estados. Quedó en libertad bajo fianza el 24 de junio y su caso sigue pendiente.

“Siento que están poniendo a prueba los límites de la ley; están intentando ver a quién puede aprehender”, dijo Mufleh. “Y yo les pregunto: '¿Van tras los niños? ¿Es contra ellos que vamos ahora?'”

También hubo otros casos.

Obligados a “vivir en las sombras”

Wualner Sauceda, un profesor de secundaria en Hialeah, Florida, fue deportado a Honduras después de ser detenido en un control de inmigración regular mientras exploraba una vía legal para permanecer en el país.

Cliona Ward, irlandesa con green card y residente permanente desde hace 30 años en Santa Cruz, California, estuvo detenida durante más de dos semanas por antiguos cargos de posesión de drogas que habían sido anulados. Ya fue liberada.

Estos arrestos se han vuelto menos predecibles y las personas son detenidas en audiencias judiciales o en controles programados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Esto realmente solo obliga a las personas a vivir en las sombras: esa es la consecuencia de estas políticas”, dijo Laila Ayub, abogada de inmigración y cofundadora de Project ANAR , una organización afgana de justicia migratoria.

“Está muy claro que el objetivo es dificultar las cosas, disuadir a la gente de venir aquí y aumentar el miedo en nuestras comunidades”.

'Mi padre merece estar aquí'

En la pequeña ciudad de Wimauma, al sureste de Tampa, la familia Ambrocio se está recuperando de las consecuencias de las políticas de la administración.

Maurilio Amizael Ambrocio, patriarca de la familia, es un pastor cristiano evangélico que desde 2018 dirige la pequeña congregación de la Iglesia de Santidad Vida Nueva, un grupo muy unido por experiencias compartidas de inmigración y cultura.

“Él no sólo es nuestro padre, sino también nuestro pastor, un líder espiritual para nosotros”, dijo su hija, Ashley, una de los cinco hijos de Ambrocio, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20 años y son todos ciudadanos estadounidenses.

Ambrocio y su fe ofrecieron a muchos la pieza que faltaba en sus vidas.

“Él me apoyó y me ayudó a salir adelante”, dijo Jennifer Domínguez, una mexicana de 42 años que asiste a la iglesia de Ambrocio desde hace unos cuatro años. “Hubo una época en la que no quería vivir, y él me ayudó a superarla”.

A los 15 años, Ambrocio dejó todo lo que conocía para escapar de una pandilla que reclutaba jóvenes en su pueblo natal de Cuilco, Guatemala.

Inicialmente entró ilegalmente a Estados Unidos por la frontera entre Arizona y México. Durante su estancia en el país, realizó trabajos esporádicos para sobrevivir.

Fue deportado en 2006, pero regresó a Estados Unidos ese mismo año. Y aunque tenía una orden de expulsión migratoria —emitida tras ser citado por conducir sin licencia—, tenía una suspensión que le permitió permanecer en el país, según su familia.

Durante casi 10 años, Ambrocio asistió regularmente a las citas de ICE sin problema. Todo cambió en abril, cuando lo detuvieron en una de esas citas mientras Ashley, su hermano Derlin y un compañero pastor esperaban afuera.

Un agente de inmigración volvió a llamar a la familia y les dijo que Ambrocio permanecería detenido durante 45 horas, según Ashley. Durante ese tiempo, Ambrocio fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Glades.

“Tenía muchísimo miedo”, dijo Ashley. “No sé cómo es el proceso. Pensé: '¿Y si lo deportan ahí mismo?'”.

Ashley recuerda el cambio en su madre al enterarse de la noticia: "Se veía muy sola. Sus ojos eran diferentes... como si le hubieran quitado algo, y así fue".

Pasaron las semanas, y el 28 de junio, la familia recibió una llamada que les dio esperanza: Ambrocio creyó erróneamente que lo liberarían mientras se procesaba el proceso de inmigración. En cambio, lo trasladaron a un centro de tránsito en Luisiana.

Unos días después, queriendo escapar de una detención prolongada, Ambrocio decidió autodeportarse. El 2 de julio, estaba en un avión de regreso a Guatemala. Ha estado predicando en iglesias cerca de su pueblo natal, Cuilco, y quiere abrir un negocio de tortillas para mantenerse a flote.

Ashley y Derlin fueron a Guatemala a visitar a su padre. Al bajar del avión, corrieron hacia él y se abrazaron, entre lágrimas.

Le trajeron ropa, fotos familiares, un dibujo de uno de sus feligreses y una Biblia, y juntos pasaron tiempo visitando lugares que su padre no había visto desde que era niño.

“Fue tan bonito verlo comportarse como un niño, emocionándose al verlo todo y tomando fotos”, dijo Ashley. “Nos reconforta saber que no está sufriendo (en detención). Está mejor”.

