Juez ordena al gobierno de Trump cumplir con el restablecimiento de TPS para venezolanos y haitianos

Un juez federal ordenó a la administración Trump cumplir con su fallo anterior que reinstauraba el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, exigiendo además la reapertura del registro de TPS para venezolanos por 24 horas.

La orden se emitió tras la negativa del gobierno a permitir el acceso a un sitio web para renovar las protecciones vigentes, lo que causó una amplia confusión. El juez Edward Chen había dictaminado previamente que las acciones de la administración Trump, que despojaban de ayuda a un millón de venezolanos y haitianos, eran ilegales.

Durante una audiencia de emergencia en San Francisco, el juez rechazó los argumentos del gobierno, que sostenía que la orden no estaba aún en efecto, declarando: "La orden fue efectiva inmediatamente".

El sitio web utilizado por los titulares de TPS había indicado que el TPS para Venezuela estaba "terminado", y el gobierno afirmó en un documento judicial que no tenía obligación de cumplir con el fallo del juez.

La falta de cumplimiento del gobierno con la orden judicial anterior ha provocado caos generalizado no solo para los titulares de TPS, sino también para sus empleadores y el público en general, detalló la ACLU en un comunicado que participa con su asesoría legal en la demanda.

Algunas declaraciones presentadas ante el tribunal revelaron casos de titulares de TPS que perdieron sus trabajos o fueron detenidos y corrían riesgo de deportación, a pesar de su estatus legal protegido.

Viernes 12 de septiembre 5 pm: el deadline para actualizar la web

La ACLU cita el caso de Noelia, una exempleada de Amazon, que relató haber perdido su empleo porque el sitio web del gobierno aún indicaba la terminación del TPS. Los demandantes también señalaron que la opción de registrarse en línea para el TPS de Venezuela fue eliminada casi todo el día anterior, que era el plazo crítico final, lo que generó pánico entre los afectados.

El abogado del gobierno atribuyó esto a un "error de codificación".

En respuesta a la situación, el juez Chen ordenó a la administración Trump actualizar el sitio web del USCIS antes del viernes a las 5 pm para reflejar la orden que restaura el TPS para Venezuela y Haití. Además, el juez exigió que el gobierno reabriera el registro de TPS para venezolanos por un período de 24 horas.

Textualmente, la orden del juez dice:

"Los demandantes solicitan al Tribunal que otorgue una reparación con respecto a (1) un sitio web gubernamental administrado por USCIS, del cual dependen, por ejemplo, los gobiernos estatales y locales, y los empleadores, y (2) un portal de registro en línea del gobierno utilizado por extranjeros para registrarse como beneficiarios del TPS. El Tribunal concede la solicitud de reparación de los demandantes. El gobierno deberá modificar el sitio web para que refleje con precisión que la prórroga de Mayorkas sigue vigente. La modificación deberá publicarse en el sitio web a más tardar a las 5:00 pm. Si un tribunal superior dictamina lo contrario, dicha decisión prevalecerá sobre esta orden.

En cuanto al portal de registro en línea, los demandantes han proporcionado evidencia de que hay venezolanos que intentaron registrarse a través del portal el 10 de septiembre de 2025, el último día de registro bajo la extensión de Mayorkas, pero que el portal no les permitió hacerlo. El gobierno declaró que hubo un problema técnico con el portal durante aproximadamente 12 horas... Dado que el gobierno admite que los extranjeros no pudieron registrarse por causas ajenas a su voluntad... el Tribunal considera procedente la reparación solicitada por los demandantes. El gobierno deberá reabrir el plazo de registro para los venezolanos durante al menos veinticuatro (24) horas y, además, deberá notificar a los abogados de los demandantes con al menos cuatro (4) horas de antelación. Deberá hacerlo dentro de los dos días hábiles siguientes. Se considerará que los venezolanos que se registren durante este período se registraron dentro del plazo establecido por la prórroga de Mayorkas".

"Preocupación"

Representantes de los demandantes expresaron su satisfacción y preocupación. Jose Palma, coordinador de la National TPS Alliance, la organización demandante del caso, declaró que la corte dejó claro "que la ley debe ser respetada".

Mientras el gobierno de Trump avanza con sus políticas migratorias duras, muchos activistas y expertos legales temen que el gobierno incumpla con las órdenes de los jueces. Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organizing Network, calificó la afirmación del gobierno de no tener que cumplir la orden judicial como "cuando menos, preocupante". Desde la ACLU del Norte de California también enfatizaron en que "las órdenes judiciales no son opcionales".

La situación puso en un limbo a miles de inmigrantes muchos de los cuales no tienen opciones fuera de EEUU. Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus, añadió que los venezolanos no tienen un país seguro al cual regresar y dependen de su estatus TPS para obtener refugio en Estados Unidos.

El caso National TPS Alliance v. Noem

La demanda fue presentada el 9 de julio de 2025 para impugnar los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar el programa de TPS que ofrece protección humanitaria a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen.

Las terminaciones ilegales del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua, llevadas a cabo por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, buscan despojar de su estatus a más de 60,000 titulares de TPS, la mayoría de los cuales han vivido en Estados Unidos con estatus legal durante más de 25 años, indica la National TPS Alliance .

Esta acción resultaría en la pérdida devastadora de la autorización de trabajo y la protección contra la deportación y detención, causando un daño irreparable a los titulares de TPS, sus familias, comunidades y economías locales.

La demanda argumenta que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, predeterminó la terminación del TPS para estos tres países y buscó una justificación posterior para respaldar esa decisión. El litigio sostiene que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no seguir las reglas necesarias para revisar las designaciones de TPS.

Además, la demanda impugna estas terminaciones como motivadas por animosidad racial, lo cual, incluso si solo fuera una parte de la motivación, constituiría una clara violación de la garantía de igualdad de protección de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.