Cuando Ashley cumpla 21 años el próximo julio, dijo, intentará patrocinar el regreso de su padre a Estados Unidos. Mientras tanto, ella, su madre y sus cuatro hermanos se quedan sin él.

La familia pasa los sábados preparándose para los servicios religiosos dominicales; otro pastor reemplaza a Ambrocio en su ausencia. Y día y noche, la madre de Ashley reza para que su esposo regrese a sus brazos.

"Mi padre merece estar aquí", dijo Ashley. "Venir aquí en busca de un futuro mejor no es un delito".

"Este país ya es mío"

Juan Pestana también tenía esperanzas de un futuro mejor cuando llegó a Estados Unidos en 2021. Solicitó asilo, obtuvo un permiso de trabajo y lanzó un negocio de construcción: diseñando y construyendo cercas y pérgolas.

Él y Madison se conocieron dos años después. A las cinco semanas, se comprometieron. Tres meses después de su primera cita, se casaron.

"Nunca lo dudé", dijo Madison sobre su rápido noviazgo. "Ni siquiera solicitamos la tarjeta de residencia por matrimonio hasta mucho después".

Fue entonces cuando se metieron en problemas, dijo.

El otoño pasado, la pareja decidió presentar los trámites para que él btuviera su residencia permanente. Contrataron a la misma persona que había tramitado el asilo del hombre, pagando unos 5,000 dólares. Pero en abril, ella se enteró de que la solicitud había sido denegada por estar mal completada. Volvió a presentar todo por su cuenta. Sin embargo, Juan fue detenido al mes siguiente.

Muchos detenidos, como Juan, estaban en medio del proceso de ajustar su estatus, atrapados en un sistema plagado de estafas y con un atraso judicial de más de 3 millones de casos, con más de 500,000 de ellos en Florida, según muestran las estadísticas .

“Intentamos hacerlo por la vía legal. Intentamos conseguir ayuda para no tener problemas. Lo intentamos”, dijo ella. “La gente necesita saber que esto les puede pasar a sus esposos o esposas. No se trata sólo de delincuentes”.

Un sábado de junio, Madison hizo el viaje de cuatro horas y media al Centro de Transición de Broward para su visita semanal con su esposo. Sentada en el coche, en el estacionamiento del centro de detención, se maquilló rápidamente, incluso mientras su madre, que la acompañaba, le recordaba que a él no le importaría su aspecto.

Los guardias de la entrada informaban a los visitantes sobre el código de vestimenta: no se permitían zapatos abiertos, pantalones cortos ni camisetas sin mangas. Los desconocidos intercambiaban zapatos, incluso si eso significaba usar un par cuatro tallas más grande.

Dentro, los detenidos se sentaban a un lado de largas mesas estilo cafetería, mientras que los visitantes se sentaban al otro, lo que los obligaba a mantener la distancia. Siempre que podían, ambos se estrechaban la mano, se guiñaban el ojo y decían "Te quiero" en voz baja. Cada actualización de vida era seguida por lágrimas que manchaban el maquillaje de la mujer.

Regresó ese mismo día y llegó a la casa de Jacksonville que Juan aún no ha visto. Habían decidido cambiar su apartamento de una habitación y un baño en Miami por una casa de dos pisos para tener más espacio, pero ella siente que se la casa está vacía sin él.

“Estoy atrapada aquí, en esta casa grande y vacía, sola”, dijo, “y siento que no hay salida”.

Ahora, mientras Madison trabaja incansablemente para su residencia de cirugía, su esposo espera una decisión sobre su futuro en el país. Hablan por teléfono cada vez que Madison tiene un descanso.

Su deseo es simple: continuar la vida que estaban construyendo juntos.

“Aquí hice mi vida”, dijo Juan en una entrevista telefónica con News21. “Conocí a mi esposa y quiero quedarme porque tenemos una familia aquí”.

“Este país ya es mío”.

Si no le conceden permiso para permanecer en Estados Unidos, planea autodeportarse a Portugal por temor a ser perseguido en Venezuela. Madison tendría entonces que decidir si seguir al amor de su vida o quedarse para completar la formación a la que ha dedicado años.

Para los Pestana, las consecuencias son personales y debilitantes: la ausencia de una mano que les dé la mano, el silencio en una mesa que antes estaba adornada con flores frescas. Ella incluso duerme con la camisa de su esposo sobre su almohada, rociándola con su colonia para recordarle su presencia.

“Te despiertas por la mañana y, por un momento, no lo recuerdas”, dijo. “Crees que todo está bien, y de repente, te da otra bofetada y recuerdas que toda tu vida está patas arriba.

“Siento como si el mundo estuviera en llamas afuera y lo único que quiero es que mi esposo camine conmigo por él”.

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